De la inocencia de García Ortiz al blanqueamiento de Bildu: las realidades paralelas que crea el sanchismo

El pasado jueves 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a 12 meses de multa y a dos años de «inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado» por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La primera reacción del Gobierno al fallo –que siempre defendió la inocencia de García Ortiz– la dio el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que afirmó que «el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo», pero «también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos».

No obstante, menos de 24 horas después el Ejecutivo elevó notablemente el tono. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tildó la condena de «injusta» a la vez que subrayó que «nadie está por encima de la ley, tampoco la señora Ayuso» y que «lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo». De la misma forma, fuentes de la Moncloa afirmaron sentir «indefensión y sorpresa» tras el fallo, aunque «no va a suponer una zancadilla a nada ni va a entorpecer» las políticas de Sánchez.

Así, el Gobierno ha creado una realidad paralela en la que, a pesar de que el Alto Tribunal ha castigado penalmente al fiscal general del Estado, desde el Ejecutivo sostienen que la decisión es «injusta» y ha causado «indefensión». Sin embargo, esta estrategia es algo común en el sanchismo, que la usa para desviar el foco y no tener que afrontar situaciones que le incomodan.

Por ejemplo, en muchas de las causas que salpican de forma directa a Sánchez, el Gobierno ha salido a defender a los afectados a pesar de las pesquisas judiciales. El Ejecutivo ha proclamado la inocencia del procesado David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo, aunque la jueza de instrucción Beatriz Biedma explicó el pasado mes de mayo –tal y como publicó El Debate– que el puesto de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios» fue creado «con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón», y que «el trabajo del Sr. Sánchez […] ha consistido en las funciones que él mismo fue eligiendo».

Con todo, el líder del PSOE aseveró este mes de noviembre que «lo he dicho en muchas ocasiones, como presidente del Gobierno, evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer».

En la misma línea, en febrero, después de que el familiar del líder del Ejecutivo dimitiese de su cargo en la Diputación de Badajoz, la entonces ministra portavoz, Pilar Alegría, destacó que «aquí lo único que hay es una persona, que es una persona honesta, que tiene una formación, con un amplísimo currículum, que se presentó a una plaza, que la ganó por sus aptitudes y que, sin embargo, se ha visto sometido a esta persecución por parte de organizaciones ultras».

El caso Begoña, Bildu y la Ley de Memoria

Asimismo, el sanchismo ha respaldado la inocencia de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, aun cuando está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación. «La denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos públicos en favor de determinadas empresas, que, al tiempo, le presten soporte ventaja o beneficio en el desarrollo de su exponencial de su carrera profesional», dictaminó la Audiencia de Madrid.

De igual forma, el Gobierno ha optado por blanquear el Bildu, un partido político que no niega sin paliativos la violencia, contrario a la Constitución y que tiene como principal objetivo la creación de una «república vasca». No obstante, después de que el PSOE apoyara a finales de 2023 una moción de censura para entregar a los de Arnaldo Otegi la Alcaldía de Pamplona, el ministro de Transportes, Óscar Puente, expresó que «en pocos días habrá otra alcaldía progresista en España y una menos en manos de la derecha, por eso le digo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido democrático progresista de este país se haga con la alcaldía de una capital de provincia de España».

En este contexto también se enmarca la aprobación, en la pasada legislatura, de la llamada Ley de Memoria Democrática, una norma con la que el Gobierno –yendo más allá de la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero– ha tratado de reescribir la historia de España en colaboración y gracias a Bildu.