Sánchez deberá aclarar si informó al Rey de sus cesiones al separatismo sin ningún respaldo jurídico

¿Informó Pedro Sánchez al Rey de sus acuerdos con el separatismo catalán, claves en su propia investidura y en la de Salvador Illa? ¿Recabó informes jurídicos oficiales para, desde el Consejo de Ministros, impulsar concesiones sin saltarse la Constitución?

La respuesta a la segunda pregunta es negativa, tal y como recoge un documento oficial en propiedad de El Debate. Y con respecto a la primera, la conclusión es aún peor: el presidente del Gobierno no ha querido aclarar un asunto tan importante que, a su pesar, ahora deberá responder, tras el amparo conseguido por este periódico, que obliga al líder socialista a despejar una incógnita crucial para determinar si sus negociaciones pasan más por Suiza o Waterloo que por La Zarzuela: el derecho a la información se impone, así, a quien apela constantemente a una «máquina del fango» pero luego intenta por todos los medios ahorrarse explicaciones de asuntos de Estado.

Hasta ahora, para La Moncloa las negociaciones con el separatismo catalán en temas como la ley de amnistía con un prófugo de la Justica en el extranjero o el llamado ´cupo catalán´, eran pactos entre partidos políticos que actúan «en los términos recogidos en la Carta Magna», según Presidencia.

Pero Sánchez ya no tiene excusas ni puede escudarse en convenios internacionales para seguir ocultando si efectivamente informó al Rey de sus concesiones al separatismo y lograr la investidura de Salvador Illa. Por el enorme calado que tales pactos tienen para el resto del país, se trata de asuntos de Estado sobre los que el Rey debe ser informado, según dispone el artículo 62.g) de la Constitución Española.

Pedro Sánchez tuvo una evidente y pública implicación en la negociación que culminó con la investidura de Illa, dado que su «condición de Presidente del Gobierno es inescindible de su condición personal». Los acuerdos alcanzados y que no se han hecho públicos con luz y taquígrafos, trascienden del ámbito de los partidos políticos al entrar de lleno en el constitucional, pues afectan a los intereses de España: la llamada 'financiación singular' para Cataluña, el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas; promover el catalán como la única lengua propia de Cataluña o culminar la creación del Cuerpo de Acción Exterior, son algunos de ellos, a los que podrían sumarse aquellos que aún pudieran permanecer ocultos.

La investigación llevada a cabo por El Debate obtiene ahora el amparo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quien, en su resolución 2025-0054 del pasado 17 de enero, que enmienda la plana a Presidencia del Gobierno.

Ésta había asegurado que no podía desvelar dichas conversaciones y qué documentación le habría entregado en base al «Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, que señala que "el Reino de España declara que las comunicaciones con los miembros de la Familia Real y la Casa de S.M. el Rey también estarán incluidas entre las posibles limitaciones de conformidad con el artículo 3.1 del convenio».

Sin embargo, este argumento no es válido para el Consejo, que ha estimado las alegaciones formuladas por este periódico en defensa del interés público de la información que hoy publica frente al secreto de las comunicaciones que sostenía Moncloa.

Según la Autoridad Administrativa Independiente, organismo superior de la Administración General del Estado en materia de Acceso a la Información Pública y Transparencia, para que dicha posibilidad se traduzca en una limitación efectiva del derecho de acceso es «necesario que el legislador estatal» lo incluya en su normativa, algo que no ha hecho.

A juicio del Consejo, se trata de una información que «puede incluirse entre las informaciones susceptibles de ser objeto de derecho de acceso en la medida en que el conocimiento de su contenido sirva a los fines de control de la actuación de los poderes públicos».

Por tanto, ordena a La Moncloa facilitar a El Debate todos los documentos que posee al respecto, pese a que desde el gabinete de Sánchez siempre se han negado a dar respuesta sobre un asunto que afecta de forma notable a la financiación de las comunidades, estableciendo privilegios para Cataluña.

Pedro Sánchez no ha llevado al Consejo de Ministros el cupo catalán y reconoce que no hay ni un solo informe jurídico que avale su constitucionalidad

Este medio ha accedido a otro documento firmado por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez, del pasado mes de octubre que resulta sorprendente y evidencia la política personalísima que Pedro Sánchez despliega en asuntos de Estado.

