Ábalos vuelve al Supremo sin la protección del aforamiento y con el riesgo de que el juez le retire el pasaporte

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos volverá, este jueves, a partir de las 10.00 horas, a sentarse frente al juez instructor del caso PSOE en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente. En esta segunda ocasión, sin embargo, el principal imputado de la presunta trama de pre adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de 'mordidas' lo hará sin el paraguas del aforamiento que, en diciembre, le asistía como diputado, antes de la petición del suplicatorio del Alto Tribunal al Congreso.

Por ello, y porque algunas de las más recientes informaciones publicadas por El Debate, en exclusiva, apuntan a una posible línea patrimonial de Ábalos fuera de España, el juez Puente ya ha advertido de que hoy valorará la imposición de medidas cautelares contra el que fuera el 'tres' del PSOE. Entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de que pueda abandonar nuestro país.

Aunque , en un principio, Ábalos estaba citado para el pasado día 18 de febrero, el instructor acordó posponerlo al día 20 después de que el abogado del ex ministro socialista así lo pidiera por tener otra cita anterior, señalada en otro juzgado en la misma jornada fecha, por un asunto relativo a otro cliente.

Puente citó a Ábalos «ya con el estatus propio de investigado en la presente causa especial una vez obtenido el correspondiente suplicatorio» por parte del Congreso, que lo concedió el pasado enero después de que el Supremo pidiera levantar la inmunidad parlamentaria que hasta ese momento amparaba al diputado del Grupo Mixto. Cabe recordar que nada más conocerse el escándalo que salpicaba al ex ministro, su Grupo parlamentario decidía expulsarle como, también, lo haría su propio partido como afiliado del mismo.

De hecho, al contar ya con la luz verde de la Cámara Baja para actuar contra él como proceda, Puente avanzaba que tras su interrogatorio como imputado se celebrará una vistilla a fin de valorar la imposición de medidas cautelares, que podrían ir desde el ingreso en prisión provisional hasta la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial para firmar.

Así las cosas, el que fuera hombre fuerte del PSOE, y de Pedro Sánchez, como responsable de organización de los socialistas, acude hoy ante el Supremo de manera muy diferente a cómo lo hizo el pasado 12 de diciembre, cuando prestó declaración voluntaria.

En aquella ocasión, negó haber recibido pagos de ningún tipo, ni en efectivo, ni en especie, del presunto «nexo corruptor» de la trama, el empresario De Aldama, a cambio de la adjudicación de obras públicas, como apuntalaba esta misma semana en la Comisión de Investigación del Senado el que fuera su jefe de Carreteras; y, para la compra de material sanitario, en especial mascarillas, en plena pandemia.

Quizás por ello, y porque desde entonces, Aldama ha ido poniendo sobre la mesa del magistrado instructor nuevas acusaciones y documentos, anotaciones y fotografías que complican su situación procesal, lo previsibles es que este jueves Ábalos se ratifique en su versión inicial. De la misma manera, será a preguntas de su defensa, del Ministerio Fiscal y del propio juez ya que, hasta la fecha, ha declinado responder al abogado del Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las siete acusaciones populares que hay personadas en la causa.

El informe de su sucesor en el cargo

Además, Ábalos tendrá que aclarar al juez algunas de las conclusiones recogidas en el informe de la auditoría interna encargada por su sucesor en el cargo, el actual ministro de Oscar Puente, que no le resultan demasiado favorables.

Pendiente, el análisis patrimonial que el instructor encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tanto sobre él como sobre su hijo Víctor. El magistrado solicitó «a la mayor brevedad posible» las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; los inmuebles o vehículos registrados a su nombre; y su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

Una de las cuales ha sido revelada en los últimos días por este diario, la ONG Fiadelso con la que Ábalos adquirió un terreno, y posteriormente edificó un inmueble por valor de 1,2 millones de euros en Perú, a su nombre y que, sin embargo, nunca hizo aflorar en su declaración de bienes en el Congreso.

El ex ministro de Transportes recurrió el encargo a la UCO al entender que el Supremo pretende «una revisión general» de sus actuaciones, «lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan 'fishing expedition'», o investigación prospectiva, para indagar en su «vida y obra» a ver si «existen otros delitos que puedan ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del investigado».

«La investigación patrimonial acordada, ¿se refiere a la fecha objeto de investigación de este proceso, o acaso, a la fecha en que Ábalos se hizo cargo del ministerio o, se extiende la investigación al momento que inició su carrera política?», preguntaba la defensa del ex secretario de Organización del PSOE al magistrado.

El letrado de Ábalos también reprochó a Puente que anunciase la vistilla para valorar la adopción de medidas cautelares cuando de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), esas medidas deben ser «solicitadas por el fiscal o por alguna de las acusaciones».

Al igual que el fiscal general del Estado, en la causa en la que el Supremo le investiga por un presunto delito de revelación de secretos, el ex ministro de Transportes acusó a su magistrado instructor de tener «una predisposición» en su contra. Instando la a celebración de «una comparecencia no solicitada» y apuntando a «una pérdida de objetividad e imparcialidad» por parte el juez.

En este complejo escenario, el ex secretario de Organización del PSOE comparece de nuevo en el Supremo sin que el Alto Tribunal haya resuelto su recurso de apelación, como parte de una batería de diligencias que arrancaron el pasado martes, con una prueba caligráfica efectuada por el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre.

Esta fase de la instrucción se extenderá hasta el próximo día 5 de marzo con la declaración de 17 testigos, entre los que están incluidos su hijo; su ex pareja, Jessica, a la que la trama pagó, presuntamente, un piso de cerca de 2000 euros mensuales en la céntrica Plaza de España; y, el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, también señalado como presunto perceptor de un sobre con 25.000 euros en efectivo por mediar en el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama.