La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
Bruselas pincha la propuesta de Sánchez y Teresa Ribera para reformar el mercado eléctrico
La posición de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, que en principio debería evitar que se incrementaran los precios, está muy alejada de la posición española
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado muy contenta con el inicio de acuerdo para la reforma del mercado eléctrico en Europa que hoy se negocia entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo de Europa, pero un análisis más profundo muestra que no es para tirar cohetes, entre otras cosas, por su limitado efecto para los ciudadanos en el corto plazo.
La reforma, en realidad, no incluye nada nuevo. Hay términos distintos, pero pocas diferencias respecto a cómo funcionaba el mercado. Ribera confiaba en que surgiera una revolución en favor de las renovables, pero se confirma una vez más que quienes mandan son Francia y Alemania, y esta vez son los primeros los que van a llevar la voz cantante.
El suministro de electricidad en Europa seguirá llegando de las centrales nucleares francesas cuando haya problemas. Eso no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana.
La ministra, no obstante, puede apuntarse el tanto de haber impulsado una reforma del mercado eléctrico europeo que nadie se planteaba hace dos años. La invasión de Ucrania y sus consecuencias sobre el precio del gas ruso facilitaron que los países de la Unión Europea aceptaran que se empezara a pensar en la reforma de un mercado eléctrico que lleva más de treinta años en marcha y cuenta con múltiples fallos en su mercado que hace que se disparen los precios.
Alemania y Francia distorsionan el debate
La excepción ibérica fue la medida de urgencia que la Comisión Europea permitió utilizar a España y Portugal para contener los precios del gas, y ahora se trata de ver cómo se puede seguir avanzando. En opinión de Gonzalo Escribano, experto del Real Instituto Elcano, esta primera reforma del mercado eléctrico «ha estado distorsionada por la batalla entre Alemania y Francia y por el papel de la energía nuclear».
La gran novedad de la reforma han sido los contratos por diferencia (CFD), que se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, que habitualmente será el Estado. Fijan un precio y su objetivo es frenar la volatilidad. Exigirán que el vendedor pague al comprador la subida en el precio de la energía que se produzca tras la firma del contrato, y viceversa. Por un lado supone un límite para el generador, que obtiene unos ingresos estables por la electricidad que produce, pero por otro puede traer una subvención a empresas públicas, por ejemplo en Francia.
Los Veintisiete decidieron que estos contratos serían el modelo obligatorio para contratos de financiación pública a largo plazo y se aplicarán a inversiones de nuevas instalaciones de generación de energía basadas en eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear. Estiman que dan previsibilidad y certidumbre.
Las CFD como esquema de apoyo directo irán dirigidos a inversiones nuevas en centrales nuevas y a plantas existentes supervisadas por la Comisión, una medida que favorece a Francia. Alemania no quiere que las centrales nucleares francesas puedan vender de este modo por debajo de un precio razonable y le quiten mercado. Por otra parte los germanos no quieren renunciar a subsidiar la energía de sus ciudadanos, algo que les ha supuesto el 7 % del PIB y que pueden distorsionar el mercado, al ser ayudas de Estado. También las subvenciones a las empresas energéticas públicas francesas pueden distorsionarlo. Como se ve, todavía quedan detalles por definir y hay una gran batalla entre las dos grandes potencias europeas.
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Qué pasará con la factura
La reforma, que aún tiene que negociarse en el Parlamento Europeo, promete dar estabilidad a largo plazo a los mercados eléctricos en la Unión Europea, y en principio evitará picos inesperados en las facturas de los consumidores.
Sin embargo, no hay más que ver qué ha pasado en tiempos recientes para comprobar lo difícil que va a ser lograrlo: el precio de la energía estaba a 40 euros por megavatio/hora antes de la crisis, y ahora estamos por encima de los 100 euros por megavatio/hora. De momento se ven precios muy variopintos en el mercado libre, y muchas facturas siguen siendo muy difíciles de pagar.
Las centrales térmicas de combustibles fósiles seguirán siendo abonadas con los impuestos o la factura de la luz. La seguridad de suministro se pagará.
A ello hay que añadir que lo previsto es que el 1 de enero se recupere la fiscalidad de la luz, de modo que las facturas pueden encarecerse un 20 %, según los expertos. Para esta fecha ya se ha anunciado el final de la tarifa del gas para las comunidades de vecinos, algo que puede subir el precio de su factura hasta un 100 %.
Nueva terminología pero con los mismos instrumentos
En la reforma se habla de proporcionar al mercado nacional más energía a plazos, algo que ya se podía hacer sin necesidad de transformar el mercado.
También se citan los mecanismos de capacidad, algo que para nada es una novedad. De hecho se han utilizado para dar más vida al carbón. Las centrales térmicas de carbón de Alemania y Polonia, entre otros países, podrán percibir pagos por capacidad hasta el año 2028. Los ciclos combinados podrán seguir recibiéndolos de por vida mientras no contaminen más de 550 gramos de CO2 por kilovatio generado.
La reforma iniciada en el mercado eléctrico es mucho menos ambiciosa de lo que al Gobierno español le hubiera gustado, y ahora hay que ver por dónde quieren ir quienes mandan en Europa, que son Alemania y Francia.
En principio, los mayores incentivos a la inversión, la mayor presencia de renovables y nuclear, y por consiguiente el menor peso del gas, debería abaratar la factura a medio-largo plazo, pero aún queda mucho por hacer en la reforma. El economista Daniel Lacalle recalca que en España permanece el mercado marginalista, principal problema del sistema; que la excepción ibérica, que contiene la subida de precios, solo se mantendrá hasta 2024, y que la posición del Consejo, la Comisión y el Parlamento está muy alejada de la propuesta española inicial.
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