El Gobierno enmudece ante la destrucción de pruebas del móvil del fiscal general

El Gobierno no ha querido valorar el hecho de que el fiscal general del Estado borrara todos sus whatsapps el día en que el Tribunal Supremo le encausó, según desveló ayer la UCO en un informe. Una actitud que contrasta con la prisa que se dio Pedro Sánchez en preguntarse públicamente quién iba a pedir perdón a Álvaro García Ortiz cuando los investigadores no encontraron nada en su teléfono móvil, a finales de diciembre.

El Ejecutivo tuvo todo el lunes para dar su parecer y no lo hizo, y este martes la portavoz también rechazó de plano hacer cualquier comentario. En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría fue preguntada en hasta tres ocasiones por la opinión del Gobierno acerca de ese proceder del fiscal general el pasado 16 de octubre. Éste no se limitó a borrar sus conversaciones, sino también la cuenta personal de gmail en la que había recibido todo el expediente confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su primera respuesta, Alegría afirmó: «Para que no quepa ninguna duda, este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado. Ustedes saben además que en estos momentos hay una instrucción abierta y, por tanto, hay que respetar que discurran los plazos como corresponde». «No tenemos ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se pondrá por fin empezar a centrarse los delitos fiscales que sí que se han cometido», señaló. Acto seguido, la portavoz trasladó su «preocupación» por que se estén filtrando datos privados de los fiscales y periodistas.

En su segunda respuesta, la también ministra de Educación fue más escueta pero igual de contundente: «Confianza absoluta al fiscal general del Estado. Confianza absoluta». Y en la tercera volvió a explayarse algo más, cuando un periodista le preguntó si no le parecía «sospechoso» que García Ortiz eliminara cualquier rastro: «Puestos a trasladar opinión de cosas que me puedan parecer sospechosas, me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado en este país y no haya dado ninguna explicación a los ciudadanos de este país desde hace aproximadamente un año», aseguró, en alusión a Alberto González Amador. «Y sí que me parece que la Fiscalía cumple con su trabajo y con su Estatuto cuando traslada en una nota informativa la verdad de los hechos y desmiente un bulo», zanjó.

Este martes, Alberto Núñez Feijóo acusó al fiscal general de comportarse como «un delincuente común», «borrando las pruebas que le incriminan» y negándose a responder al interrogatorio del juez instructor.