De izquierda a derecha: 'Kantauri', 'Iñaki de Rentería', 'Mikel Antza' y 'Anboto'
Dignidad y Justicia pide que se investigue el patrimonio de los jefes de ETA
Ninguno de ellos asumió la fianza que les impuso el juez por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, impuso el pasado 25 de abril una fianza de 2 millones de euros a depositar de forma solidaria a los cuatro jefes que lideraban ETA cuando el concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado y asesinado al tiempo que les procesaba.
Una vez superado el plazo puesto por el juez, ninguno de los cuatro jefes etarras, José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', han depositado cantidad alguna por lo que la asociación Dignidad y Justicia ha pedido a García Castellón que libre oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial a través del Punto Neutro Judicial para que éste informe de si cada uno de los procesados figuran como contribuyentes por algún concepto y si son titulares de bienes muebles o inmuebles.
En declaraciones a El Debate
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De los cuatro terroristas procesados por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con el agravante de alevosía, dos, 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' se encuentran en libertad y llevan años viviendo en sus domicilios, en un pequeño pueblo del norte de Navarra en el primer caso y en su localidad natal en el caso de Iñaki de Rentería. Incluso es público que 'Antza' estuvo trabajando como responsable cultural de varios pueblos con cargo a fondos públicos.
Los otros dos terroristas, 'Kantauri' y 'Anboto' permanecen en prisión, el primero en Pamplona y la segunda en Zaballa (Álava).
Una organización vertical y militarizada
En la resolución de procesamiento del 25 de abril, se analizaba la actuación de ETA desde sus comienzos en los años 70 y se explicaba que se trataba de una organización terrorista «fuertemente jerarquizada» en la que imperaba una «rígida disciplina», con una cadena de mando de tipo vertical y «militar» en la que las órdenes emanadas desde su Comité Ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas.
Cada miembro de un comando o de cualquier estructura, señalaba el juez, «obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la 'Dirección' de ETA, su Comité Ejecutivo».
Era el núcleo de dirección de ETA el que adoptaba, según el magistrado, las decisiones estratégicas de especial y mayor relevancia que los integrantes de los comandos ejecutaban sin formular objeción. Añadía que, en el caso de que alguno de los integrantes de esos comandos no estuviese de acuerdo con las órdenes o instrucciones recibidas, era reemplazado por otro militante dispuesto a cumplir con las instrucciones de la estructura dirigente.
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