El Gobierno encara un Pleno al límite con el embargo de armas y su Ley de Movilidad en el alambre

Una semana les ha durado a los socialistas la tranquilidad parlamentaria, la semana en que no ha habido Pleno en el Congreso. Pero, ese martes, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a examinarse en la Cámara Baja. Vuelven los cálculos parlamentarios, los nervios, las conversaciones de última hora y las excusas para culpar a otros de la incapacidad propia; la que está mostrando el Ejecutivo a la hora de negociar con sus socios, los continuos y los discontinuos.

El Pleno debate este martes la convalidación del real decreto ley del embargo de armas a Israel y, el miércoles, el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. Dos iniciativas que están en el alambre por la posición de Podemos y que podrían pasar a engrosar las derrotas que ha sufrido el Gobierno en los tres primeros plenos del curso, los de septiembre: cayó la ley estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Cayó la proposición de ley del PSOE y Junts para la delegación de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, que además fracturó la bancada de Sumar. Y cayó oficina anticorrupción propuesta por el grupo parlamentario de Sumar y apoyada por el PSOE. A mayores, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue reprobada con las abstenciones de ERC, Junts, Coalición Canaria y el BNG. Y el Ejecutivo tuvo que renunciar a la subcomisión que anunció Sánchez para buscar un pacto de Estado contra la emergencia climática ante la falta de apoyos de sus socios.

Así que los socialistas llegan al Pleno de esta semana con el casco puesto, por lo que pueda pasar. Y los únicos que tienen la respuesta a esta hora son los cuatro diputados de Podemos, comandados por Ione Belarra. Los morados rechazan el real decreto ley del embargo porque lo consideran un «embargo fake» y también se oponen a la Ley de Movilidad Sostenible si el Ejecutivo no paraliza las ampliaciones previstas para el aeropuerto de El Prat y el puerto de Valencia.

De manera que el Gobierno puede salir de este primer Pleno de octubre habiendo encajado un 0-2, si caen ambas; con un empate a uno, si salva una de las dos; o con un 2-0, en un escenario idílico de conseguir la aprobación de ambas que ni los socialistas contemplan.

Por lo que respecta al real decreto ley del embargo, el pasado martes el Ejecutivo decidió no agotar el plazo de 30 días y adelantar su convalidación a este martes, aun cuando no tenía entonces ni tiene ahora los votos garantizados. Dos días después, Junts anunció su voto afirmativo, de manera que con una abstención de Podemos bastaría.

La polémica entre el bloque de Sánchez viene a cuenta de esa cláusula de exclusión que el Ministerio de Economía incluyó en el texto, según la cual el embargo se podrá levantar en casos puntuales, por cuestiones de seguridad nacional o de política exterior. Una salvaguarda que, según Carlos Cuerpo, el Gobierno utilizará lo mínimo o incluso nada, pero que ha generado la desconfianza de sus socios de izquierdas.

Incluso Sumar registró la semana pasada en el Congreso una proposición de ley para que, entre otras cosas, el Gobierno al que pertenece detalle las posibles excepciones a la norma. Para ello, el real decreto ley tendría que ser primero convalidado y, después, tramitado como proyecto de ley, de manera que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas. Los socialistas han accedido, pero porque saben mejor que nadie que esos proyectos de ley no van a ninguna parte. Ahora mismo hay 19 reales decretos leyes pendientes de desarrollar como proyectos de ley en el Congreso, sin visos de avanzar. Los socialistas los eternizan mediante ampliaciones constantes del plazo de enmiendas para que se queden como salieron del Consejo de Ministros, sin cambios.

En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible, el dictamen de la iniciativa superó el trámite de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso gracias a que Podemos no tiene representación en ese órgano, sino que la cuota del Grupo Mixto la ejerce el BNG. Pero el problema para el Gobierno se presenta en la votación en Pleno del miércoles.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reiteró este lunes la posición de su partido: o Sánchez accede a paralizar la ampliación del Prat y del puerto de Valencia o que no cuente con sus cuatro votos. «En la lucha contra el cambio climático y sus efectos sobre nuestras vidas, la incoherencia es, a efectos prácticos, equivalente al negacionismo». «No podemos apoyar con nuestro voto la apuesta suicida de este Gobierno por un modelo económico y social que está ya más que agotado», sostuvo.

La norma contempla, entre otras cosas, la obligatoriedad de puntos de recarga para coches eléctricos en todas las gasolineras y una futura regulación para prohibir los vuelos nacionales de menos de dos horas y media, siempre y cuando exista una alternativa en tren y no afecte a conexiones internacionales. Al tratarse de una ley ordinaria, no orgánica, al PSOE le bastaría una mayoría simple para aprobarla. Si no es con Podemos, al menos con el diputado navarro de UPN. Pero no lo tiene fácil.

Los malabares que tiene que hacer el Ejecutivo cada semana en el Parlamento contrastan con la ligereza con la que, el pasado viernes, anunció que impulsará una reforma de la Constitución para incluir el aborto para la que necesitaría mayoría de tres quintos de la Cámara Baja: 210 diputados. El PSOE y Sumar tienen 146.