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Pedro Sánchez, el pasado martes en el Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Pura ficción

Sánchez acelera el proyecto para incluir el aborto en la Constitución sabiendo que no saldrá

El Consejo de Ministros aprobará próximamente el anteproyecto, aunque no esta semana. El presidente es consciente de que no tiene los votos, pero su objetivo nunca fue la efectividad, sino el efectismo

Con el plan de paz para Oriente Próximo en marcha, Pedro Sánchez necesita una nueva bandera con la que espolear a la izquierda; y ésa no es otra que la del aborto.

El Gobierno anunció hace diez días que iba a promover una reforma de la Constitución para incluir el aborto en su articulado y así «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». A sabiendas de que no tiene los votos, porque necesitaría al PP. Pero el papel lo aguanta todo, y el presidente ha decidido poner la directa y llevar al Consejo de Ministros cuanto antes el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Carta Magna, según adelanta El País este lunes. En principio no irá este martes, según fuentes del Ejecutivo consultadas por El Debate, sino que quedaría para el de la próxima semana. Días antes de que Sánchez comparezca en la comisión de investigación del Senado.

El Ejecutivo quiere añadir una frase al tercer apartado de ese artículo, que reconoce el derecho a la protección de la salud. «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio», es su redactado actual. La modificación consistiría en incluir que también han de velar por «el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

Después, el anteproyecto deberá recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, entre otros órganos, antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto. Y, de ahí, al Congreso, donde con toda probabilidad morirá antes nacer. Una reforma así necesitaría una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja, 210 votos. Es decir, necesitaría al PP. Y el partido de Alberto Núñez Feijóo ya avisó de que con ellos no cuenten, la misma mañana en que el Ejecutivo lanzó el señuelo.

Pero Sánchez era y es consciente de ello. Nunca ha buscado la efectividad de la medida, sino el efectismo. Por un lado, resintonizar con las mujeres, escandalizadas por la red de prostitutas que tenían a su alrededor José Luis Ábalos y Koldo García. Por el otro, sembrar cizaña en el PP.

Lo primero está por ver que lo vaya a conseguir, a tenor de lo explícitas que son las conversaciones de whatsapp entre el exministro, su exasesor y la exmujer de este último conocidas estos días. Lo segundo le ha resultado más vez, toda vez que, el pasado jueves, Feijóo mordió el anzuelo del presidente.

Los populares han acabado enredados en un debate que nunca les ha resultado cómodo. Intentaron zanjarlo cuando, en mayo de 2023, el Tribunal Constitucional validó la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. «El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley», resumió entonces el presidente del PP. Pero no lo lograron. Siempre les vuelve.

La oposición frontal de Isabel Díaz Ayuso a crear un registro de médicos objetores (la reforma de la ley del año 2023 establece que las comunidades autónomas deberán tenerlo) ha servido de combustible interno. El jueves, Feijóo publicó un comunicado en sus redes sociales que fue interpretado como una desautorización a la postura de la presidenta madrileña. O, cuanto menos, una aclaración.

En él, el líder de los populares acusaba a Sánchez de intentar «reabrir debates del pasado para ocultar problemas del presente». Y prometía: «Yo no utilizaré causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad (…). Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes».

Con Sánchez en la Moncloa ya ha habido una reforma de un artículo de la Constitución. En concreto, el 49, para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad». Y ya ese simple cambio, inofensivo, costó años de negociación entre el PSOE y el PP, fruto del clima de desencuentro entre los dos principales partidos.

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