Hacienda ha montado una trampa fiscal a los extranjeros que ella misma atrajo

Hoy me voy a salir de mi carril, porque he tenido la oportunidad de conocer a Robert Ámsterdam, socio fundador de un bufete de abogados internacional que está preparando una demanda judicial contra la Agencia Tributaria por abusos fiscales, a los que yo prefiero llamar «acoso fiscal».

La Agencia Tributaria ha convertido la Ley Beckham en una emboscada para expatriados que vinieron a trabajar y ahora se enfrentan a multas millonarias, amenazas penales y auditorías retroactivas

España necesita talento, inversión y credibilidad. Pero lo que está haciendo la Agencia Tributaria con miles de profesionales extranjeros que vinieron al país de buena fe es justamente lo contrario. Se les atrajo con un régimen fiscal favorable, se les otorgó un certificado oficial… y ahora, años después, se les acusa de haber incumplido unas condiciones que ni la propia Hacienda discute que se cumplieron en su momento.

Esto no es una anécdota: es un plan orquestado. Así lo denuncia el reciente informe «Hacienda contra el pueblo», elaborado por Robert Ámsterdam y Christopher Wales, en el que se describe cómo la Agencia Tributaria ha convertido el llamado régimen de impatriados —más conocido como Ley Beckham— en un mecanismo para exprimir dinero mediante inspecciones hostiles, amenazas y multas diseñadas para sembrar el miedo.

125 millones en incentivos para recaudar más

¿La razón detrás de esta ofensiva? Muy sencilla: dinero. En abril, la dirección de la AEAT aprobó un plan de incentivos por valor de 125 millones de euros para su personal, a repartir en función de lo que consigan recaudar en IRPF e IVA antes de final de año. Cuanto más cobren a los contribuyentes, más cobrarán ellos. En otras palabras, se ha institucionalizado la caza al contribuyente como modelo de gestión pública.

Y no es nuevo. Según el informe, en los últimos diez años Hacienda ha repartido más de 2.100 millones de euros en bonus a sus inspectores. Eso significa que el incentivo no es aplicar la ley, sino recaudar a toda costa. Con un modelo así, lo raro sería que no buscaran culpables donde no los hay.

Una ley convertida en trampa

La Ley Beckham se diseñó para atraer a profesionales de alto nivel, simplificándoles la vida fiscal. Solo tributarían en España por su salario y patrimonio en el país, no por sus activos globales. Así fue durante años, hasta que, de forma inesperada, la Agencia Tributaria empezó a revisar expedientes antiguos y a negar la validez de los certificados que ella misma había emitido.

Inspecciones años después de que el contribuyente hubiera salido de España. Investigaciones a colegios donde estudiaron sus hijos. Amenazas de procesos penales si no aceptan pagar cantidades desorbitadas. Sanciones del 125 %. ¿Quién va a querer instalarse en España bajo estas condiciones?

Y luego nos preguntamos por qué la inversión extranjera no llega, o por qué tantos profesionales deciden marcharse a Portugal, Irlanda o los Países Bajos. El Gobierno dice que quiere atraer talento, pero su agencia tributaria lo expulsa con saña y sin escrúpulos.

Nos dicen desde la Administración Pública que, si España quiere mantener la actual proporción entre trabajadores y pensionistas, hará falta atraer a millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Pero con este clima de inseguridad jurídica y agresividad fiscal, no vendrá nadie. Y los que están, se irán.

O sólo recibiremos la inmigración ilegal, que hay que mantener y que durante muchos años aporta, muy poco o nada a nuestro sistema económico, en lugar de atraer talento, altos ejecutivos, expertos y todo tipo de profesionales que, no sólo aporten recaudación para el gobierno, sino también experiencia y conocimientos, pagados por terceros países.

Cuanto más cobren a los contribuyentes, más cobrarán ellos. En otras palabras, se ha institucionalizado la caza al contribuyente como modelo de gestión pública.

No paramos de exportar talento español de nuestras Universidades y para una pequeña oportunidad que nos dan las multinacionales que operan en nuestro país, hacemos todo lo posible por expulsarlos, con unas prácticas fiscales que rozan el matonismo.

El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado. O frena esta deriva autoritaria del Ministerio de María Jesús Montero y su brazo armado la Agencia Tributaria, o el daño será irreparable. El informe pide una solución inmediata: validar los certificados ya emitidos, detener las inspecciones retroactivas y revisar de arriba abajo el sistema de incentivos perversos que corrompe toda la función tributaria.

Porque esto no va de recaudar más. Va de destruir la confianza. Y cuando un país pierde eso, lo pierde todo.