Los cuatro obispos que incurrieron en excomunión latae sententiae tras recibir la consagración en Ecône (Suiza)
La Fraternidad de San Pío X se atrinchera en el Derecho Canónico y presenta un recurso para bloquear el decreto del Vaticano
La institución fundada por Marcel Lefebvre se acoge al Derecho Canónico para solicitar la rectificación del acto administrativo publicado el pasado 2 de julio
Nueva vuelta de tuerca en las tensas relaciones entre el Vaticano y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX). Según ha informado la propia institución a través de un comunicado de su Casa General, el pasado 11 de julio se presentó un recurso preliminar ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe contra el decreto publicado por este mismo organismo el 2 de julio, por el que se declaraba la excomunión latae sententiae para Alfonso de Galarreta, el obispo español que presidió las consagraciones episcopales en Suiza el pasado 1 de julio, y otros cinco prelados tras un «acto de naturaleza cismática».
La medida se ampara en los cánones 1734 y siguientes del Código de Derecho Canónico. Según afirman en su comunicado, este trámite, «que constituye el requisito previo necesario para la posible interposición de un recurso jerárquico, tiene como efecto suspender la ejecución del decreto, de conformidad con el canon 1353 del Código de Derecho Canónico».
Los cánones: 1734 y 1353
La estrategia de la FSSPX se apoya en una normativa eclesiástica para forzar un parón administrativo. Según los documentos presentados, la Fraternidad se ampara en los siguientes puntos clave:
Canon 1734 (Petición de revocación): Este canon establece que, antes de interponer un recurso jerárquico formal, el interesado debe solicitar por escrito al autor del decreto (en este caso, el Dicasterio) su «revocación o enmienda». La Fraternidad ha hecho uso de este paso obligatorio dentro del plazo de diez días que marca la ley para intentar que el propio Vaticano se retracte de su decisión.
Canon 1353 y 1736 (Efecto suspensivo): La clave de la maniobra reside aquí. Al solicitar la revocación bajo el canon 1734, la Fraternidad sostiene que se produce una suspensión automática de la ejecución del decreto. Según el canon 1736, en las materias donde cabe el recurso, la mera petición inicial produce el efecto de 'congelar' las medidas impuestas hasta que haya una resolución.
Al declararse «perjudicada» por el acto del Vaticano, la FSSPX recurre a las garantías que el Derecho Canónico reconoce a los fieles para proteger, paradójicamente, una posición cuyos riesgos canónicos conocía y asumió, pero cuyas consecuencias pretende ahora dejar en suspenso mediante un recurso administrativo.
Aunque la Fraternidad afirma solicitar la rectificación del decreto con un espíritu «de respeto hacia la autoridad eclesiástica y de fiel adhesión a la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia», apela precisamente a los mecanismos jurídicos de una autoridad cuya actuación ha cuestionado de forma reiterada en los últimos años.
Este recurso preliminar es el paso previo obligatorio antes de que la Fraternidad pueda introducir un recurso jerárquico formal. En su comunicado, la Casa General ha puesto el devenir de esta reclamación en manos de las autoridades y ha pedido expresamente a sus fieles que acompañen este proceso con sus oraciones.
