15 de agosto de 2022

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivoGTRES

Ministerio de Igualdad

La treta de Montero para no justificar sus contratos: pagar 4.999,99 para evitar el control que exigen los de 5.000 €

De esta manera evitan tener que explicar de manera motivada la necesidad del contrato

El portal de contratación del Estado refleja todas las licitaciones concedidas por el Gobierno central. La página web detalla cuánto dinero y para qué se gasta en los distintos servicios solicitados por los ministerios. Sin embargo, si el contrato menor está por debajo de los 5.000 euros, no se exige expediente de contratación que justifique de manera motivada la necesidad de este. Por este motivo, es práctica común del Ministerio de Igualdad dotar con 4.999,99 euros a sus adjudicatarios evitando así los controles pertinentes.
La ley de contratación del sector público recoge en su artículo 118 las especificaciones de los contratos menores. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. A pesar de tratarse de licitaciones con importes pequeños, las instituciones deben demostrar que el gasto se ha realizado con un fin lícito y necesario para los españoles.
Sin embargo, existe una excepción que permite saltarse los controles: los contratos de menos de 5.000 euros. Eso quiere decir que cualquier cantidad por debajo de esta puede evitar los requisitos amparados en el artículo anteriormente citado. Concretamente puede prescindir de la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y «que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales» de dinero. Además, tal y como se recogen en el artículo 63, no tendrán obligación de publicarse trimestralmente.

Los últimos casos: los carteles

Las últimas licitaciones con las que Montero ha burlado la ley han sido el polémico cartel sobre la aceptación de los cuerpos diversos y el del Orgullo.
Fue la propia directora del Instituto de las Mujeres la que recalcó que el coste no eran los 85.000 euros de los que hablaban las redes sino 5.000. En realidad, Antonia Morillas redondeó la cifra que ascendía a un céntimo menos.
El Debate publicaba el coste del cartel del orgullo financiado por Igualdad. En este caso, el pago se realizó por 4.999,99 euros. Una diferencia irrisoria que permitió, sin embargo, evitar el control de los contratos menores.
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