10 de diciembre de 2022

Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Fátima Hamed, en el evento que organizaron en Valencia

Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Fátima Hamed, en el evento que organizaron en ValenciaEFE

La falsa regeneración de la izquierda: de dar lecciones a defender a imputados por encubrir abusos sexuales a menores

El supuesto cambio político abanderado por socialistas y demás populistas en 2015 ha derivado en un sinfín de compromisos incumplidos, falta de transparencia y echar balones fuera

Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 supusieron un cambio de paradigma en la política española nunca visto hasta el momento. Una de las patas de ese cambio fue que el Partido Popular perdió buena parte de su poder local y regional, cayendo plazas históricas como la Comunidad Valenciana y sus tres capitales, Baleares y el Ayuntamiento de Madrid y otras que había conseguido alcanzar cuatro años antes como Sevilla, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón.
Estas alcaldías y presidencias regionales fueron a parar a manos de la izquierda, donde el PSOE logró alcanzar numerosos pactos con una amalgama de partidos o plataformas de corte populista y comunista creados bajo el paraguas del movimiento 15-M.
Abanderando y capitalizando el sentimiento de indignación social ante la proliferación de casos de corrupción y en un contexto de gravísima crisis económica, esta autodenominada ‘nueva política’ a la izquierda de la izquierda logró entrar en instituciones con la promesa de regeneración y llevar a cabo gestiones ejemplares.
Así, personajes como Manuela Carmena, Joan Ribó, ‘El Kichi’ o Ada Colau pasaron de la insignificancia política, y en algunos casos total desconocimiento, a gestionar miles de millones en sus respectivos territorios.
La Comunidad Valenciana fue una de las regiones donde este cambio tuvo mayor presencia e intensidad, tras décadas de gobiernos del Partido Popular, con unos últimos años marcados por la permanente polémica y acusaciones varias de corrupción.
Sin embargo, echando la vista atrás, pudiera parecer que esas buenas promesas de regeneración y de dotar a la vida pública de ejemplaridad han caído en saco roto.
Una de sus claves de bóveda considerarse el «azote» de imputados y condenados, especialmente si estos –que no estas ni estes- lo eran por causas relativas a la corrupción.
Siete años y medio después, y a tenor de los hechos, poco queda de esa actitud de árbitro de la política. Y es que el actual Gobierno de Puig mantiene en sus puestos de alta dirección hasta un total de veintidós investigados –y un condenado-. Aunque algunas de sus causas se alargan años, no ha prevén dimisiones.

Apoyo a la imputada Oltra

La que sí lo hizo fue la lideresa de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valencia, Mónica Oltra. Ahora bien, su renuncia tardó unos interminables días en producirse y se terminó haciendo a regañadientes y en contra de la posición de los más nacionalistas del Consell.
Los mismos cargos públicos que años atrás organizaban escraches y campañas de acoso y derribo contra Francisco Camps o Rita Barberá sin esperar ni siquiera a que se pronunciara la Justicia, en 2022 montaron una fiesta de homenaje a Oltra, quizás celebrando su imputación por poder haber encubierto los abusos sexuales de su marido en un centro bajo su competencia a una niña de catorce años.
La carrera política de Oltra quizás hubiera nacido en las camisetas y haya muerto con las togas, pero de lo que no hay duda es que en ningún momento ha dejado de contar con el apoyo de su partido y de los socialistas y demás independentistas, que, más allá de sentirse «orgullosos» de su legado, unos y otros han insistido en su inocencia y honorabilidad.
La corrupción ha vuelto a ser tema candente en la actualidad a raíz de la más que probable decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder el indulto al principal condenado por el caso de los ERE en Andalucía, el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Respecto a esa hipótesis, Puig y su equipo se han negado tajantemente, y alguna vez con alguna salida de tono, a mojarse sobre ello. «Lo primero es que lo pida la familia», se limitó a decir el presidente valenciano, esquivando torticeramente las preguntas de los periodistas sobre si él podría llegar a firmar o no esa petición.
El Debate ha seguido insistiendo a la hora de conocer la postura de Puig, pero su círculo se limita a describir el proceso, evitando hacer frente a «qué haría el presidente si Moncloa o Ferraz le piden que firme». La respuesta, la misma.

Transparencia y responsabilidades

Otros de los aspectos en que la izquierda se ha querido asentar en 2015 han sido la transparencia, el cumplimiento de las promesas y la asunción de responsabilidades.
Sobre el primero, la izquierda valencia flaquea en casos que incluso han llegado a los juzgados, como Azud, por el que el propio hermano de Puig y su socio están investigados por haber cobrado subvenciones de manera ilícita.
A la hora de dar explicaciones sobre ello, el jefe del Ejecutivo valenciano no se ha asomado por el parlamento autonómico, actitud bien diferente a la que mostraba diez años atrás ante cualquier titular de Prensa que pudiera comprometer al Partido Popular.
Cuando u candidato se presenta a unas elecciones suele lanzar una serie de promesas que propios, e incluso extraños, saben que son imposibles de realizar. Sin embargo, tanto Puig como Ribó se comprometieron a algo realmente fácil de cumplir: estar ocho años en el cargo.
Este mandato autoimpuesto obedeciendo a razones de ‘postureo’ se ha visto incumplido a la primera de cambio. El alcalde Valencia anunció días atrás que se presentaría a un tercer mandato con la pintoresca excusa de que los años de la pandemia «no cuentan». Algo parecido esgrimió Puig, aunque lo justificó de una manera algo menos grotesca.
Cabe decir que esta falta de compromiso hacia la verdad no es autóctona de Valencia. Otros ‘alcaldes del cambio’ como Colau o ‘El Kichi’ ya se han apresurado a forjar sus candidaturas para estar, al menos, doce años en el poder, cuando se habían comprometido a dar un paso a un lado en las próximas elecciones de 2023.

Discriminación lingüística

Donde mejor se mueve y se sigue moviendo la izquierda populista es en el escenario del uso del lenguaje. Así, términos como «pueblo» o «ciudadanía» muchos españoles lo asocian automáticamente a posturas defendidas por esta clase de partidos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Tal como viene poniendo de manifiesto El Debate, la política de «Apartheid lingüístico» de Puig y sus socios alcanza todos los niveles sociales, desde el cultural al educativo, con su correspondiente «riego» en concepto de subvenciones y ayudas a todo aquél que fomente el uso del catalán en la Comunidad en detrimento del valenciano.
Buen ejemplo del poco respeto que el Gobierno valenciano tiene hacia las señas de identidad propias de la Comunidad y a sus ciudadanos es el reciente despido de una profesora de música, la única en su especialidad, tras décadas de ejercicio por el mero hecho de no saber valenciano.
En definitiva, está por ver si en mayo de 2023 ese espíritu supuestamente regenerador aguanta el hastío de la gente y, sobre todo, el duro peso de la realidad sobre sí mismo. De momento, el acto en Valencia con Mónica Oltra, Ada Colau, Fátima Hamed, Mónica García y Yolanda Díaz, lejos de una presentación de un proyecto ha dejado de ser un spoiler con mañas raíces. Dos imputadas, una que asegura que el velo es «feminista» y una líder de la oposición en Madrid que señala con una pistola a un consejero desde su escaño. Regeneración en estado puro. Menos mal que está Yolanda Díaz, que hace cosas «chulísimas».
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