La última batalla de Pedro Sánchez
Eso se juega en los meses que vienen. No un cambio de gobierno: eso ningún trauma sería para nadie. Lo imprescindible ahora, para un político acorralado, es cambiar la Constitución. A su medida. Ponerse, de ese modo, a salvo. Sánchez se asoma a la última batalla
Pereza ante lo que se nos viene encima. Inexorablemente. Esa turbia pereza que da afrontar algo sórdido que ya sabemos. España abre, tras esta breve semana de paréntesis, el peor fin de legislatura posible. No es, con exactitud, un fin de régimen: sopesemos las palabras. Pedro Sánchez ha venido, durante los últimos tres años intentando consumar un golpe de Estado blando. Esto es, una reforma fraudulenta de la Constitución sin pasar por los procedimientos reglados. Al lograr ese objetivo ha lanzado en avalancha la pesada máquina del Estado. No lo ha logrado del todo. Aún.
Ha trastrocado la Constitución, inventándose una amnistía para los golpistas catalanes que la literalidad de la Carta Magna excluyó explícitamente de su texto. Ha usado una instancia no jurídica –el Tribunal Constitucional– para romper la legitimidad última del poder judicial. Para lograrlo, ha disfrazado lo que es por ley un organismo de interpretación del texto de la Constitución en una quimérica instancia de casación de las sentencias del Supremo: un alucinado «Supremo del Supremo». ¿Su objetivo? Arrogarse la potestad de anular los fallos de lo que es instancia última de la juridicidad española. Y de cualquier juridicidad garantista. Hiriendo así de muerte la independencia de los jueces. Porque, nadie lo olvide, el Tribunal Constitucional es un órgano político, estrictamente político. Cuyos miembros son negociados directamente por los partidos. O sea, lo más opuesto que quepa imaginar a un poder judicial independiente.
¿Se ha consumado con esa interferencia el proyecto sanchista de acabar con los límites constitucionales que acotaban legalmente las tentaciones arbitrarias del poder ejecutivo? No del todo. Aún. Y, digámoslo bien claro, nuestro país tiene una deuda impagable con sus instancias judiciales: con el Supremo, de un modo extraordinario. Sólo los jueces han puesto freno eficaz a un gobierno empecinado en hacer de la ley un instrumento al servicio de sus privados intereses. ¿Y quién manda en la fiscalía…?
Sánchez, es cierto, logró que el Constitucional de Pumpido machacase a los magistrados que condenaron a los golpistas de Esquerra y Junts. Pero la magistratura resistió el golpe. La pusilanimidad de un Puigdemont, aún hoy incapaz de poner el pie en España por temor a la cárcel, habla bien claro de esa resistencia. Y, si en los asuntos que podían ser escenificados como «delito político», Moncloa ha ido, bien que mal, sorteando los obstáculos, el círculo de los delitos comunes –económicos mayormente– que envuelve a nombres esenciales del gobierno sanchista se estrecha hasta amenazar el gaznate mismo del presidente. Y, al cabo, los jueces han logrado sacar adelante procedimientos que todos temíamos ver abortados por la violenta hostilidad desplegada desde la Moncloa.
Ábalos ha sido arrojado al basurero por el propio presidente que había hecho de él su navajero favorito en parlamento y medios: la cárcel es su último horizonte. El esforzado caballero que, especularmente, ocupa ahora la que fue función ministerial y sociológica suya debería aprender a preocuparse por su futuro propio, con solo ver el destino de quien le precedió en cargo y maneras.
Al mentor áulico Zapatero, las cosas empezaron a torcérsele desde el día mismo en el que cayó el dictador Maduro. Bien es cierto que, en tanto que perdure Delcy –«Zapatero, mi Príncipe»–, el nuevo rico que un día fue azaroso presidente tendrá, parece, las espaldas bien cubiertas. Pero, ¿durará mucho tiempo en su silla la lugarteniente de Maduro? Es, como mínimo, un enigma. Tanto cuanto lo son los oscuros lazos que anudan la red del dinero volatilizado en torno a Plus Ultra. Todo sigue en manos de los jueces. Nadie, por más esfuerzos que desde Moncloa se hayan hecho, ha logrado parar eso. Zapatero finge bailar alegremente en el borde del abismo.
Y está la cosa familiar, claro. No la de la Famiglia a la siciliana, digo. No: la de la bendita familia de toda la vida. Se cruzan en ella negocios e influencias monclovitas de la hija de Sabiniano Gómez y peculiar plaza académica del hermano presidencial más artista. Los jueces que se han atrevido a imputar a la una y a procesar al otro, saben haber cometido un crimen de lesa sanchidad que no va a serles fácilmente perdonado. Han seguido adelante. Manteniendo un principio de igualdad ante la ley que muestra la más alta ejemplaridad política y moral a la que nos hemos asomado en los últimos siete años. ¿Se atreverá también el Constitucional de Pumpido a anular las sentencias que de esos procedimientos pudieran resultar? Nada es imposible. Nada.
Eso tiene que salvar Pedro Sánchez en los meses que vienen. El alto riesgo de acabar como acabaron los suyos: sentado en el banquillo de los acusados. Es imprescindible, para evitar tal ofensa, liquidar de una vez la autonomía del poder judicial en España. Una ley del poder judicial concebida para tal función es el arma última que el presidente maquina. Para promulgarla a tiempo, necesita una legislatura más. Eso se juega en los meses que vienen. No un cambio de gobierno: eso ningún trauma sería para nadie. Lo imprescindible ahora, para un político acorralado, es cambiar la Constitución. A su medida. Ponerse, de ese modo, a salvo. Sánchez se asoma a la última batalla. Va a darla, nadie se engañe. A muerte. Sí, ¡qué pereza!
