Claro que hay absentistas y vulnerables caraduras

Se han indignado mucho Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, los sindicatos y en general todo el parque temático de la miniizquierda española cuentista porque Feijóo, para hablar del absentismo laboral, ha utilizado la palabra «cáncer». Se hubieran ofendido igual, con las mismas voces e idéntica artificiosidad, si en lugar de utilizar ese término hubiese utilizado la expresión «problema gordo» o «panorama negro», tan insultantes para los gordos o los negros como la otra a los enfermos.

Es decir, nada, pero díganselo a quienes consideran más hiriente decir «cáncer» que instalar y mantener un tumor maligno en el corazón de la democracia, con una metástasis masiva de corrupción, mafia, despilfarro y guerracivilismo. O que, en términos clínicos, consideran infinitamente más letal una metáfora perfectamente descriptiva que una huelga masiva de médicos en toda España.

Así funciona la Sincronizada, cada vez más burda, desesperada y gritona, en la dosis directamente proporcional a la desesperación política y penal de sus promotores, resumida en un Sánchez a la que ya no le llega la camisa al cuello y tiene una cara a la altura de su alma.

En la vida no hay que recular cuando se tiene razón, y menos por miedo a una atmósfera adversa simplemente artificial: nadie de los que chillan conoce la calle, si la conoce, no la pisa y, si la pisa, huye rápido.

Porque allí, en la vida real, todo el mundo es consciente de que España galopa a lomos del sanchismo hacia su conversión en un Estado asistencial, en una fábrica de falsos vulnerables dispuestos a intercambiar su voto por una protección mediocre pero suficiente para ir tirando, que paga la otra parte del país con más esfuerzo y más impuestos que nunca en la historia.

El absentismo laboral existe, las bajas médicas forzadas también, y a todo ello se le añade un proyecto global empobrecedor que genera profesionales de la búsqueda de ayudas y subsidios de toda laya para ir tirando con menos esfuerzos de los que hacía el sastre de Tarzán para ventilar y el peluquero de Kojak para raparle.

No hace falta dar muchos datos para confirmar lo que todos vemos a diario, pero demos algunos: en España faltan a su puesto 1.6 millones de personas a diario, las bajas en cualquiera de sus modalidades han subido un 86 % desde 2017, el coste de todo ello para las empresas y las arcas asciende ya a 33.000 millones y, además, hay siete millones de personas, al menos, que disfrutan de algún tipo de subsidio, ayuda o ingreso del Estado sin haber contribuido al sostenimiento del mismo.

Nada de eso les convierte a todos en defraudadores de un brochazo improcedente, pero sí atestigua un marco insostenible para una sociedad que no puede aspirar al bienestar si mezcla, en un cóctel explosivo, el mayor paro de Europa, sueldos bajos, impuestos altos, una población envejecida, una inmigración masiva descontrolada y una propuesta política sustentada en el asistencialismo, la generación de vulnerables y la protección política clientelar.

Luchar contra el fraude en la concesión de fondos públicos, en cualquier orden y con cualquier destino, es una obligación que la izquierda siempre desecha, subida a los lomos demagógicos de que auditar el gasto supone desmembrar o discutir «lo público». En realidad, es al revés: los caraduras viven del esfuerzo ajeno de trabajadores, empresarios y ciudadanos en general, en quienes recae un mantenimiento que, unido al del propio Estado, cada vez más obeso e incompetente, asfixia a las clases productivas y empobrece al país entero.

Un trabajador, incluso con ingresos muy modestos, pierde el 38 % del coste que tiene para su empresa por la rapiña de la Administración Pública, con las más variadas excusas, muchas de ellas insolventes. Exigir que ese esfuerzo insoportable sirva al menos para ayudar a quien lo necesite, y no a los caraduras especializados en vivir del cuento, es un acierto político al que ni Feijóo ni nadie debe renunciar por los alaridos sindicales o políticos de quienes, ellos también, viven del cuento.