Morir o matar... el sistema

Hace un par de días conocimos la condena al hermano del presidente del Gobierno: nueve años de inhabilitación por prevaricación. E, igual que vimos hace pocas semanas con la sentencia a Ábalos, el antiguo número 2 del PSOE, toda la jauría izquierdista ha puesto el grito en el cielo. El Gobierno, los socios de investidura, los palmeros mediáticos, todos a una, han vuelto a disparar la misma basura de siempre: cacería, lawfare, ataque de la ultraderecha, jueces fachas, persecución política. Uno tras otro, en fila, repitiendo visceralmente el mismo guion.

Vamos a ver. Antes de seguir con el numerito, unas preguntas para toda esta gente que ladra:

¿Me pueden explicar, acaso, qué juez facha o qué partido ultraderechista fue el que le inventó a David Sánchez el puesto de Badajoz? Porque el puesto se creó de la nada. Una plaza «innecesaria y vacía de contenido», dice la sentencia. Un puesto público que el propio hermano del presidente admitió que no sabía ni qué hacía ni dónde estaba su oficina. Es que no es ya que lo enchufaran en un puesto que existía y al menos fuera a calentar la silla. No. Es que era un puesto que existía sólo en papel, para que pudiese cobrar un sueldo sin hacer absolutamente nada. Entonces, pregunto: ¿crear ese puesto fue idea de algún juez facha?

Por las mismas, ¿fue algún ultraderechista el que se infiltró en el despacho de Zapatero y, por alguna razón, le metió las joyas en su caja fuerte personal? ¿Acaso fue algún fiscal fascista el que obligó a Ábalos a acostarse con todas las prostitutas de España, a amañar contratos y a cobrar mordidas? ¿Fue algún tuitero de esa «ultraderecha mediática» el que creó las cloacas dentro del PSOE para acallar a jueces y periodistas? ¿Y ahora va a resultar que fue el Juez Peinado el que, por sus santas narices, obligó a Begoña Gómez a quedarse con un software que no era suyo, y a montar reuniones con los grupos que luego rescataba su marido? ¿Rescató algún magistrado franquista a una aerolínea venezolana en ruinas con el dinero de todos?

No. Nada de eso lo ha hecho un juez, ni un fiscal, ni un periodista, ni Vox, ni el PP. Lo ha hecho el Gobierno, el PSOE, toda la familia y la órbita de poder de Sánchez. Así que, os pregunto de nuevo, sed sinceros de una vez y aclaradnos por qué ladráis y gritáis tanto. ¿Negáis los hechos? ¿O lo que os fastidia es que os hayan pillado? ¿O, peor todavía, lo que no podéis aguantar es que, una vez os pillen, los jueces tengan la osadía de juzgaros?

Porque es ahí donde están. Ya ni se molestan en negar los hechos, que sería lo esperable. No dicen «esto es mentira», porque no pueden: los hechos están probados, en sentencias, negro sobre blanco. Lo que dicen es otra cosa. Lo que les subleva, lo que de verdad no soportan, es que se les juzgue; no ya que se les condene, ¡no quieren ni que se les juzgue! Les parece una grosería, casi un atrevimiento, que un juez ordinario ose sentar en el banquillo a los suyos. Como si ellos jugaran en otra liga, una en la que las leyes son para el resto.

Y como lo que les molesta no es el delito sino el juicio, no se defienden: atacan. Arramplan con todo lo que se ponga por medio. Si un juez condena, el juez es un facha. Si la prensa lo destapa, la prensa es una cloaca. Si el tribunal falla en contra, el tribunal conspira. No queda institución en pie: todas quedan, según ellos, contaminadas, compradas, al servicio de la ultraderecha. Y a fuerza de repetirlo cada día, desde cada ministerio y cada micrófono, intentan hacer calar la idea de que en España no hay justicia, sino cacería política.

Conviene detenerse un segundo en lo que esto significa, porque no es poca cosa. Esto es el gobierno, el Poder Ejecutivo, atacando de forma abierta y sistemática al Poder Judicial. Es un poder del Estado tratando de demoler la credibilidad de otro. Y la separación entre esos poderes no es un tecnicismo de manual: es el pilar sobre el que se sostiene una democracia, un Estado de derecho.

Están degradando, ladrillo a ladrillo, los cimientos mismos de nuestra democracia. Están dispuestos a llevarse por delante lo que haga falta, la independencia de los jueces, la confianza de los españoles en sus instituciones, la credibilidad del sistema al completo, con tal de no soltar el poder.

Y esto no ha hecho más que empezar. Quedan el juicio de Begoña, el caso Zapatero, la trama de Leire Díez y los más de cien cargos socialistas haciendo cola en los juzgados. Ante cada uno, esta gente echada al monte va a repetir la misma cantinela: puñal entre los dientes contra los jueces que los sienten en el banquillo y contra la prensa que ha destapado los escándalos.

Nos espera un año duro hasta las elecciones, un año de aún más crispación y más polarización, un año en el que el destrozo a la credibilidad del sistema puede acabar siendo muy difícil de reparar. Recuperar la confianza de los españoles en la justicia, y en sus instituciones en general, costará mucho tiempo y esfuerzo. Costará, pero se podrá. El primer paso, y el más urgente, es echarlos, y echarlos cuanto antes, porque cuanto más aguanten, más difícil será.