Ángel Víctor reñido con la ética

Es posible que Ángel Víctor Torres no haya cometido delito alguno. Pero no cabe duda de que, si la letra y el espíritu de la ley hubieran guiado su proceder, el quebranto a las arcas públicas no se hubiera consumado. Solo gracias a su persistencia, Soluciones de Gestión cobró las mascarillas, a pesar de que no estaban homologadas y Koldo pudo seguir percibiendo la mordida mensual de diez mil euros. Por eso la alegría y alivio del ahora ministro, celebrando en rueda de prensa que no hayan aparecido sórdidos mensajes que le vinculen con las actividades más vergonzantes de sus compañeros de partido, provoca estupefacción. ¿Qué tiene que festejar Ángel Víctor Torres? ¿Qué temía? ¿Acaso se vanagloria de que, gracias a él, sus vecinos pagaron un suculento sobreprecio por tapabocas que ni siquiera eran fiables?

Si no fue un ánimo de lucro personal el que le empujó a obrar como lo hizo y la UCO no lo detecta, solo cabe deducir que se prestó a satisfacer las demandas del chico de los recados de Ábalos y Cerdán, bien al servicio de los intereses de su partido, bien buscando agradar a su todopoderoso secretario de Organización. Es decir, Torres se implicó a fondo y apremió el pago de las facturas porque sabía que el beneficio acababa en Ferraz o porque aspiraba estar a buenas con José Luis Ábalos, el hombre fuerte del PSOE, por lo que pudiera necesitar de él, fuera un traslado a Madrid, un nombre en una candidatura o una obra pública que decantara el voto a su favor.

Su conducta, que quizá no sea delito, pero da vergüenza ajena, retrata una vez más las graves carencias de nuestro sistema de representación. Ángel Víctor Torres era el presidente de Canarias, gestionaba los dineros de los canarios, debía guiarse por sus intereses. En la práctica, en cambio, el presidente del archipiélago trabajaba y se plegaba a las exigencias de un oscuro fontanero para ganarse una invitación a comer almejas a la marinera en el Jai Alai con señor del puro, el novio de Jessica, el delegado de Pedro Sánchez, el que tenía el poder de hacer y deshacer en su carrera. El sueldo se lo paga el contribuyente, pero a quien obedece es al que representa sus siglas. Y solo por esa razón no debería ostentar cargo público alguno. No lo merece.

A sobresalto casi diario, apenas si nos queda tiempo para reflexionar acerca del gravísimo deterioro de la moral pública que provocan conductas como la suya. Cuando no es un presidente autonómico el que está entretenido en negocios particulares, son fiscales que destruyen la presunción de inocencia, un gobierno sin respaldo parlamentario emponzoñando la convivencia con mentiras... Uno solo de esos escandalosos hubiera forzado hace no mucho una convocatoria de elecciones. Ahora, la ingeniería social que nos azota ha retorcido de tal modo los estándares éticos que cualquier desmán, sea o no delito, no solo no se condena, es que se celebra convocando a las cámaras para que actúen de testigos.