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16 de junio de 2024

TribunaJosé Ignacio Palacios Zuasti

Como en 1977, la amnistía no es la solución

45 años después, Pedro Sánchez, para poder continuar en la Moncloa, va a conceder una amnistía que hasta hace tres meses decía que no era posible y que tiene difícil o imposible encaje constitucional

Actualizada 01:30

El 30 de julio de 1976, 26 días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros concedió una amplísima amnistía que incluía los delitos y faltas de intencionalidad política y opinión, las infracciones administrativas de igual índole y los delitos de rebelión y sedición militar y otros tipificados en el Código de Justicia Militar, como el de los objetores de conciencia. Por eso, al día siguiente, el periódico ABC titulaba su editorial «Amnistía para la reconciliación» y decía: «…Se ha concedido la más amplia amnistía que cabía esperar, en función de la magnanimidad regia y de una elemental prudencia, no acrecida por ningún sentimiento ni idea que no fuera la de posibilitar, de una vez por todas, la necesaria reconciliación nacional» …Y concluía así: «… Que desde ahora mismo, apartadas todas las dificultades, únicamente reine entre nosotros la paz, la concordia y el diálogo honesto, aun en sus naturales discrepancias». A ella se acogieron muchos de los que unos meses después, el 15 de junio de 1977, salieron elegidos diputados o senadores en las primeras elecciones generales.

Pero la ETA siguió matando y extorsionando. El 4 de octubre asesinó en San Sebastián al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce, a su conductor y a sus tres escoltas. Y ya en 1977 mató a dos guardias civiles y a dos policías, secuestró a Javier Ibarra, a quien ejecutó después de tenerlo en cautiverio 33 días, y el 8 de octubre, asesinó al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, y a sus dos escoltas. En total, 13 víctimas mortales.

Para tratar de frenar esa espiral de violencia, el presidente Suárez encargó a Pérez Llorca que negociara con Javier Arzalluz, con quien se reunió en secreto en casa del letrado del Consejo de Estado, José María Martín Oviedo, donde se produjo el siguiente diálogo:

–Tenéis que hacer un esfuerzo para que no quede un solo preso de ETA en la cárcel.
–Eso no es tan fácil. Muchos de ellos tienen delitos de sangre. Y, además, son delitos de hace quince días. Delitos de sangre contra nosotros, los demócratas, no contra el anterior régimen.
–Hay que intentarlo. Si no, el País Vasco arde –insiste Arzalluz.
–Pero si los atentados no han sido contra el anterior sistema, sino contra nosotros…
–Es que son unos chicos equivocados. Por eso, no se los puede condenar.

Suárez cedió a las presiones del nacionalismo violento y moderado y llevó a las Cortes la Ley de Amnistía, que presentó ante la opinión pública como un requisito imprescindible para que los terroristas dejaran de matar. Por eso, cuando el 14 de octubre de 1977 la Ley de Amnistía era aprobada, él, sus ministros y los diputados y senadores de UCD estaban felices porque pensaban que muerto Franco, terminado su régimen e implantado un sistema democrático, la amnistía iba a ser el bálsamo que hiciera desaparecer a ETA, pues habían borrado la huella de todos sus crímenes y sus terroristas habían quedado limpios. Pero, como declararía 40 años después, en 2017, Maite Araluce, hija de Juan María, con esa ley que ya entonces se vio «como una cesión de Suárez ante los violentos y una victoria de éstos… las familias de las víctimas no saben quiénes fueron los autores de esas masacres. Estos, ni han pagado por esos crímenes ni lo van a hacer porque la amnistía fue un borrón y cuenta nueva. En principio era para que no volviera a suceder algo así, pero los terroristas la aprovecharon para rearmarse y para matar. Estas víctimas no tuvieron derecho a la justicia porque esos casos que fueron limpiados por la amnistía ni se investigaron, ni hubo detenidos, ni hubo juicio y, por eso, las víctimas tuvieron derecho a la mitad de la indemnización que, si bien es cierto que es un tema menor ante la muerte de un padre, de un marido, de un hijo, que no los van a volver a recuperar ni por todo el oro del mundo, al no haber juicio y al no condenar a los etarras a indemnizar a sus víctimas como sucedió después, si estos eran insolventes es el Estado el que lo cubre».

Y como los nacionalistas son insaciables, aunque a la amnistía le siguieron después la aprobación de la Constitución, del Estatuto de autonomía, con el que empezó a funcionar el Parlamento y el Gobierno vasco, y los conciertos económicos, nada colmó a ETA y la sangre siguió corriendo. El primer atentado mortal lo cometió en Pamplona –Joaquín Imaz– un mes después (26.11.1977). En 1978 mató a 66 personas, en 1979 a 80, en 1980 a 98 y… hasta 2010, a un total de 773 personas. Todo ello sin contar los miles de heridos, las miles de personas que tuvieron que llevar escolta, el entorno de 10.000 personas que fueron extorsionadas y los innumerables daños materiales. Ahora, 45 años después, Pedro Sánchez, para poder continuar en la Moncloa, va a conceder una amnistía que hasta hace tres meses decía que no era posible y que tiene difícil o imposible encaje constitucional. Con ella, él continuará en su puesto y los nacionalistas, como con la de 1977, seguirán exigiendo la independencia por lo que nada se habrá resuelto.

  • José Ignacio Palacios Zuasti fue senador por Navarra
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