La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera
El Gobierno sube el tono contra Repsol en plena ola récord de inversiones ‘verdes’ de la energética
El encuentro de Josu Jon Imaz con Sánchez en Davos no sirvió de punto de inflexión en sus relaciones
Sigue la tensión entre el Gobierno y Repsol. El encuentro del CEO de la energética, Josu Jon Imaz, con Pedro Sánchez, este miércoles en Davos, no sirvió de punto de inflexión para recomponer los puentes rotos a raíz del impuesto a las energéticas. Tan solo un día después la vicepresidenta Teresa Ribera vertía un duro ataque contra Imaz, que quedó en segundo plano por el inmediato señalamiento de Ribera al juez Manuel García-Castellón por investigar a Carles Puigdemont.
La también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico acusó a Imaz de «negacionismo y retardismo». Lo hizo a raíz del discurso de Imaz en el Foro Económico Mundial, en el que el directivo advertía de que en Europa la descarbonización se está abordando «desde una aproximación ideológica».
En concreto, llamó la atención sobre la vinculación que se hace de la descarbonización con la electrificación. «Tenemos que descarbonizar el mundo, es verdad, pero descarbonizar no significa electrificar. Eso no es verdad. La electrificación es una parte importante, y nosotros también somos parte de este proceso de electrificación», apuntó Imaz.
Un 82 % más de inversión
Pese a los anuncios de que se llevará inversiones fuera de España, «a Portugal o Francia» si no hay «estabilidad jurídica y fiscal» en nuestro país, Repsol registró un volumen récord de inversión en los nueve primeros meses de 2023 en España. Entre enero y septiembre invirtió más de 4.600 millones de euros, un 82 % más que en 2022, fundamentalmente en proyectos bajos en carbono. A modo de comparativa, en el mismo período la inversión extranjera productiva se desplomó en España un 23 %, hasta los 18.303 millones de euros.
Entre otros, la compañía ha puesto en marcha un electrolizador para generar hidrógeno renovable en Músquiz, que ha costado once millones de euros. También ultima la apertura de la primera planta de combustibles renovables de la Península Ibérica en Cartagena, tras un desembolso de 250 millones, y ha iniciado la comercialización de gasolina y diésel 100 % renovable en España y Portugal. También ha anunciado la construcción de una cartera de 2.500 millones en renovables, un mercado en el que cuenta con el apoyo de Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
El de esta semana es el enésimo capítulo en el historial de choques del Gobierno con las grandes empresas españolas, especialmente con bancos y energéticas, las más afectadas por la prórroga de los impuestos temporales a bancos y energéticas pactados con Sumar.
Otras compañías como BBVA, Santander, Bankinter o Endesa han cargado contra unos tributos que califican de «discriminatorios», avisando de la inseguridad jurídica que generan. «¿Quién va a invertir en un entorno en el que las normas no paran de cambiar?», se preguntaba por ejemplo el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.
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