El pecado original es de Sánchez, no de Puigdemont

La lógica de Puigdemont siempre ha sido perversa en términos nacionales, pero perfectamente coherente en su ámbito: una vez sofocado el intento unilateral y violento de independencia, investir a un candidato perdedor equivalía a convertirlo en su rehén y le permitía imponer un rescate en términos penales, la amnistía, y político, el blanqueamiento de la independencia catalana.

Que un independentista se comporte como un independentista es cualquier cosa menos una sorpresa. Y que todo lo hagan para alcanzar ese objetivo tampoco puede escandalizar a nadie. Estar dispuesto a ir a la cárcel o vivir en el destierro incluso dan una pátina respetable a Junqueras y a Puigdemont, pues demuestran la solidez de sus principios, por alocados e ilegales que nos parezcan, y el precio personal que están dispuestos a pagar por ello sin necesidad de recurrir al terrorismo, como otros en el País Vasco que ahora también se creen respetables gracias a la gratuita redención concedida por Sánchez, en pago a una nueva modalidad del viejo impuesto revolucionario.

Todos ellos, en fin, tienen razones para hacer lo que hacen, con un impacto que sería irrelevante o menor de no haberse topado con alguien que hace justo lo opuesto de lo exigible: la simple búsqueda de una mayoría parlamentaria, tras una derrota en las urnas, a sabiendas de que solo se podrá lograr si se avala todo aquello que se debería combatir es, en sí misma, una estafa perpetrada con dolo.

Si el origen de la investidura es fraudulento, por mucho que se consiga una aritmética efímera, todo lo que venga a continuación lo es también: la cadena de concesiones y rendiciones conculcan el principio democrático de que una coalición ha de sustentarse en la construcción de algo en común y consagran la nefanda deriva de conseguir la triste supervivencia ayudando a destruir a quien te mantiene con respiración asistida mientras atiendas ese objetivo.

La cuestión es que, por amplias que sean las tragaderas de Sánchez para conceder lo que no está en su mano, incluyendo un referéndum de secesión aceptado por escrito como opción en el indecente acuerdo entre el PSOE y Junts; España sigue siendo un Estado de derecho y no puede dar todo lo que pide Puigdemont y acata Don Teflón con las prisas y en la fórmula que uno impone y el otro asume.

Y de ahí que la ganancia inmediata solo haya sido para el PSOE, que ostenta un poder nominal en La Moncloa y otro operativo en la Generalitat, mientras Puigdemont sigue en el 'exilio', Salvador Illa gestiona el presupuesto y Junts se enfrenta a la irrelevancia por la consolidación del PSC y el crecimiento del partido ultra de Silvia Orriols.

Romper no es una opción, pues, sino una obligación una vez constatado que ni toda la indecencia de Sánchez es suficiente para atender todas las necesidades del separatismo, con dos consecuencias alternativas: o bien el PSOE romperá aún más las costuras constitucionales al objeto de atender el chantaje hasta donde pueda, o bien la legislatura mortecina iniciada en 2023 por la falta de escrúpulos del candidato socialista evolucionará a zombi y el colapso total de España, en el peor momento, será un hecho.

Mirar a Puigdemont es ocioso: se limita a decidir lo que más le conviene, sin pensar en los efectos para nadie y sin añadir amor a un burdo matrimonio de conveniencia que empieza por el interés y termina cuando éste encalla en los acantilados de la democracia.

En quien hay que fijarse, pues, es en Sánchez, el único en esta historia que ha hecho lo contrario de lo exigible para conseguir un premio que no merecía, con un resultado devastador al corto, medio y largo plazo: cuando deje la Presidencia, el secesionismo se sentirá ya para siempre amnistiado para volver a la carga; y antes habremos visto el intolerable pulso contra la propia democracia librado por un desquiciado líder que no tiene Presupuestos, carece de mayoría, ignora al Congreso, se enfrenta al Poder Judicial y se atrinchera en La Moncloa armado con el BOE.

La legislación española no contempla una figura similar al impeachment americano y confía el relevo de un presidente fallido a su propia decencia, con la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral anticipada; a una cuestión de confianza que solo puede convocar el afectado o, finalmente, a una moción de censura, tan necesaria como improbable porque reclamaría la complicidad de quienes han sido cómplices y beneficiarios de las andanzas sanchistas.

Un político decente nunca hubiera sido presidente en esas condiciones iniciales y, como Sánchez no lo es, será bien capaz de seguir siéndolo pese a las consecuencias devastadoras de ese pecado original. Entre otras cosas, porque desde ese trono de barro no se puede gobernar un país, pero sí se tienen algunos recursos mejores para defenderse del tsunami judicial, social e institucional que tiene encima. En el comienzo de la legislatura, a Sánchez le movió su codicia; ahora sobre todo le interesa salvar su trasero.