De las 184.000 viviendas que nunca llegaron a las solo 800 que ofrece Casa 47: cinco años de promesas fallidas del sanchismo

El Ministerio de Vivienda ha presentado esta semana el portal de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, donde hay 800 inmuebles puestos a disposición de la ciudadanía, aunque tienen la intención de incorporar pronto otros 1.500 que están repartidos por todo el territorio nacional.

Tal y como recordó el Gobierno, estas viviendas estarán protegidas para siempre, y los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75 a través de prórrogas automáticas cada siete años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de los requisitos de acceso.

Por el momento, los alquileres que hay anunciados van desde los 350 hasta los 1.066 euros. Quienes accedan a estos inmuebles nunca tendrán que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler, por lo que uno de los requisitos para los que opten a los más caros es tener unos ingresos mínimos de 44.000 euros.

Estas condiciones hacen pensar que un importante porcentaje de familias se quedarán fuera, especialmente aquellas con ingresos más bajos o en situación de vulnerabilidad. A ello se le suma el ínfimo número de inmuebles ofertados, que son insuficientes para cubrir el déficit de vivienda existente que el Banco de España ya sitúa en 750.000.

No es la primera vez que escuchamos al Gobierno anunciar medidas que prometen que va a solucionar el problema de la vivienda. En concreto ha habido una veintena de medidas que, o nunca llegaron, o no tuvieron el efecto deseado.

Ley de Vivienda

La primera vez que Pedro Sánchez prometió solucionar el problema de la vivienda fue en octubre de 2021, cuando anunció la primera Ley de Vivienda para contener los precios y promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Dentro de esta normativa se incluía la limitación de precios del alquiler en las zonas tensionadas. El objetivo de este mecanismo es regular el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler en aquellos municipios donde el precio de la vivienda se ha disparado. Por ahora solo cuatro regiones y una ciudad –Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y La Coruña– han introducido esta medida, pero el resultado es el mismo en absolutamente todos los mercados: la oferta ha caído a doble dígito.

Bono de alquiler joven

En enero de 2022 el Gobierno aprobó el bono joven al alquiler, destinado a jóvenes entre 18 y 35 años. La ayuda era de hasta 250 euros mensuales, durante dos años, y podían optar a ella aquellos jóvenes cuyos ingresos no superasen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, no superar los 1.800 euros mensuales.

Con el nuevo Plan Estatal de Vivienda la cuantía se ha incrementado hasta los 300 euros mensuales, durante dos años. También los requisitos, hasta tener unos ingresos que no superen cinco veces el Iprem, es decir, 3.000 euros mensuales.

Los avales ICO, un fracaso

En febrero de 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde a los avales del 20 % que pretendían facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de hasta 35 años y de aquellas familias que tengan menores a su cargo. En dos años solo se concedieron 221,1 millones de euros para adquirir 9.125 pisos; por eso decidieron extenderlos hasta el 31 de diciembre de 2027.

El pinchazo de estos avales se explica por los propios requisitos que se han puesto para poder optar a ellos. Por un lado, los solicitantes no podrán superar los 37.800 euros de ingresos brutos anuales, aunque en el caso de que la vivienda sea adquirida entre dos personas, el límite de ingresos será de 75.600 euros anuales.

Por otro, la vivienda no puede superar un precio máximo de compra, que varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que se ubique la vivienda, y van desde los 200.000 euros en Extremadura a los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid. Actualmente, es prácticamente imposible encontrar inmuebles dentro de esos límites.

El paquete de 12 medidas

En enero de 2025 se anunció un paquete de 12 medidas, de las que solo se han llegado a materializar la mitad, aunque con apenas efectos. Aquí se incluía la puesta en marcha de la empresa pública de vivienda, Casa 47; el PERTE de vivienda, que tiene como objetivo modernizar e innovar en el sector de la construcción y de la construcción modular; y un seguro de impagos de los alquileres para los propietarios.

