Sánchez se harta de la ministra de Vivienda y se plantea sustituirla por Leire Iglesias, directora general del Sepes

En el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es un secreto a voces que su titular hace meses que dejó de contar con el favor de Pedro Sánchez. «La presión que sufre ella y sufrimos todos es enorme porque la preocupación de los españoles va en aumento y los avances son prácticamente imperceptibles», se desahogan sus funcionarios cuando se les da la oportunidad de hablar. Y algunos se atreven a adelantar a El Debate lo que puede estar al caer: la sustitución de Isabel Rodríguez por Leire Iglesias, actual directora general del Sepes, la entidad estatal de suelo que se convertirá pronto en la nueva Empresa Pública de Vivienda. De producirse una crisis de Gobierno, el movimiento de ficha se da por sentado. Y no sólo en el ministerio, también en el sector inmobiliario, donde aseguran que la segunda demuestra estar más preparada. «Es igual de ideológica, pero al menos sabe de qué va esto porque fue consejera de Vivienda en Extremadura», dicen.

En el discurso del presidente siempre ha estado presente el propósito de sacar al mercado lo antes posible los pisos que le quedan en cartera a la Sareb. Más que nada porque el final del banco malo que creó Rajoy vende bien en las izquierdas. Y ese es el cometido de Leire Iglesias, cuya imagen no está quemada y cuyo lenguaje recuerda más al de Sumar y Podemos que al del propio PSOE. «A la ministra se la tienen jurada desde la toma de posesión, cuando dijo aquello de los caseros». Se refieren las fuentes a la promesa que hizo Isabel Rodríguez de «proteger y ofrecer esperanza a los pequeños propietarios». Aquello encendió al Sindicato de Inquilinos de Madrid, que decidió apodarla como «la ministra de la Segunda Vivienda». Luego vendría la polémica que desató su llamamiento a la solidaridad de los arrendadores para abaratar los alquileres. Y el rifirrafe también con Ione Belarra en el Congreso a cuenta de las tres propiedades que posee en Ciudad Real. «Es usted una rentista», le reprochó la secretaria general de Podemos, a lo que la ministra contestó que sus pisos no valían ni la mitad del chalé de Galapagar. Edificante episodio.

La realidad es que la vivienda siempre ha dividido al Gobierno de coalición; o de corrupción, como diría Yolanda Díaz. Lo hizo ya en la anterior legislatura, cuando Unidas Podemos condicionó hasta en dos ocasiones el desbloqueo de los Presupuestos a un acuerdo para intervenir los alquileres. Pero después de la creación de la cartera en noviembre de 2023, nunca habían llegado tan lejos. «Están siendo injustos con la ministra al pedir su dimisión. Y eso se lleva mal en el Ministerio, porque encima han tergiversado la intencionalidad del anuncio, que, como explicó ella misma, forma parte de una campaña publicitaria que no llegaremos a ver nunca», relata con pesar alguien que trabaja en el 67 del Paseo de la Castellana. Cabe celebrar que no piensen castigarnos con nuevos spots, dado el pésimo gusto de mostrarnos a tres mayores en situaciones típicas de un piso compartido de estudiantes, tomándose a chufla el drama de millones de españoles . Ni una frivolidad más, por favor, que bastante tuvimos hace una década con las ‘keli finder’ de Trujillo y sus «soluciones habitacionales» de 25 metros cuadrados, como se ha recordado estos días.

Isabel Rodríguez ha intentado capear el temporal asegurando que el Gobierno ya ha movilizado alrededor de 100.000 viviendas de las 184.000 que prometió Sánchez. No especificó cuántas se han entregado o están en desarrollo, que es lo mismo que no decir nada. Y encima le dejó el balón botando a la directora general del Sepes, que anda anunciando a los cuatro vientos el lanzamiento trimestral de «grandes paquetes» de pisos a partir de 2026, partiendo de la «recuperación» de los 40.000 inmuebles de la Sareb. Como si muchos no llevaran años okupados. Como si estuvieran ubicados donde está la demanda. Como si los responsables del ‘banco malo’ fueran idiotas y no hubieran querido dar salida a los activos en todo este tiempo.

Pedro Sánchez se presentó la semana pasada ante el Consejo Europeo asumiendo los postulados de Sumar y Podemos para llevar al extremo su intención de intervenir el mercado. Pidió que «se articulen medidas legales desde la UE que pongan freno a la compra de vivienda para uso no residencial». Un verdadero atentado contra la seguridad jurídica y la propiedad privada.

Es obvio que las izquierdas han perdido, además del oremus, el control del debate público sobre la vivienda, convertida a estas alturas en máximo exponente de la desconexión entre el Gobierno y la ciudadanía. Porque si alguna vez coló, el argumento de que el PP no está aplicando la Ley de 2023 ya no funciona, toda vez que la oferta de pisos en ese laboratorio de ideas del sanchismo que es Cataluña, se ha reducido a la mitad desde 2019.

Las estadísticas están ahí: frente a los 330.000 hogares netos que se crean cada año en España, apenas se construyeron 101.000 viviendas en 2024 y se empezaron 136.000 nuevas. Y cuando la demanda aprieta y la oferta se queda tan corta, los precios se disparan. El segundo trimestre de 2025 acabó con un encarecimiento de los pisos del 12,7 %, el mayor aumento en 18 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y si comprar es difícil, qué decir del alquiler, donde un inmueble de 70 metros cuadrados puede costar más de mil euros al mes en muchas ciudades. Y eso tirando por lo bajo.

El resultado es desastroso. Ahora, que aviso a navegantes. Cuidémonos de alimentar la división entre propietarios e inquilinos, jóvenes y boomers o entre residentes locales y compradores extranjeros. Cuidémonos porque Sánchez siempre sabe cómo sacar tajada del conflicto.