El «antigitanismo» como acoso del Gobierno a la RAE que ya no viene solo del Cervantes de García Montero

El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a pedir a la Real Academia Española que incorpore el término «antigitanismo» en el Diccionario de la lengua española (DLE).

Y todo pese a que el mismo Gobierno ha defendido expresamente en respuesta parlamentaria que las Reales Academias y el Instituto de España son entidades privadas «sui generis» que gozan de una «total» autonomía funcional respecto de la Administración General del Estado, que carece de la capacidad para dictarle cualquier tipo de instrucción científica o gubernativa.

Los requisitos de la RAE para la aceptación de nuevos términos se corresponden con un proceso riguroso, bajo ningún concepto de presión de otros entes, si cabe aún menos del Gobierno.

Con el Ejecutivo la Academia, institución privada con personalidad jurídica propia, mantiene una relación de colaboración estrecha, incluido el recibir financiación del Estado, como institución de interés publico y representativa de la esencia y el carácter del pueblo español.

Un beneficio no para una parte o para la entidad, sino para España. De este modo el Gobierno es responsable en parte de su mantenimiento, pero sin interferir ni intervenir en sus decisiones ni en su funcionamiento, pues su gobierno depende exclusivamente de su Junta y de los académicos.

Una autonomía de la Academia respaldada por su marco jurídico. El Real Decreto 1109/1993 es el que reconoce a la Real Academia Española como una institución con personalidad jurídica propia, y le otorga la capacidad de decidir por sí misma en todos los asuntos lingüísticos, literarios, de gobierno interno y económicos que le corresponden.

Por eso sorprende (aunque ya a estas alturas sorprenden pocas cosas) el cinismo del PSOE (es decir, del Gobierno) al instar al Gobierno a pedir que incluya un término en el Diccionario. Una palabra, además con notables connotaciones ideológicas, como principal característica.

El Gobierne se inmiscuye, pues, en el desempeño de la RAE, presionando para que se acepte un vocablo que, de nuevo además, no cumple con las condiciones para que sea aceptado, siempre teniendo en cuenta que la propuestas de inclusión de términos vienen del mismo seno de la Academia y no de proposiciones ajenas, y menos aún políticas.

Que la RAE está en el objetivo del Gobierno de Sánchez no admite dudas después de los variados, furibundos, irracionales y falsarios ataques del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (nombrado por Sánchez). Otro aspecto es la consigna sanchista de la colonización de todas las instituciones y empresas del Estado.

Las repentinas e inesperadas críticas ideológicas de García Montero al director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, acusándole de capitalismo y de ser un hombre de negocios y no de letras, responden a la fijación sectaria de quien no tiene otra cosa que precisamente su sectarismo para calumniar o difamar en este caso a la institución que se pretende someter o conquistar.

Ya no es solo el «virrey» García Montero quien conspira contra la RAE, sino el mismo Gobierno desde el Congreso, en el intento de imponer la aceptación (una presión inaceptable) de una palabra dogmática que ni siquiera goza de las características que solo la RAE ha de tener en cuenta desde su propia iniciativa.

En primer lugar, la Academia recibe sugerencias de hablantes y académicos, no del Gobierno, y a través del formulario de propuestas Unidrae, no de proposiciones de ley políticas. Solo así el Banco de Datos del español analiza la presencia constante del término en textos.

También se estudia si el uso de la palabra es espontáneo y generalizado (no es, desde luego, «antigitanismo» una palabra de uso espontáneo y generalizado) y no se corresponde con ninguna moda efímera. Luego hay comisiones y plenos de la Academia y las aprobaciones preliminares se envían a las Academias americanas para que indiquen sus opiniones.

Es el uso común del español, ayudado por la tecnología y certificado por el consenso académico lo que decide la inclusión de un término en el Diccionario, lo que choca frontalmente con la proposición de ley con la que el PSOE insta al Gobierno a pedir la incorporación de «antigitanismo» en el Diccionario, la nueva forma de acoso del Ejecutivo obsesionado con influir y controlar la Academia española al mismo tiempo que reconoce, en el culmen de la desvergüenza, su total autonomía.