El atraco silencioso: la presión fiscal a las empresas crece el doble que la economía

Eurostat acaba de publicar los últimos datos sobre la composición del PIB y hoy quiero hablar de algo realmente preocupante: el castigo fiscal que sufren los empresarios, responsables de generar empleo en nuestro país.

Se está produciendo un atraco silencioso a este colectivo, que prefiere callar y tratar de salir adelante. Para las grandes empresas, resulta más sencillo: trasladan estos costes a los precios. Las medianas, en cambio, asumen que parte de esa carga no se puede repercutir si quieren seguir siendo competitivas, especialmente en sectores expuestos a la importación de productos equivalentes. Las pequeñas, directamente, enfrentan enormes dificultades para sobrevivir.

Por ello es fundamental que tomemos conciencia de dónde estamos, de dónde venimos y del maltrato que el Gobierno está ejerciendo, de forma cada vez más evidente, contra la clase empresarial.

Entre 2018 y 2025, las contribuciones sociales pagadas por los empresarios en España han aumentado un 54,8 %, mientras que el PIB nominal lo ha hecho solo un 38 %. Esta diferencia revela una tendencia alarmante: el esfuerzo fiscal exigido a las empresas crece mucho más deprisa que la economía. Esto plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo y la equidad del sistema de financiación social.

Ya sé que esto no le preocupa lo más mínimo a nuestro presidente. Y, como no le preocupa a él, tampoco al resto de sus «sí, señor» que le rodean.

Los datos de Eurostat muestran con claridad cómo las cotizaciones sociales empresariales han seguido una trayectoria ascendente incluso en años de desaceleración económica. En 2025, las empresas han aportado 91.658 millones de euros, frente a los 59.219 millones de 2018. En ese mismo periodo, el PIB nominal semestral ha pasado de 600.101 millones a 827.965 millones.

Aunque los salarios nominales hayan subido, su poder adquisitivo ha disminuido

Uno de los aspectos más preocupantes es que las bases de cotización no han sido deflactadas, a pesar de que la inflación acumulada entre 2018 y 2025 supera el 20 %. Esto significa que, aunque los salarios nominales hayan subido, su poder adquisitivo ha disminuido. Y, sin embargo, las empresas siguen cotizando sobre valores inflados por la inflación.

En otras palabras, las cotizaciones sociales han crecido como si la economía estuviera en expansión real, cuando en realidad buena parte de ese crecimiento es puramente nominal, impulsado por la subida de precios.

Este desfase entre el crecimiento de las cotizaciones y el del PIB nominal implica que las empresas están soportando una carga fiscal cada vez mayor en proporción a la riqueza generada. En 2018, las cotizaciones representaban el 9,86 % del PIB nominal; en 2025, esa proporción ha subido al 11,07 %.

Si se hubiera mantenido la proporción del 9,86 %, ¿saben ustedes, señores empresarios, cuánto habrían pagado de menos en estos seis años? Vean el cuadro que les he preparado:

No me he equivocado: han pagado 48.334 millones de euros de más.

Y lo peor de todo es que este aumento de presión no se ha traducido en mejoras proporcionales ni en los servicios públicos ni en la eficiencia del sistema de protección social. Para muchas empresas, especialmente pymes, esto supone un lastre competitivo que limita la inversión, la contratación y la innovación.

La falta de deflactación de las bases de cotización pone en evidencia un fallo estructural del sistema. En lugar de ajustar las cotizaciones al valor real de los salarios, se mantiene una lógica nominal que penaliza a los empleadores en contextos inflacionarios. Habrá que ir pensando en leyes que frenen este tipo de abusos.

Una reforma que introduzca mecanismos automáticos de ajuste por inflación permitiría aliviar esta carga sin comprometer la financiación del sistema. Además, sería una medida de justicia fiscal, que evitaría que las empresas paguen más sin que haya un aumento real de su capacidad económica.

Ya sabemos que, desde el punto de vista del Estado, el aumento de las cotizaciones representa una fuente creciente de ingresos sin necesidad de subir impuestos explícitos. Pero este modelo tiene un límite: si se sigue exprimiendo a las empresas sin tener en cuenta ni la inflación ni la productividad, se corre el riesgo de desincentivar la creación de empleo formal y de fomentar la economía sumergida.

Este modelo, lejos de ser sostenible, castiga a quienes generan empleo y riqueza. Exige una revisión urgente. Si no se corrige, podría convertirse en un obstáculo estructural para el crecimiento económico y la competitividad empresarial en España.

Y, llegado este punto, habría que empezar a exigir la devolución de ese exceso de presión fiscal. Porque no solo es injusto: debería ser inaceptable.