Dos miembros de un piquete insultan y hacen gestos a los camiones durante la huelga de transportes
Huelga de transportistas
La despenalización de los piquetes violentos que impulsó el PSOE se vuelve contra el Gobierno
Ministros de Pedro Sánchez ponen la voz en grito ante los incidentes durante la huelga de camioneros
«Cuando hay actos violentos que impiden que una parte pueda ejercer su derecho al trabajo, de forma irresponsable y generando inseguridad y desabastecimiento es un boicot alentado desde posiciones de odio». El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministra portavoz Isabel Rodríguez, reaccionaba así a la huelga de transportistas que esta semana vienen desarrollando miles de camioneros convocados por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías.
Conforme pasan los días se están registrando incidentes violentos, con cortes de carretera o piquetes impidiendo el acceso a puertos, grandes mercados, polígonos industriales y zonas de carga, lo que provoca que se hable ya de escasez en algunos mercados de mayoristas.
Y con el aumento de los incidentes, también se incrementa la indignación del Gobierno. «No se puede consentir ni tolerar que en un Estado democrático y de derecho se utilice la violencia y la fuerza para impedir trabajar a quien quiere trabajar», afirmó este jueves la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Sin embargo, poco puede hacer Pedro Sánchez frente a los que emplean la violencia. Porque fue su propio Gobierno quien derogó el apartado del Código Penal que castigaba el uso de la violencia contra quienes deseaban ejercer su derecho a trabajar.
Aquella derogación
«Los piquetes no son violentos. No tienen intención insurreccional», defendía el portavoz socialista y ex sindicalista Toni Ferrer en el debate sobre la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que rezaba «Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».
Camioneros parados en Pedrafita do Cebreiro negocian con varios agentes de la Guardia Civil su escolta hasta sus respectivos destinos
Ese artículo no gustaba a los socialistas ni a Podemos y ahora es el que se les está volviendo hacia atrás. La derogación de ese artículo daba rienda suelta precisamente a lo que ahora denuncia el Gobierno de Pedro Sánchez y ahora se ha vuelto en su contra.
Desde los partidos de la oposición se encargaron de recordárselo. «Otra pifia del gobierno Sánchezstein», calificaba el senador del Partido Popular Rafael Hernando.
«No están contra la violencia. Solo quieren su monopolio», achacaba el líder de VOX, Santiago Abascal.
La respuesta del Gobierno, además de tachar de «ultraderechistas» a los camioneros, ha sido la movilización de 23.500 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para abrir las carreteras cortadas y escoltar a los camiones de abastecimiento.
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