La ministra de Igualdad, negacionista hasta hace dos días de la crisis de las pulseras antimaltrato, ha pedido perdón «por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura». Algunos de los cientos de asesores que tiene el Gobierno debería decirle a Redondo que no ha habido un problema de «ruido» sino de seguridad. Si el ministerio de Igualdad mejora la situación procesal de miles de violadores, si el ministerio de Igualdad es incapaz de garantizar la protección de las mujeres maltratadas lo mejor es estudiar si compensa que siga funcionando como lo viene haciendo y a razón de 550 millones de euros al año.