
Manifestación de funcionarios contra los recortes que han sufrido en su prestación sanitaria
CSIF aplaza 'in extremis' la huelga de funcionarios del jueves hasta que se resuelva la licitación de Muface
El sindicato permanecerá «vigilante» hasta que concluya la prórroga de tres meses y mientras se resuelve la denuncia presentada ante la Fiscalía por la denegación de asistencia a cientos de mutualistas
El sindicato CSIF ha decidido aplazar la huelga convocada para este jueves, que afectaría a más de medio millón de funcionarios, hasta que se resuelva la licitación del convenio de asistencia sanitaria de Muface. No obstante, mantiene las concentraciones programadas en diversas ciudades.
Esta decisión ha sido adoptada por «responsabilidad» y «para evitar perjuicios a los ciudadanos», según CSIF, que destaca los «avances obtenidos» y el «acercamiento de posturas entre el Gobierno y las aseguradoras».
Tras una primera licitación fallida y una segunda prorrogada con una mejora económica, el 4 de marzo finaliza el plazo para que las aseguradoras privadas presenten sus ofertas para cubrir la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, incluyendo funcionarios y familiares.
El 28 de enero, el Consejo de Ministros aprobó modificar las condiciones de la segunda licitación, añadiendo 330 millones de euros hasta alcanzar un total de 4.808,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 41,2 % en la prima por asegurado.Este aumento ha llevado a Asisa y Adeslas a considerar viable su participación en el concurso para la asistencia sanitaria de Muface hasta 2027. Actualmente, Adeslas, Asisa y DKV prestan el servicio, prorrogado hasta el 30 de abril tras la caducidad del convenio 2022-2024 el 31 de enero.
CSIF ha valorado positivamente la mejora en la oferta económica y ha indicado que las aseguradoras han manifestado su intención de evaluar las nuevas condiciones.
Aunque la huelga ha sido aplazada, CSIF permanecerá «vigilante» hasta que concluya la prórroga de tres meses y mientras se resuelve la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por la denegación de asistencia a cientos de mutualistas en los últimos meses.
El sindicato también ha criticado la falta de transparencia durante este proceso, señalando la negativa a facilitar el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia del sistema de mutualidades y la ausencia de datos sobre la rentabilidad del concierto sanitario calculada por las aseguradoras.