Sánchez no ha llevado al Consejo de Ministros para su estudio y posterior aprobación por el Gobierno de España ni un solo documento relativo a los acuerdos fiscales del llamado cupo catalán. Asimismo, tampoco ha requerido informe o dictamen alguno que avale su encaje en el marco legal, «dada su relevancia constitucional». Ni la Abogacía del Estado, Fiscalía o Consejo de Estado, entre otros, han sido requeridos por Sánchez para evacuar con un informe o dictamen la legalidad constitucional de sus pactos y cesiones.

Esta nueva financiación que se pretende implantar en Cataluña supone una ruptura total con el principio de solidaridad territorial recogido en la Carta Magna. No en vano, no solo se ha manifestado en contra la oposición, sino que también, habituales socios del Gobierno, ya han adelantado su descontento, incluso barones socialistas se han posicionado en contra de la medida al considerar que va en contra de los intereses de sus regiones.

Uno de los puntos clave señalados por la oposición es que pretende «sustituir» el Estado autonómico por un «modelo confederal asimétrico». En un manifiesto conjunto firmado por los barones del PP insisten en que "es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás”, lo que representaría una quiebra del principio de solidaridad entre las diversas partes del territorio español, según recoge el artículo 138 de la Constitución.

Pero este cupo catalán no solo se ha encontrado con una oposición política, sino que, también, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha remitido una carta a la Generalitat de Cataluña, y a cada uno de los miembros que componen el grupo de expertos que estudia la financiación singular, instándoles a tener en cuenta sus análisis y advertencias sobre las «graves consecuencias» que tendría la materialización del acuerdo entre los socialistas catalanes y ERC, y que incluyen, entre otras cuestiones, el riesgo de entorpecer la lucha contra el fraude fiscal.

De momento, ERC sigue presionando para conseguir está financiación singular y ya ha dejado claro que la Generalitat no tendrá Presupuestos para 2025, tal y como confirmó la portavoz del Govern, Silvia Paneque, tras el portazo de los independentistas, que han insistido en que «entre la soberanía fiscal y el Presupuesto del 2025, ahora toca soberanía fiscal», señaló la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany.

Por ello, el Gobierno también está haciendo su papel y ha reactivado la celebración de las diferentes comisiones bilaterales que tienen que tratar cuestiones como la financiación singular para Cataluña, los traspasos pendientes o las infraestructuras.

De esta forma, la comisión bilateral Estado – Generalitat se celebrará el 24 de febrero en Barcelona. Ese mismo día tendrá lugar la mixta de Transferencias y la bilateral de infraestructuras se celebrará la semana de antes, el 17 de febrero. Además, también se concretan las comisiones contempladas en el Estatuto, que es lo que cerró, por otro lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que ambos mantuvieron en Madrid en noviembre del año pasado.

Y ahora las fronteras

El ocultismo de Sánchez ante el Rey, las Cámaras y la propia ciudadanía se ha incrementado en las últimas fechas con el anuncio público desde Junts de dos relevantes concesiones, sin las cuales el partido liderado por un prófugo no hubiera levantado su veto al Real Decreto «ómnibus» del presidente.

Una, la reconversión de La 2 de TVE en un canal de emisión al 100% en catalán en dos años, según las estimaciones de la portavoz parlamentaria de la formación, Miriam Nogueras.

Y además, según ella misma reveló esta semana en una entrevista en una emisora catalana, la cesión total o parcial de las competencias en inmigración, un viejo sueño del separatismo que le concedería una especie de tutela de las fronteras, un símbolo del Estado independiente que aspiran a tener.

«Queremos que los Mossos reciban a la gente y que lo primero que se oiga en un bon día», destapó. Un plan que convertiría a la Guardia Civil en un elemento secundario que, aunque no desaparecería por razones constitucionales, quedaría relegado ante el Cuerpo de Seguridad de la Generalitat.

Sobre todo ello, como lo anterior, tampoco hay rastro documental de hasta dónde ha llevado Sánchez las concesiones, que van siendo conocidas por la vía de los hechos consumados o los anuncios de los beneficiarios.