Las mentiras del Gobierno en un mismo día sobre el verdadero alcance de la Ley de Nietos y su impacto en las elecciones

El martes 30 de septiembre de 2025, el ministro Ángel Víctor Torres compareció en Madrid en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La portavoz Pilar Alegría lo presentó con el marco oficial de siempre: «los nietos y los hijos de exiliados españoles que se fueron a América». Torres confirmó el dato: «240.000 hijos o nietos de españoles exiliados en América tras la Guerra Civil». Esa misma noche tomó un avión a Buenos Aires.

Dos en uno

El miércoles 1 de octubre, en Buenos Aires, presidió el homenaje a las víctimas de la dictadura argentina y se reunió con colectivos de descendientes. Ese mismo día concedió una entrevista al diario Clarín en la que la ley ya no era solo para los exiliados del franquismo: «Muchos fueron por razones políticas y por razones económicas. Por tanto, en eso nace la Ley de Memoria Democrática con una voluntad de resarcimiento».

Mientras Torres hablaba con el Clarín, su gabinete distribuía en Madrid el comunicado oficial del mismo día: «hijos y nietos de exiliados españoles durante la guerra y la dictadura franquista». Sin mención al exilio económico. Sin mención a ningún emigrante que no fuera víctima de persecución política. Mismo Gobierno. Mismo miércoles. Dos mensajes incompatibles con horas de diferencia: uno para España, otro para Argentina.

Nuevo cambio

El jueves 2, ante la colectividad española en el Centro Galicia de Buenos Aires, Torres volvió al marco oficial: «la diáspora española de 1939». En 72 horas había manejado tres marcos distintos ante tres interlocutores distintos. El relato se activaba y desactivaba según quién escuchara.

Colosal fraude político

Pero hay algo más grave que el doble discurso: Torres no decía la verdad ni en Madrid ni en Buenos Aires. En España omitía que la instrucción de Sofía Puente había extendido la ley mucho más allá del exilio político, seis días después de que las Cortes lo rechazaran. Y en Buenos Aires ocultaba el verdadero alcance: no el exilio económico de la posguerra, sino toda la emigración española desde el siglo XIX. El senador socialista César Mogo, responsable del área de Exterior del PSOE, lo dijo sin ambages en Uruguay y Buenos Aires: la ley es para «los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos y fronteras para ganarse una vida mejor». El siglo XIX no tiene relación alguna con Franco ni con la Guerra Civil. Eso no es reparación histórica. Es otra cosa.

El impacto electoral de la fraudulenta ley

El engaño ha sido sistemático, premeditado y quirúrgicamente diseñado para impactar en el censo electoral. De ahí que el Ejecutivo haya metido el turbo para acelerar la incorporación de nuevos nacionalizados mediante la externalización exprés a Ineco, la empresa pública que contrató a Jesica, la novia del ministro Ábalos, sin trabajar.

El impacto ya es constatable. El PP arrasa en el interior en las cuatro últimas elecciones autonómicas, mientras el PSOE gana en el voto exterior. El dato más demoledor llegó esta semana: en las andaluzas del 17 de mayo de 2026, el PP venció en el interior por 19 puntos y el PSOE ganó el voto exterior con 6.703 sufragios frente a 6.307. El censo exterior creció un 14,6 % desde las andaluzas de 2022, muy por encima del 8,45 % de las dos anteriores, antes de que existiera la ley cuando el PP ganó también en el exterior. La foto se ha invertido exactamente cuando debía invertirse. La ley, utilizada como coartada moral antifranquista en España, ya no es una hipótesis sobre el futuro electoral de Pedro Sánchez. Es el presente.

En unas elecciones donde hay provincias que han decidido su último diputado por 77 votos, varios millones de nuevos españoles en el censo exterior no son solo un dato demográfico, son aritmética electoral. De ahí que, acorralado por la corrupción, Sánchez repitiera la semana pasada en el Congreso: «Hasta el 27 y mucho más». La Ley de Nietos es una bomba de relojería electoral. Y lo vamos a ver.

Hannah Arendt lo resumió mejor que nadie: el primer paso de la propaganda consiste en sustituir los hechos por el relato. El problema para Sánchez es que antes se coge al mentiroso que al cojo. El doble relato del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática no es una anomalía ni un desliz. Es el reflejo de la pulsión antidemocrática y totalitaria del sanchismo que carcome la malherida democracia española: un Gobierno que legisla para el Parlamento diciendo una cosa, instruye a sus funcionarios para que apliquen otra, envía a sus cargos a América a prometer una tercera y confía en que nadie cruce las tres versiones a la vez.

Hasta ahora.