Los asaltos al Poder Judicial

Los contrapesos y separación de poderes democráticos en España están regulados en la Constitución, mediante un poder Legislativo (Cortes), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial (Consejo General del Poder Judicial – CGPJ y Tribunal Supremo– TS). Pero una vez que la plaga del Sanchismo ha invadido cargos e instituciones públicas, el Gobierno y las Cortes, sufrimos ahora el asalto al último bastión del Poder judicial.

En este punto conviene hacer una precisión. Se consideran «hechos notorios» aquellos que, respetando la presunción de inocencia, son evidentes a la vista pública por sus hechos y circunstancias, aunque lo nieguen sus autores o requieran ser probados. Y así sucede con el entorno sanchista, al que rodean demasiados «hechos notorios» de corrupción económica y política, consumados por sus socios, ministros, partido, esposa, hermano o él mismo.

En países democráticos, los casos «notorios» de corrupción se resuelven con dimisiones o sin necesidad de juicios, pero el sanchismo siempre declara que «no hay caso» (Koldo, Ábalos, Cerdán, Leire Díez, y familiares). Anteriores gobiernos del PP y PSOE también los han sufrido, pero el sanchismo los ha amplificado estructuralmente a todos los niveles y sin escrúpulos. La oposición parlamentaria y la sociedad civil organizada están dirigiendo peticiones de ayuda a las instituciones europeas y lo están denunciando. La plataforma Sociedad Civil Española, junto a centenares de entidades son representativas de ello.

Para actuar con impunidad, a Pedro Sánchez, sólo le queda poder influir en las sentencias e independencia del Poder Judicial, por lo que ha lanzado asaltos en tres frentes:

–En primer lugar, con la ley Bolaños o Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, por falta de personal y deficiente plan de implantación ha provocado un caos nacional que obstaculiza el amparo judicial a los ciudadanos.

–En segundo lugar, defendiendo la Ley de Amnistía, como pago a sus socios separatistas para mantenerse en el poder. En España, el Gobierno negaba la amnistía antes de las elecciones del 23 julio 2023, y posteriormente el Tribunal Supremo - TS dictaminó su inconstitucionalidad, pero Sánchez recurrió por conveniencia a un órgano ajeno a la cadena judicial, el Tribunal Constitucional - TC de Conde-Pumpido, para apoyar a los golpistas del referéndum ilegal y amañado que precedió a la ilegal declaración unilateral de independencia del 1 octubre 2017 en Cataluña.

El propio Sánchez, en su informe anual desde Moncloa del pasado 15 diciembre 2025, pretendió el veredicto favorable de la justicia europea. Y a más abundamiento, ha enviado al presidente del TC, Conde-Pumpido y su séquito progresista, a pontificar en varios países y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, para que apoyen este fraude inaceptable, pues ni la Constitución española consiente la amnistía, ni el derecho europeo admite autoamnistías políticas corruptas.

El inminente fallo del TJUE, de ser favorable a la Ley de Amnistía, daría al traste con la credibilidad de dicha institución y su actual presidente holandés Koen Lenaerts, causando graves daños a la confianza entre sistemas judiciales europeos. Un delito tan grave como declararse unilateralmente independiente y con malversación asociada, podría quedar impune y animar a su repetición en otras regiones españolas y europeas.

–En tercer lugar, intentando manipular el nombramiento de los 20 vocales del órgano supremo de los jueces, el CGPJ y su TS, con doble finalidad. A corto plazo, librar de la cárcel a los presuntos culpables de corrupción allegados al Gobierno. A medio plazo, controlar futuras decisiones del CGPJ y dictámenes del TS y del TC. En este intento ha contado con Conde-Pumpido, que no tiene competencias en la cadena ejecutiva del Poder judicial pero está modificando sentencias desfavorables para el Gobierno, con la excusa de preservar garantías constitucionales, como los casos Ley de Amnistía, Caso ERE andaluz, etc.

España ingresó en Europa porque cumplía, entre otros, el requisito de independencia judicial al nombrar la mayoría de Vocales del CGPJ por los propios jueces y magistrados (Articulo 122.3 de la Constitución, desarrollado en la Ley Orgánica 1/1980), pero sufrió su primer asalto días después de dicho ingreso, con Felipe González, Alfonso Guerra y su Ley Orgánica 6/1985 cuando dichos Vocales pasaron a ser nombrados por los partidos políticos. El Tribunal Constitucional advirtió entonces sobre el riesgo de politización, pero omitió decir que dicha Ley 6/1985 podría ser compatible con nuestra Constitución, pero incumplía los requisitos de nuestra Acta de adhesión a la Comunidad Europea firmada semanas antes. El último asalto se ha producido en junio 2024, al ser designados 10 Vocales por intereses del PSOE y 10 del PP, hecho que ha costado sanciones a otros países por incumplir el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que exige independencia del poder judicial.

Esta larga trayectoria, empujada desde el PSOE y consentida por el PP, supone un retroceso del Estado de derecho y control de finanzas en España, contrario al principio de «no regresión institucional». Los altos tribunales investigan, además de posibles irregularidades, la gestión de fondos públicos nacionales y europeos, lo que da idea de la importancia de la independencia judicial para la protección de intereses financieros.

Ante la necesidad de defender la independencia judicial, por pura supervivencia democrática, el diálogo entre instituciones españolas, sociedad civil organizada y organizaciones europeas, debería reforzar la eficacia y confianza ciudadana en las instituciones. Pero, como ya he detallado en tres artículos anteriores de este medio, El Debate, este Gobierno no atiende las recomendaciones del propio CGPJ español, Unión y Comisión Europea, Greco, Comisión de Venecia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, lo que nos sitúa frente al abismo del sometimiento de la justicia a intereses políticos partidistas y personales, con el agravante de sufrir, ahora y en España, al peor presidente de nuestra historia democrática.