Reforma urgente de la función pública

Soy uno más entre la mayoría de españoles que considera que el principal obstáculo para el desarrollo del país y la elaboración de una estrategia capaz de afrontar los desafíos de estos tiempos cambiantes reside en la clase política y en la profunda atrofia en la que ha degenerado el sistema político español.

No obstante, los políticos no habrían podido socavar las estructuras del Estado, como lo han hecho sin la aquiescencia —al menos tácita— de numerosos altos funcionarios. Muchos de ellos, movidos por la ambición y el deseo de ocupar cargos bien remunerados, han antepuesto la adulación a los políticos a la vocación de servicio público y al interés general del Estado.

En España, altos funcionarios como abogados del Estado, fiscales, administradores civiles, técnicos comerciales, diplomáticos o letrados de las Cortes, entre otros, tienen una responsabilidad directa en el grave deterioro del funcionamiento de prácticamente todas las instituciones. El compromiso con el bien común y la responsabilidad, exigibles a todo servidor público, han sido en demasiados casos sustituidos por un afán egoísta de alcanzar puestos elevados y sueldos desorbitados, equiparables a los de ejecutivos de empresas, e incluso, en algunos casos y algunas embajadas, a los de presidentes de multinacionales.

A esto se suma el mercadeo de favores y sillones, la sumisión a los políticos y el desprecio por un servicio sincero y esforzado a la ciudadanía. Muchos altos funcionarios se han convertido en una casta muy alejada del ciudadano de a pie y de sus problemas reales.

Cuando logremos echar a Sánchez, sería deseable acometer una reforma profunda de la función pública. Una reforma que erradique comportamientos y prácticas indignas, y que contemple, en los casos más graves, la expulsión de los cuerpos del Estado.