De verdugos a supuestos mártires: la verdad silenciada de los terroristas de ETA y FRAP fusilados en 1975

El 27 de septiembre de 1975 se fusiló a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y a dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes «Txiki» y Ángel Otaegui). Las ejecuciones se llevaron a cabo en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, y provocaron una gran ola de protestas contra el gobierno de Franco. La respuesta internacional fue unánime a favor de los terroristas: doce gobiernos retiraron a sus embajadores e, incluso, el Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia por los asesinos. El resto de los condenados sería amnistiado en 1977.

Tres de los ejecutados pertenecían al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), PCE (m-l), una escisión maoísta del PCE oficial. El 1 de mayo de 1973 el FRAP realizó su primer asesinato al apuñalar a traición a Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, subinspector de la Brigada Político-Social.

El 14 de julio de 1975 asesinaron a Lucio Rodríguez Martín, agente de la policía armada, y el 16 de agosto del mismo año le tocó el turno a Antonio Pose Rodríguez, teniente de la Guardia Civil. El 14 de septiembre fue asesinado Juan Ruiz Muñoz, policía armado, en Barcelona, mientras compraba churros y patatas fritas a su hija de pocos años. Poco después, el 29 del mismo mes, otro policía armado, Diego del Río Martín, fue asesinado a tiros.

Los otros dos ejecutados eran miembros del grupo terrorista ETA, formado por universitarios, hijos de familias simpatizantes con el nacionalismo vasco. El grupo terrorista se había fundado en 1952, empujado por la necesidad de reforzar su activismo a favor de la independencia vasca. ETA inició su trayectoria asesina el 7 de junio de 1968, cuando el dirigente de ETA, Txabi Etxebarrieta, se encontró con un control de la Guardia Civil de Tráfico, asesinando al número José Pardines.

El radicalismo ideológico se amoldará a la violencia, tomando como modelo al FLN de Argelia. Durante el régimen de Franco, ETA asesinó a 46 personas, 13 de ellas en la masacre ocasionada en la cafetería Rolando, el 13 de septiembre de 1974.

En el caso concreto de los dos miembros de ETA político-militar ejecutados, Ángel Otaegui Etxeberria (Caraquemada) y Juan Paredes Manotas (Txiki), el primero había sido condenado por ser cooperador necesario en el asesinato de Gregorio Posada Zurrón, cabo primero de la Guardia Civil. En cuanto al segundo, el extremeño Juan Paredes Manotas había participado en los asesinatos de José Díaz Linares, subinspector de la policía, y de Ovidio Díaz López, cabo primero de la policía.

El relevo producido en el régimen tras el asesinato del presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973, con la sustitución de los tecnócratas por sus rivales, y los asesinatos que siguieron, dieron la justificación para una acción represiva frontal. Las imágenes de las protestas y las ejecuciones del 27 de septiembre de tres activistas del FRAP y dos de ETA, culpables de asesinato, envilecieron al régimen, destruyendo la imagen lograda por los tecnócratas.

En unas semanas, el régimen del «milagro español», a punto de entrar en la CEE y de adoptar un sistema representativo plural, daba una imagen de ser una dictadura brutal y evidenciaba la necesidad de una transición teledirigida desde el extranjero.

El FRAP terminó su actividad asesina allí, pero ETA vería llegar la época protagonista de los años de plomo. A partir del 15 de octubre de 1977, cuando se firmó la Ley de Amnistía General, se puso en la calle a 1.232 miembros de ETA. Los liberados reconstituyeron una organización que estaba desmantelada y protagonizaron el periodo más sangriento del terrorismo, con un muerto cada tres días en la región vasca. Será a partir de la llegada de los militantes amnistiados cuando, con la ayuda económica proporcionada por las extorsiones y la seguridad amparada por el presidente de Francia, se desencadene su mayor ofensiva contra la sociedad vasca.

En 1976 fueron 18 los asesinados; en 1977, bajaron a 12 muertos; pero en 1978, con la reorganización de la banda terrorista, subieron a 66; en 1979 se incrementaron a 80; y en 1980 alcanzaron su punto máximo: 98 asesinados. En los años clave de la transición, ETA fue actor determinante en el proceso evolutivo de implantación de la autonomía y del sistema democrático, con el asesinato de centenares de inocentes, miles de heridos y el exilio de casi dos centenares de miles de vascos.

Ahora, gracias a la Ley de Memoria Democrática y al apoyo de miembros del Gobierno, los asesinos tienen homenajes que blanquean su maldad, mientras las víctimas y sus familias permanecen en el olvido y lloran a sus seres perdidos que una vez fueron el escudo protector de la sociedad.