¿Tiene la Iglesia algo (concreto) que decir sobre economía (y los impuestos)?

Aquí la respuesta más probable sea algo así como que hay que ser generosos y solidarios, buenas personas que ayudan a los demás y que no se dejan dominar por el egoísmo. Y no es que eso esté mal, para nada, pero el problema es que suena a demasiado vago. De ahí ese «concreto» que hemos incluido en el título. ¿Dice la Iglesia algo concreto, con repercusión directa en nuestras vidas, o se limita a repetir buenos deseos, un poco al estilo de esos anuncios buenistas que nos asaltan en fechas navideñas?

La respuesta, y aquí ya somos nosotros quienes nos mojamos, es afirmativa… según lo que entendamos por «concreto». Si buscamos una enseñanza de la Iglesia que nos diga el tipo porcentual de determinado impuesto ya avisamos del fracaso de esa búsqueda. La enseñanza católica en economía no entra en una prolija e interminable casuística —que, por otro lado, quedaría rápidamente obsoleta—, pero sí nos da criterios muy concretos para poder hacernos un juicio de lo que está bien y lo que está mal. También en economía. Y también cuando se trata de los impuestos, la segunda apostilla que incluíamos en el título y que, lo sabemos, son como la muerte: es imposible escapar de ellos.

Son criterios que no se basan en el capricho ni en la última ocurrencia de un teólogo, un obispo o incluso el mismísimo Papa, sino que nacen de la profunda y verdadera comprensión que sólo la Iglesia tiene de quién es el ser humano y para qué está en este mundo: «Jesús revela al hombre lo que es el hombre».

Pero no nos andemos por las ramas y vayamos a cuestiones concretas.

¡Viva la propiedad privada!

¿Les suena aquello de que «la propiedad es un robo»? Pues es mentira. Lo explica León XIII en la encíclica Rerum Novarum: «Poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza». La propiedad privada, pues, es un derecho natural que nadie puede pisotear sin violencia e injusticia. El Papa, además, lo concreta especialmente en el derecho a poseer tierra propia: el hombre «tiene en su mano elegir las cosas que estime más convenientes para su bienestar, no sólo en cuanto al presente, sino también para el futuro. De donde se sigue la necesidad de que se halle en el hombre el dominio no sólo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma». Ya podemos imaginar a Chesterton aplaudiendo: ¡Es justo eso! ¡ya lo decía yo! ¡tres acres y una vaca!

Fíjense, por cierto, en que León XIII dice, como algo obvio, que son los hombres los que tienen que elegir las cosas que estimen más convenientes para su bienestar. No los pedagogos, no los ingenieros sociales, no los funcionarios, no el Estado. Resulta obvio, pero hoy es negado por tantísimos que creen que saben mejor que nosotros lo que nos conviene.

¿Cómo se convierten los impuestos en expolio?

¿Y qué dice la Iglesia de los impuestos? ¿Hay que pagarlos o no?

San Pablo escribía a los gálatas: «Dad a cada cual lo que se le debe: a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo». El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos» y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que «los ingresos fiscales asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política». O sea que sí, que es legítimo que la autoridad nos ponga impuestos. ¿Todos? ¿De cualquier tipo?

El mismo Compendio recuerda, a continuación, algo muy importante y es que las finanzas públicas se deben orientar al bien común. Si el gobernante de turno maneja la recaudación fiscal como un botín para sus fines y los de los suyos… adiós legitimidad. Por eso Pío XI recordaba que ese gasto público debe atenerse al «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos». La lectura del BOE no será una actividad muy entretenida ni placentera, pero es muy iluminadora para comprender lo lejos que estamos de lo que pedía el Papa.

