Illa ya no se esconde y hace suyo el argumentario de ERC: le exige a Urtasun la gestión del bono cultural

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiere hacerse con la gestión del bono cultural. El político del PSC asume así las tesis de la izquierda separatista catalana e intenta arrebatarle el bono cultural al Estado por entender que estas ayudas de 400 euros a los jóvenes que acaban de cumplir 18 años son «competencia exclusiva de la Generalitat».

Así figura en la memoria de impacto normativo del nuevo decreto que establece las normas del bono cultural de este año que se aprobará, previsiblemente el próximo martes en Consejo de Ministros. «La Generalitat de Catalunya ha formulado observaciones en las que cuestiona la competencia del Estado para la gestión centralizada de estas ayudas, entendiendo que es competencia exclusiva de la Generalitat», señala la memoria a la que ha accedido El Debate.

La respuesta del Gobierno, en cualquier caso, fue tajante: «Esta observación ha sido rechazada. El real decreto se incardina en la materia de 'cultura' que tiene carácter de 'competencia concurrente', que comprende, como ha declarado el Tribunal Constitucional, el ejercicio de potestades tanto normativas como de gestión por parte del Estado».

Además, defienden que «las ayudas contempladas en la norma proyectada demandan una regulación y actuación unitaria de todos sus aspectos, justificándose la gestión centralizada de las mismas por el especial carácter de las medidas que se contemplan y la finalidad que persigue, tal y como hasta ahora se viene produciendo».

Deber constitucional e igualdad de oportunidades

Para defender la postura recurren a jurisprudencia del Tribunal Constitucional: «En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión de las ayudas en los casos en que resulte imprescindible para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional».

Y continúa: «En este caso, las finalidades del programa contempladas en el artículo 2 del real decreto demandan una gestión centralizada de estas ayudas, que garantice iguales oportunidades de obtención para todos los jóvenes de 18 años, con independencia de lugar de residencia dentro del territorio nacional, y del conjunto de entidades que integran el sector cultural en España sin discriminación alguna. De esta manera, el Estado pretende dar cumplimiento de sus deberes constitucionales establecidos en los artículos 44, 48 y 149.2 de la Constitución, así como coadyuvar a la recuperación económica y laboral de los sectores culturales en igualdad de oportunidades».

Eso sí, Urtasun aclara que no tiene ninguna intención de menoscabar las actividades que pueda impulsar la Generalitat: «Las ayudas contempladas en este real decreto no desplazan ni pretenden anular la actividad de fomento que, en su caso, impulsen las comunidades autónomas, en la medida en que el artículo 12 del real decreto contempla la compatibilidad de esta ayuda con otras procedentes de otras administraciones públicas», concluye la memoria del texto normativo.

El argumento de Illa es exactamente el mismo que el de ERC: cuestiona la competencia del Estado en la gestión del bono. «El Gobierno decidió llevar a cabo esta política pese a que la cultura es una competencia esencialmente transferida a las comunidades autónomas. En Catalunya, según el artículo 127 del Estatut de Autonomía de Catalunya, en el País Valencià, según el artículo 49 de su Estatut, y en las Illes Balears i Pitiüses según el artículo 30 del suyo, establecen que el fomento de la cultura es una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana y del Govern de les Illes Balears», señala la Proposición No de Ley de los de Junqueras en el Congreso en el año 2023.

Un Estado «incapaz»

Pero los de Junqueras van más allá y señalan, además, que el Estado ha sido «incapaz» de gestionarlo correctamente. «La realidad se ha impuesto y ha demostrado la incapacidad del Estado para realizar políticas eficientes que beneficien realmente a la ciudadanía, ya que el propio Gobierno calculaba un universo de 488.794 jóvenes potenciales beneficiarios de esta política, pero según datos del propio Ministerio de Cultura y Deporte únicamente el 57% de los jóvenes de todo el Estado con derecho a percibirlo solicitaron dicho bono. Esta media estatal es aún peor si nos fijamos en los Països Catalans, donde solo lo solicitaron menos de la mitad de los jóvenes con derecho. Especialmente preocupante es el caso de les Illes Balears i Pitiüses donde no llega ni a que 4 de cada 10 jóvenes lo solicitaran».

Los toros como argumento para gestionar el bono

También han cuestionado que se incluyeran a los toros tras el fallo del Tribunal Supremo que anulaba la exclusión de las corridas de toros del Bono: «Se han evidenciado las incongruencias del Estado de considerar cultura a la tortura animal que representa la tauromaquia. Este argumento es el que usan para recurrir al principio de subsidiariedad. «Ante toda esta situación, se abren oportunidades para transformar esta política, que conceptualmente es positiva, en una política realmente útil al servicio de la ciudadanía. Esta oportunidad se basa en cumplir con el principio de subsidiariedad, entendiendo que es desde la Administración Pública más cercana a la ciudadanía la manera que mejor se puede gestionar y ejecutar cualquier política pública. (...) En el caso de la tauromaquia es claramente ejemplificador ya que, por ejemplo, Catalunya dispone de una avanzada legislación, realidad y mayoría social a favor de los derechos de los animales con la prohibición de las corridas de toros como principal hito conseguido ya en 2010. Por tanto, se da la situación que para cumplir con la voluntad de exclusión de las corridas de toros para beneficiarse del Bono Cultural Joven es imprescindible el traspaso de la gestión de dicho Bono Cultural a las comunidades autónomas».

Novedades

Este año se incorporan novedades, según el texto al que ha tenido acceso este periódico como son cursos presenciales, instrumentos musicales, cámaras fotográficas y programas profesionales de creación artística. También, se incluye este año «la adquisición de material artístico» y «la asistencia a cursos en modalidad en línea en materias relacionadas con la cultura».