Sánchez sólo ha indemnizado a una empresa de Abu Dabi de entre las afectadas por el impago del Gobierno a las renovables

Masdar, un brazo inversor del Emirato Árabe de Abu Dabi con sede en Holanda, llevó a España ante los tribunales en 2014, invocando el Tratado de la Carta de la Energía, para exigir una compensación de 260 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas renovables.

La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, presidida por el jurista británico John Beechey, una eminencia en este tipo de procesos legales internacionales, falló a favor de Masdar, en 2018, e impuso a España el pago de una indemnización de 64,5 millones de euros, así como el pago de los intereses de demora y los gastos legales en los que había incurrido la corporación como resultado del pleito.

Masdar es una más de las decenas de empresas que han llevado al Gobierno ante la Justicia internacional para que sean reconocidos sus derechos a cobrar las indemnizaciones previstas para el caso de que el Ejecutivo español retirase de manera anticipada, y retroactiva, las suculentas primas previstas para la instalación de plantas de energías renovables en nuestro país bajo la presidencia socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así las cosas, hasta la fecha, la única mercantil que ha recibido algún tipo de contraprestación para resarcir las pérdidas sufridas por este escenario, ha sido Masdar con la que, en noviembre de 2020, el Gobierno de Sánchez llegó a un acuerdo y le ofreció seguir cobrando el nuevo modelo de primas renovables, que ofrece una retribución del 7,4%, muy por debajo de la rentabilidad prevista inicialmente por esta cuestión, eso sí, hasta el 2031. Es decir, extendiendo seis años más de lo comprometido, el régimen de explotación autorizado. Un marco temporal que, a priori, concluía en 2025.

Como resultado de dicho acuerdo, Cepsa y Masdar crearon, en enero de 2020, una empresa conjunta, participada al 50% por ambas compañías, para desarrollar hasta 600 MW de renovables en España y Portugal, a través de una joint venture para desarrollar proyectos de energías limpias en la Península, con un objetivo inicial de entre 500 y 600 megavatios (MW), de acuerdo con la información facilitada, entonces, por la compañía.

La transacción, que fue firmada en la Abu Dhabi Sustainability Week 2020, en presencia de Khaled Abdulla Al Qubaisi, consejero delegado de la plataforma de Aeroespacial, Renovables y TIC de Mubadala Investment Company; y Mussabbeh Al Kaabi, consejero delegado de la plataforma de Petróleo y Petroquímica de Mubadala Investment Company y presidente y consejero de Cepsa.

Cabe recordar que el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado, de manera recurrente, en los últimos años, a desembolsar estas indemnizaciones, situando a España como el país con mayor número de incumplimientos en cuestión de laudos internacionales, por delante de Venezuela o Rusia en número total de procesos sentenciados en su contra. Una realidad que ha elevado las obligaciones pendientes de pago del Ejecutivo a los inversores, hasta los 1.200 millones de euros.