Pero hay más: han sido varios los Papas que han insistido en que toda la política fiscal debe «prestar gran atención al sostenimiento de las familias». Enorme cuestión que afecta al fundamento de la sociedad, que no es otro que la familia. Podemos leer a este respecto y con gran provecho unos párrafos de la tan citada pero poco leída Rerum Novarum donde el Papa afirma que «la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero es verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra». O sea, que la familia viene antes que el Estado y por eso «es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil» y tiene derecho a «elegir y aplicar los medios necesarios en orden a su incolumidad y justa libertad». Por eso cualquier impuesto —y cualquier legislación también— que socave la familia, que la haga dependiente del Estado, es injusta e ilegítima.

El impuesto a la muerte

Concretemos empezando por el «impuesto a la muerte». Uno trabaja duramente toda la vida, paga impuestos por lo que gana con su trabajo y esfuerzo y ahorra para poder dejarles algo a sus hijos… y cuando muere viene el fisco a llevarse un buen pellizco. Estamos pues ante un impuesto que socava la propiedad y que considera a los hijos como individuos que pasaban por allí, no como a miembros de una comunidad, la familia, donde los bienes familiares están a disposición del bien común de la familia. Por el mismo motivo tampoco tiene sentido que, cuando con tus ahorros quieres ayudar a tus hijos a pagar la entrada de la hipoteca, venga el Estado a ponerte un impuesto y pegarle otro zarpazo a la economía familiar. Cuando las transmisiones de bienes que quedan dentro de la familia son tratadas como si fueran intercambios entre meros individuos, se está ninguneando a la familia y cometiendo una grave injusticia.

El impuesto de los pobres

Hay veces en que los impuestos no se ven. Eso no los hace mejores, sino que suele llevar aparejada una voluntad de oscuridad y camuflaje. Es el caso de la inflación. Si preguntáramos, la opinión más generalizada al respecto es que la inflación es un fenómeno natural, como lo son los terremotos y huracanes. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos y sobrellevarla como mejor podamos. En algunos casos se vislumbra que hay acciones humanas detrás de la inflación, como cuando la guerra en Ucrania provocó el alza de la energía al cortarse el acceso al gas ruso, pero en general tenemos una actitud fatalista ante la inflación. Y sin embargo, cualquier estudiante de economía sabe que la inflación se produce, en ausencia de shocks como el antes señalado, por una mayor producción de dinero que, en consecuencia, pierde su valor.

No es casualidad que desde el abandono del patrón oro, que vinculaba la emisión de moneda a un activo más o menos estable, se haya disparado la inflación. Así, nadie se extraña ante la imagen de gobiernos dándole a la máquina de imprimir billetes que sirven para ir pagando sus obligaciones pero que genera una pérdida de valor de ese dinero. Siendo corresponsal en Berlín, en los años 1920, Josep Pla escribió sobre este fenómeno que llegó al extremo de que se llegaran a usar billetes de marco alemán para mantener encendidas las estufas. Ahora se puede seguir dándole a la maquinita, pero hay formas más sofisticadas de hacerlo. Lo que no cambia es que aumentar el gasto público por encima de nuestras posibilidades genera inflación. Déficit público e inflación son las dos caras de una misma moneda.

¿Y por qué a la inflación se le llama el «impuesto de los pobres»?

Impuesto porque funciona como tal: el gobierno recauda más —si hay inflación pero se mantienen los tramos del impuesto sobre la renta la recaudación se dispara— y obtiene más dinero para gastar también por la vía del endeudamiento. Pero resulta que la inflación, esa pérdida del valor del dinero y la consiguiente subida de los precios, afecta desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos. ¿Por qué? ¿No suben los precios para todos? Sí, la subida de precios no discrimina, pero son las familias más humildes las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a bienes y servicios básicos (como alimentos y transporte), que suelen ser los más afectados por el aumento de precios, empobreciéndolos así de manera especialmente intensa.

