El desinformador que nos informará
Que un Gobierno, sea el que sea, se convierta en el garante de la veracidad de una información es el camino más seguro para que toda la sociedad acabe gravemente intoxicada
Leo la prensa del 29 de diciembre y tengo que mirar dos veces la fecha para cerciorarme de que ya ha pasado la efeméride de los Santos Inocentes. No es broma: al Gobierno de España le preocupa que los ciudadanos españoles sufran el efecto de la desinformación. Le quita el sueño hasta tal punto que la ha fijado como una de las líneas prioritarias de trabajo en la Estrategia de Seguridad Nacional.
No se me entienda mal, no es que la desinformación no represente una amenaza. Al contrario, lo es –lo ha sido siempre– de gran magnitud. Más si cabe en los tiempos que vivimos, en los que un mensaje es capaz de dar la vuelta al planeta en cuestión de minutos de whatsapp en whatsapp. Ahí están los resultados del refrendo del Brexit o las campañas pro-separatistas en Cataluña para demostrar las graves alteraciones sociales o geopolíticas que pueden desencadenar. Sin embargo, que Moncloa decida erigirse en el garante de la transparencia, la honestidad y la veracidad resulta hilarante.
Habrá que preguntarse qué entiende el Gobierno de España por desinformación. ¿Será que un pacto entre el PSOE y Podemos para gobernar España no dejaría dormir a Pedro Sánchez? No se le ven más ojeras que las propias del cargo que desempeña. ¿Será desinformación afirmar, por activa y por pasiva, que la derogación de la reforma laboral del 2012 es un compromiso indeleble? ¿O será decir que sólo es un fetiche político? ¿O que, cuando se modifica la legislación laboral vigente es un día histórico para España y el Gobierno está cumpliendo con la palabra dada?… ¿Cuál de todas las «verdades» es realmente «verdad»? ¿O todas las afirmaciones son desinformaciones interesadas?
Que un Gobierno, sea el que sea, se convierta en el garante de la veracidad de una información es el camino más seguro para que toda la sociedad acabe gravemente intoxicada. Es juez y parte. La mejor prueba, al margen del guion de película de disparates que Yolanda Díaz se ha escrito a cuenta de la reforma laboral, es la propia Estrategia de Seguridad Nacional. Moncloa dice que ha constatado que, cuando decretó el primer Estado de Alarma, en marzo de 2020, no tenía un conocimiento profundo del impacto de la epidemia de la COVID-19 en nuestro país, puesto que los datos estaban en poder de las comunidades autónomas y, por esa razón, incorpora a los Gobiernos regionales al sistema de seguimiento. Es decir, en un documento en el que se describen las principales amenazas sobre nuestras cabezas, el Gobierno se lava la imagen de cara a la historia sugiriendo implícitamente que permitió las manifestaciones del 8 de marzo porque desconocía lo que ocurría, que decretó un recorte de libertades sin precedentes sin saber exactamente lo que hacía, para, inmediatamente después, convertirse en el adalid del combate contra las campañas de desinformación que amenazan la seguridad de los ciudadanos. ¡Acabáramos!
El documento, que acaba reflejado en la prensa el 29 de diciembre, se firma el 28, Día de los Inocentes. ¡Duda resuelta! Más que estrategias, la mejor vacuna contra la desinformación es –como bien prueba la historia– la educación en libertad, el apetito por la lectura y una sana pluralidad informativa. A ser posible, sin dependencia del poder político. No logro encontrar esas recetas en la Estrategia de Seguridad Nacional.
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