Estatuto Marco, Ley del Medicamento y políticas antitabaco marcarán la agenda sanitaria en 2026

El Ministerio de Sanidad inicia el nuevo año con múltiples retos sobre la mesa. El más inmediato es el conflicto con los sindicatos médicos, que han convocado protestas contra el borrador del nuevo Estatuto Marco que la ministra Mónica García pretende sacar adelante. A este desafío se suman otras reformas pendientes, como la ley del medicamento o la modificación de la normativa antitabaco, todas ellas dependientes de lograr apoyos parlamentarios en un contexto político marcado por la incertidumbre y la tensión.

Después de que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) rechazaran el último borrador del Estatuto Marco -respaldado, no obstante, por otras organizaciones sindicales-, 2026 comenzará con nuevas convocatorias de huelga y movilizaciones del colectivo médico, según han anunciado estas entidades.

Sanidad lleva tres años negociando la actualización del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no se ha reformado desde 2003. La ministra ha reiterado en varias ocasiones su intención de aprobar el texto en el Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

«Necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados», afirmaba García a finales de julio, subrayando su voluntad de que el proceso se complete dentro de la actual legislatura.

No obstante, incluso si el Ministerio logra un acuerdo con los sindicatos, deberá superar el escollo parlamentario, un desafío relevante dada la fragmentación de la Cámara y los antecedentes recientes. En 2025, la Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la única iniciativa legislativa impulsada por Sanidad en ese año, fue rechazada en su primera votación en el Congreso.

Medicamentos, tabaco y pacientes

En este escenario complejo, Sanidad también deberá avanzar en otros proyectos estratégicos, como la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en abril del año pasado.

Ese texto contemplaba, entre otras medidas, habilitar a enfermeras y fisioterapeutas para prescribir medicamentos dentro de su ámbito competencial, permitir a los farmacéuticos sustituir fármacos en casos de desabastecimiento y reformar el sistema de precios de referencia para incentivar la competencia.

Sin embargo, durante el trámite de audiencia pública el anteproyecto recibió cerca de 400 alegaciones, lo que llevó al Ministerio a anunciar modificaciones para corregir los aspectos más controvertidos. A esta norma se suman otros desarrollos pendientes, como el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Asimismo, el Ministerio deberá transformar en leyes efectivas otros compromisos ya anunciados. Entre ellos destaca la reforma de la ley antitabaco, que pretende ampliar los espacios libres de humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, así como el Proyecto de Ley para prevenir el consumo de alcohol y sus efectos en menores de edad.

«Esperamos que los grupos parlamentarios sitúen la salud de la ciudadanía en el centro, atiendan a la evidencia científica y sean tan ambiciosos como lo somos desde el Ministerio de Sanidad», señalaba García el pasado mes de julio en relación con la reforma antitabaco.

Otra iniciativa relevante será la Ley de Organizaciones de Pacientes, que, según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, marcará la segunda mitad de la legislatura. Esta norma establecerá un marco jurídico específico para las asociaciones de pacientes y reforzará su participación en las políticas públicas que les afectan.

Durante el nuevo año también se inaugurará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo destinado a fortalecer la capacidad del país para mejorar la salud poblacional, reducir las desigualdades y proteger a la ciudadanía frente a amenazas sanitarias, como quedó patente durante la pandemia de covid-19. El objetivo es que la agencia esté plenamente operativa en el primer semestre de 2026.

Privatización y universalidad

A finales de 2025, Mónica García fijó como prioridad para el inicio del nuevo año la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, con la que se derogará la Ley 15/1997 y se limitará la colaboración público-privada en el sistema sanitario. Paralelamente, recordó que su departamento trabaja en un real decreto destinado a reducir las listas de espera, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

También sigue pendiente culminar la tramitación de la Ley de Universalidad del SNS, enviada al Congreso en mayo de 2024. Esta reforma busca restablecer el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para los españoles residentes en el extranjero, los extranjeros que llegan por reagrupación familiar y cualquier persona que viva en España, con independencia de su situación administrativa, mediante la modificación de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS.

De forma paralela, la ministra continuará la coordinación con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Aunque desde su llegada al cargo se han alcanzado más de 70 acuerdos, este foro también ha sido escenario de tensiones con los gobiernos autonómicos del Partido Popular.

Estas fricciones seguirán marcando la agenda sanitaria en 2026, especialmente por los desacuerdos con la Comunidad de Madrid en asuntos como la creación del registro de objetores de conciencia y la recopilación de datos sobre los programas de cribado de cáncer.