El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto oficial
La asociación de jueces afín al Gobierno exige responsabilidades a Marlaska por la expulsión ilegal de menores
JJpD ha criticado la respuesta que dio Marlaska ante la sentencia del Supremo: «No se sostiene ni ética ni jurídicamente»
La expulsión de menores de Ceuta declarada ilegal por el Tribunal Supremo ha sido criticada también por la asociación de letrados más afín al Gobierno, Jueces y Juezas Para la Democracia (JJpD), quienes esta mañana han emitido un escrito crítico ante dicha actuación y ha exigido responsabilidades. «Desde Juezas y Jueces para la Democracia exigimos la asunción por parte del gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de estos niños y niñas», han denunciado.
En el escrito al que ha tenido acceso El Debate, la plataforma ha criticado, además, la respuesta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dio tras conocerse la sentencia del Supremo con la que defendió la actuación del Estado justificando la deportación en el interés superior delos menores. Sin embargo, JJpD sostienen rotundamente que dicha respuesta «no se sostiene ni ética ni jurídicamente, y contrasta con los principios de la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño o la niña a ser escuchados, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente».
La plataforma argumenta que «esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños y niñas tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación» por ello, entienden que «se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas», señalan.
Así, los jueces lamentan que con esta actuación se hayan puesto en cuestión las políticas de extranjería. «El incumplimiento de los convenios internacionales por parte de las autoridades españolas pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la vía de hecho. Estos procesos, que afectan a la protección jurídica de infancia, tienen una regulación precisa y rigurosa, pues resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como dice la Convención de los Derechos del Niño.
«La cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad», concluye el escrito.
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