El aborto, el derecho y el Consejo de Estado

Leo en este periódico el posible contenido de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la configuración de la llamada interrupción voluntaria del embarazo como derecho. Si se confirma la información, el país entrará en un grado de descomposición todavía mayor que el actual: radicalización ideológica, división social, ruptura en todos los órdenes. No parece otra la voluntad del presidente del gobierno: ir a un proceso constituyente al margen de la Constitución.

Lo que el Consejo de Estado pueda decir sobre el derecho a la vida es decisivo desde el punto de vista jurídico, y de ahí su gravedad. Hay tiempos en los que los gobernantes quieren que los juristas dejen de ser garantía de juridicidad y pasen a ser otra cosa. Federico el Grande lo sabía bien: «Dejad que me apodere primero de Silesia; luego, ya encontraré juristas que demuestren mis derechos sobre ella». Puede que los juristas no sean el valladar más eficaz ni para la moral ni para la vida en tiempos de convulsión (quizás tampoco sea esta su misión). Son esenciales cuando la política quiere que el Estado funcione, pero cuando decide imponer su autoridad sobre las instituciones para someterlas, entonces la política siempre encuentra, como Federico El Grande, juristas dispuestos a la tarea. Siempre ha sido así. No hace falta referirse –porque es notorio– a lo que ha ocurrido en España con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. La cuestión ahora es saber si el Consejo de Estado, que atesora uno de los más notables y prestigiosos cuerpos del Estado y una historia impagable, seguirá o no la misma senda. Si sucumbe, habrá bastado entonces con que el gobierno haya necesitado desesperadamente su concurso para que, al fin, tras mucho resistirse en otras materias, se cobre también esa pieza. La realidad, por desgarradora que sea, no deja de ser realidad. Gravísima realidad.

El gobierno quiere que el aborto sea consignado en nuestra Constitución como un derecho fundamental, pero sin las ventajas de serlo; es decir, sin tener que plasmarlo como tal en el lugar (el Capítulo II del Título I) que le corresponde, y sin tener que dotarlo de la protección que el poder constituyente quiso para los derechos fundamentales: reserva de ley orgánica, proscripción expresa del decreto-ley, invocabilidad directa ante los tribunales, reforma constitucional agravada (dos tercios de la Cámara) con inmediata disolución de las Cortes. La artimaña de introducir el aborto en el artículo 43 (derecho a la protección de la salud) y no en el 15 (derecho a la vida) para esquivar un proceso de reforma constitucional que exige la disolución de las Cámaras (y la pérdida del poder socialista, por tanto), es un fraude de ley constitucional que supone, además, que en adelante la regulación de la práctica del aborto quede exenta de la reserva de ley orgánica. Una mayoría parlamentaria simple podrá regularlo en su integridad e incluso, a la vista de la degradación del recurso al decreto-ley, podrán regularse, si corre prisa y se sortean con habilidad las limitaciones constitucionales, aspectos del aborto mediante decreto-ley porque, si bien las materias del Título I quedan formalmente excluidas de ese tipo de norma, que no las puede afectar, no es menos cierto que ese «no podrán afectar» debe ser entendido, según el Tribunal Constitucional, de tal forma que no reduzca a la nada el decreto ley ni se regule el régimen general de esos derechos a través del mismo. No hay que citar la cantidad de materias que con esos criterios han sido abordadas mediante decreto-ley. La vida del no nacido puede valer tanto en España como el medio ambiente, la cultura o la protección del patrimonio.

Se habrá pasado entonces, de que el no nacido esté protegido por el artículo 15 (derecho a la vida) a que el gobierno pueda irrumpir en la regulación colateral del aborto. Peor aún: contra el derecho a la vida se erigirá un nuevo «principio rector de la política social», el derecho al aborto, que habrá de informar, sin la protección propia de un derecho fundamental, la actuación de los poderes públicos, promotores obligados a partir de entonces de las prácticas abortivas. ¿Puede el Consejo de Estado bendecir ese engendro?

En cuanto a que el aborto sea regulado en el artículo dedicado a la protección de la salud, la mera lógica plantea dudas insalvables: ¿La salud de quién? ¿Del no nacido, cuya vida se va a destruir? ¿De la madre? Si de su salud se tratara, bastaría la regulación de supuestos que ya prevé la posibilidad del aborto en caso de riesgo para la madre. Lo que se está protegiendo es un constructo ideológico, «la salud reproductiva», consagrado por un organismo tan desacreditado como la OMS y según el cual aquella no se limita a la ausencia de enfermedad sino que implica una suerte de «bienestar integral» (que no se sabe muy bien lo que es, más allá de un concepto indeterminado y de un imposible vital) y de una «capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura»(tampoco se sabe qué tiene que ver todo eso con eliminación del concebido). Ese constructo fue elaborado para enmascarar el aborto. Los juristas, como se ve, pueden incluso llegar a suplantar la realidad real por la realidad legal, que de la OMS puede pasar después a los estados y de ahí a las clínicas abortivas, donde la realidad vuelve a imponerse en toda su crudeza. El aborto, así planteado, es la quintaesencia de la sociedad de consumo.

Con el derecho a la vida está pasando, en el fondo, lo mismo que con otros derechos fundamentales: que los estamos perdiendo. Que vivimos una época de regresión en materia de derechos y libertades. Basta con coger una declaración al azar, la de 1789, la de 1948, la de 1978, para darse cuenta de que no pocos de esos derechos están siendo diariamente ignorados desde el poder político, los oligopolios de la comunicación y los poderes económicos. Ello por no hablar de la desprotección de los derechos en la red, convertida en un escalofriante estado de naturaleza donde el hombre, más que nunca, es un lobo para el hombre.

Si el Consejo cede, la noble idea, en la que fuimos educados, de que la política y el poder debieran ser limitados y racionalizados mediante el derecho, habrá terminado. La misión del derecho habrá dejado de ser de garantía y habrá pasado a ser de justificación. Como tantas veces en la historia, las instituciones y el orden jurídico habrán sido sometidos. Levantado el velo del poder, no habría ya nada debajo.

Después de esta regulación del aborto, si se aprueba en esos términos, ya puede pasar lo que sea en España. El Consejo de Estado, si lo respalda (no quiero ni pensarlo), quedará dividido y mal herido, y estará dando cobertura a una grosera mutación constitucional y a la suplantación de la voluntad del poder constituyente por la de un trágico gobierno.