Y aquí volvemos a uno de aquellos criterios que propone la Iglesia para determinar si las finanzas públicas se orientan o no al bien común, que es la clave para que un impuesto sea justo o, por el contrario, sea confiscatorio. Decíamos que la Iglesia pone como condiciones que el uso de los recursos públicos fuera riguroso y que se atendiese especialmente al bien de las familias; pues bien, Juan Pablo II añadía también que en la redistribución de los recursos, las finanzas públicas deben seguir el principio de igualdad… algo que la inflación, ese impuesto de los pobres, vulnera.

Cuando tus ahorros se van evaporando

¿Son sólo las familias más humildes las afectadas por la inflación? Ya hemos dicho que no, aunque por el tipo de bienes al que destinan la mayor parte de sus ingresos lo son en mayor medida. Pero hay otro grupo al que la inflación afecta y muy gravemente: las familias que ahorran. Sí, esas familias que se aprietan el cinturón para poder apartar algo de dinero a fin de mes y, el día de mañana, poder usar esos ahorros para, pongamos, pagar los estudios de sus hijos, o una cuidadora para el abuelo con Alzheimer o sencillamente hacer una reforma en casa. Menuda sorpresa cuando se percatan de que, aunque nominalmente los euros ahorrados han crecido ligeramente por los intereses, en realidad valen menos por culpa de la inflación. Sí, dispones de más euros en el banco, pero como cada vez valen menos, lo que puedes pagar con ellos va menguando con cada año que pasa. Otra grave injusticia que apuntar en el haber de los que alegremente provocan inflación.

La deuda pública siempre creciente es insolidaria y antifamiliar

Ahora que nuestro gobierno no controla la máquina de imprimir billetes, el modo habitual para conseguir los mismos fines es recurriendo a la deuda. Una deuda pública que no deja de crecer y que la mayoría de los economistas reconocen que es impagable. Pero, ¿qué importa? Nos endeudaremos más y más y así iremos pagando los intereses… hasta que algún día la bola de nieve explote —pero para entonces yo ya no estaré allí para verlo y padecerlo—.

Esta adicción a la deuda, además de provocar inflación, es una injusticia cometida sobre nuestros hijos y nietos, a los que dejamos una pesada carga de la que ellos no se beneficiarán: lo sabemos todos, la deuda sirve para pagar nuestros gastos a día de hoy… y el que venga detrás que arree. Un comportamiento egoísta que censuraríamos en cualquier vecino, pero que aceptamos en silencio cuando es el Estado quien incurre en él. Y es que el recurso constante a la deuda es síntoma de que hemos caído en el individualismo más atroz, actuando como si no tuviéramos responsabilidad alguna hacia nuestra familia, hacia los que nos sobrevivirán. Pero también de que idolatramos al Estado y le permitimos acciones que serían tildadas de inmorales si quien las realizara fuera otro.

Una mirada católica, y concreta, a la actividad económica

Podríamos seguir con más casos en los que las enseñanzas de la Iglesia nos iluminan sobre la justicia y moralidad (o no) de diversas medidas y actuaciones en el ámbito de la economía, pero el generoso editor de La Antorcha es comprensivo con los autores que se alargan… hasta cierto punto. Y sospecho que estoy llegando a ese punto. Pero aún puedo colarle algunas breves sentencias para redondear el tema. Como que respetar y ayudar a las familias es siempre una piedra de toque. Lo mismo que el bien común —por eso el mercado necesita un marco que regule sus límites—. O que el principio de subsidiariedad no es un brindis al sol, sino una regla clave para la salud social —por eso los colegios que nacen de la iniciativa de los padres de familia deberían tener preeminencia sobre los estatales—. O que la propiedad no es absoluta, sino que sobre ella pesa una hipoteca social. O también que las cláusulas de los contratos no pueden ser abusivas (¿les suena aquello de la usura?). O, para acabar con la Rerum Novarum, que «defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo» y que el salario del trabajador debe ser «lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos». Bastante concreto, ¿no les parece?

Este artículo fue publicado originalmente en el último número de 'La Antorcha', la revista de la Asociación Católica de Propagandistas.