Coloquio en El Debate

Policías reunidos en El Debate denuncian los cambios de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno pretende desmantelar la Ley de Seguridad Ciudadana. Las modificaciones que se quieren llevar a cabo han copado portadas de periódicos, pero El Debate ha querido ir más allá y reunir a representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil para conocer los riesgos que supondrán estos cambios. Los portavoces y líderes de las asociaciones JUPOL, JUCIL, SPP, SUP y AproGC han intercambiado sus opiniones en un encuentro en el que han asegurado que continuarán manifestándose para mostrar su rechazo a las intenciones del Ejecutivo.

–Uno de los artículos más polémicos que se quieren derogar es el de la grabación y difusión de imágenes. Partidos como Podemos aseguran que los agentes no deberían temer esta medida si hacen bien su trabajo. ¿Qué riesgos pueden correrse si esto ocurre?

–Gabriel García-Rubio: Nosotros no nos negamos a que las actuaciones policiales se graben pero pedimos que, o seamos nosotros los que lo hagamos o, si lo hace el ciudadano, no pueda difundirla. Estamos en la era de las redes sociales y no queremos que nuestra cara se difunda.

–Pablo Pérez: En Cataluña, por ejemplo, el propio ministro se hizo una fotografía con un compañero de la UIP y al día siguiente teníamos un escrache en el hospital. Estas cosas se pueden agravar y, sobre todo, en zonas conflictivas. Hay un artículo que indica que se sancionará la difusión si se pone en riesgo la integridad física, pero de nada vale hacerlo después de haber causado el daño. Te pongo un ejemplo. Un sargento de la Guardia Civil de La Línea tuvo que cambiar de colegio a sus hijos porque le reconocieron en redes sociales y le acosaban bandas de narcotraficantes.

Pablo Pérez, Jupol

Pablo Pérez es Policía Nacional con una experiencia de 14 años, gran parte de ellos en seguridad ciudadana. Inició su carrera en el GAC (Grupo de Atención al ciudadano) y más tarde se incorporó a la Policía Judicial. Posteriormente regresó a las tareas relacionadas con la calle y, desde 2014 desempeña su labor en el GOR (Grupo Operativo de Respuesta).

Pablo Pérez, portavoz de JUPOLPaula Argüelles

–¿Hay algún otro artículo que os preocupe especialmente?

–Javier Pajuelo: El que atañe a la seguridad jurídica de los compañeros al actuar en la calle y que no se tenga que notificar a las autoridades que se va a hacer una manifestación en la vía pública. Así no podemos garantizar la seguridad de la gente que se manifiesta. Con los cambios, la palabra del delincuente tiene la misma validez ante la ley que la de los agentes.

–Adolfo Medina: Estos cambios responden a una motivación política. Por ejemplo, la modificación sobre la presunción de veracidad es por lo que ocurrió con el diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Respecto a las grabaciones hay que tener en cuenta que las sanciones vienen ya cuando estamos nosotros en peligro y nuestras familias. Además, no hay que olvidar que estamos en nivel 4 de alerta terrorista.

Adolfo Medina, SPP

Adolfo Medina comienza su carrera en la Policía Nacional en 1990. Su primer destino fue San Sebastián y participó en los dispositivos de las Olimpiadas del 92. Hasta el año 2000 formó parte de Información para marcharse posteriormente a Valladolid en la Unidad de Inteligencia. Más tarde pasó cuatro años destinado en Palencia en la Unidad provincial de Inteligencia. En la actualidad es presidente del sindicato donde anteriormente ocupó el puesto de portavoz.

–¿Cómo os sentís respecto al Gobierno?

–Pablo Pérez: Nos hemos sentido indefensos. Nuestro ministro no ha salido a dar la cara por nosotros y eso lo echamos de menos. Creo que como ministro tendría que haber dicho que esto era un error y haber contado con nosotros.

–Javier Pajuelo: Me parece increíble que se haya condecorado ya a los compañeros que llevaron a cabo la evacuación de Afganistán y a los que estuvieron en el 1 de Octubre en Cataluña aún no.

Javier Pajuelo, AproGC

Javier Pajuelo es cabo primero de la Guardia Civil, Además es jefe del área de investigación del puesto principal de Vícar (Almería). La familia de Pajuelo siempre ha estado relacionada con la Guardia Civil y tanto su padre, como su abuelo y su bisabuelo pertenecían al Instituto Armado.

