Detalle del logotipo de la fachada de la sede de Telefónica.
El Gobierno confirma que pedirá un asiento en Telefónica y compromete un crédito de 2.000 millones para la SEPI
La IGAE arroja un recorte análogo a las aportaciones patrimoniales a comunidades autónomas y entidades locales en su informe de febrero
El Gobierno tiene previsto pedir un asiento en el consejo de administración de Telefónica. Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras darse a conocer la semana pasada que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya posee el 3 % del capital social de la operadora tras recibir una inyección de 500 millones por parte de Hacienda.
Cuerpo ha evitado precisar quién será la persona elegida por para dicho cargo, o la fórmula a la que recurrirá la SEPI para solicitar el puesto, dado que ya está fuera de plazo para solicitarlo en la junta de accionistas del próximo 12 de abril. Según Ep el Ejecutivo cuenta con un 2 % adicional del capital social de Telefónica a través de derivados financieros, lo que elevaría su porcentaje total al 5 %, similar al de accionistas como CaixaBank (antes de vender parte en beneficio de Criteria) o BBVA, con un consejero cada uno.
«No me corresponde a mí», ha señalado Cuerpo en una entrevista en La Sexta, preguntado por el nombre del consejero o consejera que elegirá la SEPI. Cabe recordar que a mediados de marzo, el Consejo de Ministros autorizó al personal directivo de la SEPI para poder ejercer la presidencia y participar en más de dos consejos de administración.
Crédito de 2.000 millones
El informe de ejecución presupuestaria de febrero refleja un crédito definitivo de 2.000 millones de euros por parte de la Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública en forma de aportación patrimonial para la SEPI, como adelantó The Objective.
El mandato del Consejo de Ministros es que el holding público se haga con hasta el 10 % del capital social de la compañía, como respuesta a un desembarco análogo de la compañía saudí STC. Dicha operación se valoró, cuando fue anunciada en diciembre, en unos 2.100 millones, aunque la revalorización de la acción desde entonces encarecería alcanzar tal porcentaje, que en cualquier caso es un máximo.
Estos 2.000 millones son una obligación reconocida neta, que declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, previo al pago correspondiente, como aclara el economista Santiago Sánchez.
En un mensaje en la red social X, Sánchez subraya que dicha aportación patrimonial se corresponde con una reducción similar entre los créditos previstos para las aportaciones patrimoniales a comunidades autónomas y entidades locales. Según los PGE de 2023 —prorrogados automáticamente el 1 de enero—, los créditos iniciales para ambas partidas ascendían a 15.000 millones y 1.000 millones, respectivamente, pero los definitivos se han reducido hasta los 13.500 millones y 500 millones.
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