La corrupción que salpica al Gobierno: del caso PSOE al caso Sánchez

La investigación del denominado caso PSOE ha sumado un nuevo capítulo judicial, esta semana, que ha tenido un impacto directo en la esfera política. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitía, este mismo viernes, al Tribunal Supremo el informe de situación patrimonial del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, revelando que recibió pagos en efectivo de una 'caja B' de Ferraz, de origen desconocido, mediante sobres con el membrete del partido, sin correlación con la documentación oficial, ni los movimientos analizados de sus cuentas bancarias. Hasta 95.000 euros en metálico que Ábalos habría destinado a su familia (en forma de pagos de cuotas de hipotecas y pensiones de alimentos), a realizar entregas a varias mujeres distintas y de los que cerca de 20.000 euros se habrían destinado, presuntamente, a compras de artículos de lujo y servicios de compañía.

El hallazgo de los investigadores, que salpica a la cúpula de la formación y al actual Gobierno, refuerza las evidencias del instructor al frente de las pesquisas, el magistrado Leopoldo Puente, de que la tríada Ábalos, Koldo, Santos Cerdán operó con ingresos no declarados durante la etapa en la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. No en vano, el más reciente dictamen de la UCO destaca como un hecho relevante que, «en el período comprendido entre 2018 y 2023, desaparecen las retiradas de efectivo», desde las cuentas de varios de los máximos responsables socialistas, «coincidiendo con un aumento significativo de sus ingresos en metálico».

La imagen ha resultado demoledora para un Sánchez que, a medida que avanzan las pesquisas de todas las causas penales abiertas en su entorno, tiene cada vez más difícil justificar no sólo que todo se deba a un «bulo» de la prensa y al lawfare sino que, además, él no sabía nada de las andanzas de quienes le acompañaron por toda España en un Peugeot, en 2016, buscando el apoyo de la militancia al 'sanchismo' como única alternativa para el futuro del mismo partido que le había defenestrado.

Casi diez años después de aquel tour ibérico, «el 1» es el único de los cuatro que no ha sido imputado pero que, inevitablemente, está cada vez más asfixiado por los indicios de irregularidades de todos los que operaron en su entorno más directo.

Al inabarcable 'caso PSOE' que afecta de lleno a uno de sus hombres de confianza, Ábalos, todavía aforado ante el Supremo, e imputado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, se han sumado los inequívocos audios de Leire Díez, la 'fontanera' del partido o la derivada de Santos Cerdán, en prisión provisional, lo que todavía agrava más la dimensión política del caso.

No en vano, Cerdán es quien habría ordenado a Koldo custodiar los avales que permitieron a Sánchez ganar unas primarias de su partido, en 2014, bajo sospecha de haber sido manipuladas; además de ser «la persona encargada de gestionar» más de medio millón de euros en presuntas 'mordidas' a cambio de obra pública, previamente amañada. El hecho de que la UCO, ahora, haya documentado pagos en sobres con membrete del PSOE, en un extenso y pormenorizado informe de 285 páginas, no solo erosiona la defensa de los principales implicados, sino que plantea múltiples interrogantes sobre la transparencia en la gestión interna de los socialistas.

El «vínculo» con el tráfico de influencias

Pero, si hay un punto de inflexión reseñable en el alud de irregularidades que rodean a Sánchez es el que, esta misma semana, ponía el juez Juan Carlos Peinado sobre la mesa, por primera vez desde que abriese la causa original contra su mujer, Begoña Gómez, en abril de 2024. El magistrado señalaba el «vínculo» matrimonial entre ambos como una pieza «fundamental» para «apreciar» la existencia de un presunto tráfico de influencias que ésta cometió, supuestamente, para beneficiar con adjudicaciones públicas, otorgadas por «criterios subjetivos», a su empresario de cabecera, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, en el análisis entregado por la Intervención General del Estado (IGAE) a la Fiscalía europea, que sigue el rastro de los posibles fondos comunitarios comprometidos, puso de manifiesto las irregularidades cometidas por la entidad pública Red.es en la concesión de varias licitaciones, con «fórmulas» manipuladas en base a criterios «subjetivos», por un valor total de 10,2 millones de euros a la empresa Innova Next, propiedad de Barrabés, gracias a las cartas de recomendación firmadas por Gómez.

La situación de Begoña Gómez es la que, políticamente, más perjudica a Sánchez si se demuestra que su mujer se aprovechó de la influencia que le proporciona ser la esposa del presidente del Gobierno para sus negocios particulares

Según el último auto dictado por el instructor –para acomodar las diligencias previas incoadas a la esposa del presidente del Gobierno por un total de cuatro delitos al trámite del tribunal del jurado– habría sido «muy difícil» que, sin esa «relación de parentesco», tanto Gómez, como el empresario Barrabés, como la asistente de la primera en Moncloa, Cristina Álvarez (dedicada habitualmente a los asuntos profesionales privados de su jefa), pudieran haber puesto «en práctica las conductas delictivas» por las que todo apunta que se sentarán en el banquillo y, si eso sucede, será ante un tribunal compuesto por nueve ciudadanos.

Estos hombres y mujeres, legos en derecho, tendrán la responsabilidad de dictar un veredicto, en base a las pruebas que se irán presentando por las partes personadas en el procedimiento, durante un juicio que, en su caso, tendrá que celebrarse con luz y taquígrafos, algo que preocupa a Sánchez por lo demoledor de una imagen que su mujer lleva meses evitando, con todo tipo de privilegios, cada vez que ha comparecido en el Juzgado.

Los otros hombres del presidente

Así las cosas, todas las investigaciones que se ciernen sobre el entorno del jefe del Ejecutivo han entrado, en las últimas semanas, tras el arranque del nuevo año judicial, en una fase decisiva; y, lejos del «no hay caso» que, al comienzo de las mismas, se convertía en el slogan oficial de los socialistas, todas ellas están condenadas a dirimirse en un juicio. También, la que ha llevado al procesamiento formal del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, por beneficiarse de un puesto creado a su medida en la Diputación de Badajoz que, además, le permitió vivir varios meses en la Moncloa –sin ser geolocalizado–, mientras fingía hacerlo en Portugal para tributar menos y salir del radar de la Hacienda española.

La propia Audiencia Provincial de Badajoz (APB), tras rechazar el último recurso del pequeño de los Sánchez, y un total de 10 implicados más, destacó cómo para consumar el 'enchufe' pudo ser determinante la «influencia» ejercida por el presidente del Gobierno, y secretario general de los socialistas, en la adjudicación 'a dedo' de la plaza creada a medida.

Y, cómo no, la que obligará al fiscal general Álvaro García Ortiz, a quien el Gobierno ha respaldado sin paliativos, a hacer el paseíllo en el Supremo, sin renunciar a su cargo, del 3 al 13 de noviembre, acusado de un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como parte de una 'operación de Estado' para desacreditar políticamente al verdadero talón de Aquiles del 'sanchismo'.