La vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, en una imagen de archivo en el Congreso
Ataque a su independencia
El Gobierno intensifica su acoso a los jueces en vísperas de aprobar la ley que les quitará la instrucción
Los socialistas azuzan el fuego contra la Judicatura justo antes de sacar adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Bolaños quiere elevar al Consejo de Ministros en abril
Ni siquiera el comunicado conjunto emitido por las asociaciones de jueces y fiscales reprobando las palabras de María Jesús Montero hizo que la vicepresidenta primera se retractara ayer, tras anteponer el testimonio de una mujer a la presunción de inocencia, a propósito de la absolución del futbolista Dani Alves.
Y no se retractó porque el Gobierno está en una nueva operación; la de crear un caldo de cultivo contrario a los jueces en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una reforma que, entre otros cambios, quitará a los jueces la instrucción de los procedimientos penales para dársela a la Fiscalía General del Estado, que dirige el imputado Álvaro García Ortiz.
Fuentes gubernamentales consultadas por El Debate confirman que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene intención de elevar la nueva ley al Consejo de Ministros en el mes de abril, ya en segunda y definitiva vuelta. Será una vez que el departamento de Justicia termine de valorar las recomendaciones que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo sobre la reforma en un informe que remitió al Ministerio el pasado diciembre. De ahí irá directa al Congreso para su tramitación parlamentaria. Después de más de cuatro años de retraso, el ministro Félix Bolaños se ha propuesto sacarla adelante este año. Aunque, como para todo, el Gobierno depende de sus socios parlamentarios porque no tiene mayoría.
El «fiscal investigador»
El texto creará la figura del «fiscal investigador», que será el que tenga las competencias para practicar las diligencias, una tarea que actualmente recae en el juez instructor en las causas penales. El Ejecutivo sostiene que en la mayoría de los países de la UE ya son los fiscales los que instruyen, no los jueces. Sin embargo, el problema es que en España la Fiscalía General del Estado depende orgánicamente del Gobierno. La Judicatura viene pidiendo reiteradamente que, si esta reforma va adelante, vaya acompañada de otra de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cambiar el sistema de elección de los fiscales y reforzar su autonomía. Sin embargo, esa parte no entra en los planes de los socialistas.
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El proyecto de ley que Bolaños llevará al Consejo de Ministros de forma inminente ha cambiado respecto al anteproyecto que el Gobierno aprobó en noviembre de 2020, en plena pandemia. Entonces, el titular de la cartera de Justicia era Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Tal es así que, según ha podido saber este periódico, el PSOE se plantea matar dos pájaros de un tiro incorporando a esta reforma la limitación de la acusación popular, un mecanismo que el ministro Bolaños ha llegado a calificar de «nido de ultras» porque «hoy solo sirve para perseguir a personas progresistas, a sus familiares, a funcionarios, a humoristas, a políticos y a periodistas», en sus palabras.
La limitación de la acusación popular es parte de lo que se conoce como «ley Begoña»: la proposición de ley que el PSOE registró en enero en el Congreso para tratar de intervenir la Justicia por la vía rápida ante el avance de los casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente, a su Gobierno y a su partido. Entre otras cosas, cercenando la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír sean expulsados de las causas que afectan a Sánchez y prohibiendo directamente que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, puesto que en el caso de Álvaro García Ortiz está personada la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Sin embargo, nada más registrarla los socialistas se toparon con un escollo que aún no han conseguido solventar: Junts. El PSOE ni siquiera ha sometido la «ley Begoña» a su toma en consideración por el Pleno (el paso previo al resto de la tramitación en la Comisión de Justicia) porque no hay acuerdo con el partido de Carles Puigdemont, que se la tumbaría a las primeras de cambio.
La acusación popular está regulada en los artículos 101 y 270 de la Lecrim, así que la jugada de incluirla en la reforma de la ley que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas sería de lo más normal, a juicio de los socialistas. Bolaños se escuda en que hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han pedido que se regule esta figura para evitar abusos. Lo irónico es que estos siguen demonizando esta modalidad de acusación que ellos mismos ejercen siempre que pueden. Actualmente están personados en la causa que instruye una jueza de Catarroja sobre la DANA y en la que tiene abierta el novio de Isabel Díaz Ayuso, entre otras.