En ese paquete de medidas también se incluía garantizar que toda vivienda que sea construida por el Estado mantenga de manera indefinida la titularidad pública, y dar ayudas a quienes reformen un piso para ponerlo en alquiler a un precio asequible durante al menos cinco años. Ambas iniciativas se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado hace apenas unos meses.

Se creó el registro único de alquileres con el objetivo de perseguir el fraude en los alquileres de temporada, pero el Supremo lo tumbó al considerar que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación de manera «exhaustiva». Además, se superponía a los registros autonómicos ya existentes destinados para inscribir arrendamientos turísticos.

Otras medidas que se habían anunciado a bombo y platillo, y que tenían el objetivo de limitar los alquileres turísticos se quedaron por el camino. Eso sí, se incluyeron en el macro decreto que intentaron aprobar julio y que finalmente se ha pospuesto a septiembre, aunque sin noticias de si finalmente se sacará adelante. Es el caso de la reforma fiscal que contemplaba subir el IVA de estos arrendamientos al 21 % para que tributaran como una actividad económica.

También la modificación de a tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), para que pasasen de tributar el 15 % al 25 %, salvo que promoviesen viviendas destinadas al alquiler a precio asequible, en cuyo caso la tributación sería «nula».

Ley del Suelo

La reforma de la Ley del Suelo también estaba incluida dentro de estas 12 medidas, pero lleva bloqueada desde hace casi cuatro años en el Congreso. Ahora el Gobierno la ha modificado y la ha incluido también dentro del nuevo decreto de vivienda que está atascado en Moncloa.

La Ley del Suelo sí contaba con el visto bueno del sector inmobiliario, que la considera necesaria para mejorar la seguridad jurídica que necesita el sector

Estas modificaciones chocaron con Podemos o plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas que consideraban que la hacen más permisiva ante ilegalidades. En concreto, son los artículos que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no paralizarlos por completo la Ley del Suelo queda modificada de forma que «se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido».

A diferencia de la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo sí contaba con el visto bueno del sector inmobiliario, que la considera necesaria para mejorar la seguridad jurídica que necesita el sector.

Bonificaciones fiscales a propietarios

Sánchez ha prometido en más de una ocasión bonificaciones fiscales para los propietarios. Primero fue una exención del 100 % del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) a aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.

Un año después, concretamente este enero, anunció una bonificación del 100 % en el IRPF, pero esta vez para los propietarios que no suban el precio del alquiler. Tras las críticas de Sumar, quiso combinarlo con el castigo en el IRPF a los caseros que incrementen el precio de los nuevos contratos. Pero su socio de gobierno también se opuso, por lo que nunca llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros. Pero sí que están incluidas en el macro decreto de Vivienda.

Fin Golden Visa

Se iba a crear un nuevo impuesto para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, gravando la compra de vivienda de este colectivo. La cuota íntegra del tributo se iba a obtener aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 100 %. Es decir, el precio de la vivienda se iba a acabar doblando.

Esto nunca se llegó a votar. Pero fuera del paquete de medidas presentado hace un año, una de ellas brillaba con luz propia por sus efectos adversos: la eliminación de las Golden Visa. Estos visados permitían el acceso al permiso de residencia a cambio de la adquisición de una vivienda valorada en más de 500.000 euros.

Aunque se eliminaron hace un año, el Gobierno no ha logrado reducir el problema de incremento de precios. De hecho, el interés inversor por España se mantiene.

¿Y las 184.000 viviendas prometidas?

Antes de las elecciones autonómicas de 2023, Sánchez anunciaba que su Gobierno iba a «habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequibles». Esta promesa la continúo repitiendo en muchas de sus intervenciones e incluso incrementó la cifra. Y un mes después de haber sido investido de nuevo como presidente del Gobierno, aseguró que iba a usar durante la legislatura «todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible».

Tres años después de esta promesa, no se conoce el número definitivo de viviendas construidas. Algunos cálculos apuntaban a que en octubre de 2024 tan solo había movilizado un 5,5 % del objetivo final.