Una de las últimas fotos del diputado José Calvo Sotelo en su despacho de Madrid, en el año 1936.
Calvo Sotelo y la memoria democrática
La aplicación de la actual ley de memoria democrática no pretende salvaguardar la verdad, justicia, y reparación de las víctimas de ambos lados, si no la imposición de su credo político
La Ley de Memoria Democrática se lleva por delante la denominación del CEIP Calvo Sotelo, un centro escolar de titularidad pública situado en Sevilla.
Una vez más la aplicación de la ley vuelve a demostrar que en vez de fomentar la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, por el contrario, vuelve a reforzar la idea de la imposición de un relato político y único que amenaza la libertad de investigación y política de los ciudadanos.
La controvertida ley de memoria dice venir a consolidar el logro histórico de la democracia en España, aunque se dice heredera del liberalismo decimonónico, elimina de aquella tradición las constituciones de 1837, 1845 y de 1876, por contar con el consenso de los liberales conservadores, lo que ayuda a excluir de la tradición democrática a aquellos que procedan del ámbito cultural de la derecha política.
En ese marco de falsedad histórica, a la sociedad española le queda oculta por la sombra de la nueva censura represiva que promueve la ley, el libre estudio sobre el pasado reciente, especialmente sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. La ley con un lenguaje totalitario, similar al de sus congéneres fenecidos en el este europeo, imponen un relato acorde con su discurso político, eliminando la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, política o incluso religiosa.
Sepultar la investigación
La aplicación de la ley de memoria sepulta bajo el peso de la represión, la investigación sobre la realidad de la Segunda República, que no fue un periodo idílico de democracia, sino que instauró una constitución militante en su radicalismo, donde se ejerció una restricción de las libertades contra los católicos con la quema de iglesias; la expulsión de los jesuitas y la exclusión de las órdenes religiosas de la educación.
La radicalidad revolucionaria de los socialistas materializada en la frustrada revolución de 1934, se manifestó con su cruda realidad en Asturias con la formación de un ejército revolucionario.
La aplicación de la ley de defensa de la República censuró y cerró en numerosas ocasiones a los medios de prensa ligados a la derecha, siendo uno de ellos, La Nación, quemado el 13 de marzo de 1936.
El 15 de abril del mismo año, el diputado monárquico, José Calvo Sotelo, aludía a los 74 muertos, 345 heridos y 106 edificios religiosos incendiados desde la victoria electoral del Frente Popular.
Una elección controvertida por sus irregularidades, como bien fue demostrada por un estudio de los profesores, Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío, 1936. Fraude y violencia en la victoria del Frente Popular.
Las duras palabras del diputado conservador y líder del Bloque Nacional, una coalición de formaciones monárquicas, serán recordadas cuando sea finalmente detenido y asesinado un 13 de julio de 1936, por policías y militantes socialistas con relación con el gobierno, antes de la guerra y del posterior régimen instaurado por los nacionales al vencer en la Guerra civil.
La inclusión de su nombre en la lista de los talibanes de izquierda no demuestra ignorancia de la historia, si no, por el contrario, el verdadero propósito de los comisarios políticos de la nueva ley totalitaria, que es la extrañación del mundo político de las derechas, asegurando el secuestro de la democracia por la versión más agresiva de una izquierda que se siente heredera de Francisco Largo Caballero.
La aplicación de la actual ley de memoria democrática no pretende salvaguardar la verdad, justicia, y reparación de las víctimas de ambos lados, si no la imposición de su credo político y la proscripción de una parte de la sociedad, aboliendo la democracia en su misma substancia conceptual.
