Tres meses de Adamuz, un año del apagón y baches en las carreteras: Sánchez consolida la España que no funciona
Los graves acontecimientos relacionados con las infraestructuras siguen sin señalar responsables individuales ni aportar soluciones satisfactorias
Uno de los vagones del tren que descarriló en Adamuz.
Hoy se cumplen tres meses del terrible accidente ferroviario de Adamuz que se ha saldado con la muerte de 46 personas, y dentro de diez días habrá pasado un año desde que España dio una imagen de país bananero tras producirse un apagón que dejó sin luz a todo nuestro país.
Tanto en uno como en otro caso, sigue sin dimitir nadie, ni asumir responsabilidades. En el caso de Adamuz, el portavoz de las víctimas, Mario Samper, admitía esta semana en El Debate que la investigación necesita tiempo, pero apuntaba algunas ideas preocupantes transmitidas por encuentros que ha tenido en la segunda semana de abril.
El presidente de Adif justifica la retirada de material de la vía sin autorización judicial
La primera, que le comentó el presidente de Adif, Pedro Marco, tenía que ver con la retirada por la noche de material por parte de Adif que podía ser objeto de investigación de la vía: «Nos dijo que no tenían autorización judicial, pero tampoco prohibición, y que como la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) había abandonado el lugar y ellos tenían que hacer algunas inspecciones, por eso lo retiraron». Lo retiraron de noche, siendo material susceptible de investigación.
La segunda tiene que ver con otra afirmación que le hizo Pedro Marco: que la vía no estaba rota el día anterior, algo que ha desmentido un informe de la Guardia Civil, que afirma que sí lo estaba.
La tercera, señalada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, hace referencia a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que está estudiando lo sucedido en Adamuz, «tiene pocos medios humanos y económicos, y desde la Comisión Europea están intentando echar una mano para que se aumenten esos medios por parte del Ministerio de Transporte Español». ¿No tiene interés el Ministerio en dotarle de más medios para que se sepa la verdad sobre lo sucedido?
El presidente de Adif dice que la vía no estaba rota el día anterior, y la Guardia Civil sostiene que sí lo estaba
La investigación sigue avanzando, y las víctimas harán la fuerza que puedan para que se sepa la verdad.
En cuanto al apagón, quedan solo diez días para que se cumpla un año desde que el 28 de abril de 2025 España se quedara sin luz. Desde el día siguiente en El Debate ya estábamos pidiendo la dimisión de la presidenta de Redeia -antigua Red Eléctrica-, la empresa responsable de que el sistema eléctrico funcione, pero Beatriz Corredor, registradora de la propiedad afiliada al PSOE, sigue en el cargo. Es la directiva mejor pagada en una empresa pública, con un sueldo de 546.000 euros. Al menos Redeia fue sancionada ayer por la CNMC con la sanción más grave del apagón, que puede suponerle pagar hasta 60 millones de euros. Pero Corredor no dimite.
El catedrático José María Martínez-Val, experto en energía, nos decía al día siguiente del accidente que «en el apagón ha faltado previsión y ha sobrado chulería», por el empeño de intentar demostrar que el sistema aguantaba con las renovables, algo que se demostró que no era así.
Tres meses después, cuando aparecieron los informes sobre el apagón elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica, lamentaba en nuestro periódico que «aquí ya está todo manipulado, y va a ser imposible saber lo que ocurrió».
Los operadores eléctricos advertían desde el año 2019 del peligro de depender mucho de las renovables, nos contaba en una entrevista Daniel Lacalle. La incompetencia del Gobierno provocó el apagón, y podría provocar otro, según estiman algunos expertos. Por eso es tan importante que se descubran los responsables y se ponga al frente del sistema eléctrico a alguien que sepa.
En este país no funcionan ni la electricidad ni los ferrocarriles, y las carreteras están llenas de baches
El problema es que España ha dejado de funcionar, entre otras cosas, porque no se invierte lo suficiente donde hay que invertir. Como comentaba ayer el catedrático Mikel Buesa en nuestro podcast El Debate de la Economía, «la inversión pública supone, aproximadamente, menos de un 2 % del gasto público. Se ha ido reduciendo y, como consecuencia, en este país no funciona nada: ni la electricidad, ni los ferrocarriles, y las carreteras están llenas de agujeros».
En un momento en el que el Estado, y por tanto el Gobierno, recauda cifras récord en impuestos a los españoles (325.356 millones de euros en 2025), no hay buenas noticias en cuanto a la mejora de los servicios que recibimos. Y mientras tanto, Sánchez ha estado esta semana en China, un país que nos vende mucho más (50.000 millones de euros en 2025) de lo que nos compra (8.000 millones), y en el que pocos confían en que esa situación se pueda equilibrar.
