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Tribunales
Los fallidos pactos entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ
Desde que caducara el mandato del órgano de gobierno de los jueces, hace casi cuatro años, el principal partido del Ejecutivo y los líderes de la oposición no han conseguido llegar a un acuerdo para desbloquear la situación
En la semana que se da apertura al año judicial, el próximo 7 de septiembre, muchas miradas están puestas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva desde el 4 de diciembre de 2018 –más de 1.360 días– en funciones. El discurso de Carlos Lesmes volverá a hacer referencia a lo que el año pasado ya calificó como una «situación insostenible», que todavía parece estar lejos de solventarse por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el PP. Sin embargo, desde los hace casi cuatro años que el órgano de gobierno de los jueces se encuentra con su mandato prorrogado, ha habido varios pactos, fallidos, entre el PSOE y el principal partido de la oposición para salir de esta anómala situación.
Próxima apertura del año judicial
El cambio de discurso de Lesmes sobre la renovación del CGPJ: de «anomalía» a «situación insostenible»
Marchena, presidente
Un mes antes de que caducara el mandato del CGPJ, en noviembre de 2018, el PSOE de Pedro Sánchez y el PP, que acababa de elegir a Pablo Casado como presidente del partido, suscribieron un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Los progresistas lograrían la mayoría con 11 miembros, mientras que los populares se quedarían con nueve, pero elegirían al presidente del Consejo, que ya se sabía que iba a ser Manuel Marchena, titular de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Todo ello generó cierto revuelo entre los jueces y juristas, porque en principio han de ser los vocales los que, en el Pleno constitutivo, designen al presidente del CGPJ.
Sin embargo, cinco días después de que saliera adelante el acuerdo, se filtró a la prensa un whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que echó todo por tierra. El mensaje aseguraba que, gracias a la presidencia de Marchena, iban a controlar la Sala Segunda del Alto Tribunañ «desde atrás», tribunal que en los próximos meses iba a enjuiciar a los líderes del procés. Tras ello, Marchena decidió dar un paso atrás y retirar su candidatura, por lo que el mandato del CGPJ caducó sin que los políticos hubieran podido elegir a sus sustitutos. Por su parte, los líderes catalanes acabaron siendo condenados por sedición y malversación, pero finalmente fueron indultados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en junio de 2021.
Pacto Egea-Bolaños
Tal y como informó El Debate, a finales del año pasado el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, suscribió un pacto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el que acordaron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La idea de la antigua dirección popular era que, una vez llegado a este pacto, se hablara sobre el posible desbloqueo del CGPJ.
Además, a mediados de agosto, el periódico El País publicó el documento del acuerdo, que en principio era confidencial y estaba previsto que nunca viera la luz. De esta manera, el entorno de Pedro Sánchez pretende encajonar a Alberto Núñez Feijóo para que acceda a pactar sobre el CGPJ, aunque el líder los populares no ha cedido ante las presiones. De hecho, el actual dirigente del PP ha asegurado que desconocía por completo la existencia del pacto secreto.
La propuesta de Feijóo
El pasado mes de julio, el PP se abrió a pactar sobre el CGPJ si el Gobierno retiraba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que finalmente el Ejecutivo va a conseguir controlar al Tribunal Constitucional. Así las cosas, después de que Pedro Sánchez modificara la legislación para maniatar al órgano de gobierno de los jueces a la hora de realizar nombramientos discrecionales, el Ejecutivo –con el objetivo de lograr una mayoría progresista en el Órgano de Garantías– cambió su propia reforma para permitir que el CGPJ eligiera a los magistrados del TC que le correspondían.
El PP se comprometía a que si se derogaba íntegramente la Ley que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales –que está asfixiando a determinados tribunales, como al Supremo– pactaría la renovación del Consejo. Sin embargo, el objetivo de Feijóo es que se modifique la actual Ley para que los sean los propios magistrados los que elijan a su órgano de gobierno. Así las cosas, una vez elegidos los veinte vocales, el PP planteaba que el propio CGPJ propusiera un modelo de elección que iría al Congreso. La Cámara Baja debería emitir un informe al respecto en el plazo improrrogable de seis meses. No obstante, el PSOE decidió no aceptar los términos de los populares, y de nuevo el desbloqueo del CGPJ fue imposible.
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