–¿Qué opináis sobre el uso que se da al material de antidisturbios?

–Gabriel García-Rubio: El tema de las pelotas de goma me incumbe y quiero dejar claro que no hay ningún material en el mercado que pueda sustituirlas. Si hay que hacer frente a una masa violenta que está lejos y está haciendo lanzamiento de objetos, incluso de rodamientos que parten los escudos, lo único que se puede usar son las pelotas. Es lo menos lesivo. Hay material más potente y no se usa.

–Adolfo Medina: La Comisión de Venecia solicitó al Gobierno español que usemos los medios lesivos que es lo que ya hacemos. Yo creo que ni se plantean quitar las pelotas de goma. Lo siguiente sería ir al cuerpo a cuerpo, con lo cual el número de lesionados de una y de la otra parte se multiplicará por 100.

Agustín Leal, Jucil

Agustín Leal ingresó en la Guardia Civil procedente del Ejército. Después de seis años de servicio rural pasa a grupos operativos anti droga y crimen organizado en Galicia. En el 2000 va de manera voluntaria a Guipúzcoa en labores antiterroristas donde participa en la investigación y captura de varios comandos de ETA tanto en España como en Francia. Tras diplomarse en Policía Judicial ser destinado a la UCO en operaciones contra el narcotráfico, se marcha en 2008 a La Coruña.

–¿Hay alguna de las modificaciones que valoráis positivamente?

–Adolfo Medina: No. No benefician ni al ciudadano ni a la policía. Es una modificación de una norma que lleva funcionando bien durante seis años.

–¿Qué va a suponer la reducción del tiempo con el que cuentan los agentes para las identificaciones?

–Javier Pajuelo: En ciudades grandes como Madrid que tienen problemas de tráfico y llegar a la comisaría llevan mucho tiempo. Pero la Guardia Civil tiene otro problema. Hay muchos puestos que se cierran por falta de personal y el cuartel está a dos horas. No da tiempo porque todo lleva un control. Mínimo se necesitan cuatro o cinco horas.

–¿En qué se traduce eso?

–Javier Pajuelo: En que no podremos identificarles y, por lo tanto, será un problema de seguridad para el ciudadano.

–Hay otra de las líneas que, además, pide que se lleve al identificado al lugar donde se le encontró.

–Agustín Leal: Es una pérdida de capacidad operativa. Imagina una patrulla de la Policía Nacional aquí en Madrid en una manifestación donde haya 50 indocumentados. ¿Cuántas patrullas tienes que utilizar para eso? ¿Cuántas llamadas de violencia de género, atracos o accidentes tienes que dejar de atender?

–Gabriel García-Rubio: Además, hay que atender a la motivación de la identificación. Siempre se identifica a una persona en base a la posible comisión de un hecho delictivo. Si esa persona está en un supermercado hurtando, ¿qué haces? ¿Lo tienes que llevar a comisaría y luego devolverlo al supermercado? Imagina también en casos de violencia de género…

Gabriel García-Rubio, SUP

Gabriel García-Rubio ha dedicado toda su carrera en la Policía Nacional a la seguridad ciudadana. Empezó patrullando en distritos con alto índice de delincuencia como Usera y Villaverde para pasar posteriormente al distrito madrileño de La Latina. Ahora forma parte de la UIP (Unidades de Intervención Policial) y lleva más de tres años en la Unidad Central de Intervención.

–Además de la falta de apoyo de los políticos existe la otra cara de la moneda que es al apoyo del ciudadano. ¿Notáis que los españoles están de vuestro lado?

–Javier Pajuelo: Lo que más nos importa es el apoyo del ciudadano que es para el que trabajamos.

–Pablo Pérez: Eso es. Nosotros somos servidores públicos y somos apartidistas. Aquí cada uno tiene su ideología pero cuando nos ponemos el uniforme eso queda de lado. Lo que no queremos es que los políticos nos utilicen para su beneficio.

–Adolfo Medina: Yo sí creo que tenemos el apoyo de los ciudadanos y también de algún partido político.

–Agustín Leal: Este Gobierno ha conseguido unirnos a todos. El ejemplo fue aquí en Madrid con 150.000 personas donde la mayoría era parte de la sociedad civil. No eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los ciudadanos están preocupados.