México, uno de los países más peligrosos para ser sacerdote: 95 agresiones graves desde 1990

Ser cristiano en algunos países hoy no solo es difícil: puede costar la vida. Nigeria encabeza, con diferencia, la lista de los países más letales, con más de 10.000 asesinatos de cristianos en manos de grupos extremistas. Pero hay otras violencias más silenciosas igual de persistentes. Desde hace más de una década, sacerdotes y religiosos enfrentan en México un flujo incesante de amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos, en un panorama dominado por el crimen organizado.

El Reporte Anual 2024 sobre la violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia Católica en México, elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial (CCM), pone 'el dedo en la llaga' sobre este doloroso tema. El documento informa sobre cerca de 95 hechos violentos contra miembros de la Iglesia entre 1990 y 2024, incluyendo un cardenal, 59 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos —además de una periodista católica asesinada— y dos sacerdotes desaparecidos.

Los laicos también son blanco de violencia

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), el reporte registra 25 casos de violencia contra miembros de la Iglesia, entre ellos 10 sacerdotes y un seminarista asesinados, así como siete obispos y siete sacerdotes agredidos.

Aunque la cifra de sacerdotes asesinados disminuyó respecto a gobiernos anteriores —19 con Peña Nieto y 17 con Calderón—, el informe advierte sobre una realidad menos visible pero igual de grave: la creciente violencia contra laicos comprometidos con la Iglesia.

Entre 1990 y 2024, al menos nueve laicos y una periodista católica perdieron la vida, evidencia de cómo la violencia que sacude al país también golpea a quienes, en muchos casos, «han asumido el papel que las autoridades han declinado», asevera el documento.

Una tragedia con múltiples rostros

El reporte humaniza esta tragedia al documentar casos que evidencian la variedad de agresiones contra miembros de la Iglesia. Sacristanes han sido atacados incluso dentro de sus propios recintos o sus inmediaciones, con algunos asesinados durante robos. Entre otras víctimas también destaca María Elizabeth Macías Castro, periodista católica cuya labor social en redes la convirtió en un blanco, costándole la vida. También se registran asesinatos de seminaristas, jóvenes en formación cuyos proyectos fueron truncados tras secuestros o ataques por parte de la delincuencia.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara, el 24 de mayo. La versión oficial sostuvo que el cardenal fue confundido con un líder del crimen organizado; sin embargo, investigaciones y declaraciones, como las del cardenal Sandoval Íñiguez, apuntan a que fue un «homicidio de Estado». El caso sigue sin resolverse.

Asesinato en Chiapas: el primero del sexenio Sheinbaum

Uno de los casos más recientes y notorios es el del padre Marcelo Pérez Pérez. El 20 de octubre de 2024 este activista de derechos humanos y expárroco en San Cristóbal de Las Casas fue asesinado a balazos mientras subía a su vehículo, viajando solo y sin escolta. Tenía 51 años y era conocido por su labor pastoral y su participación en el levantamiento contra el grupo paramilitar El Machete en Pantelhó. Dos días después, la Fiscalía de Chiapas detuvo a un hombre señalado como presunto responsable. Este crimen es el primero registrado en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El fenómeno de la violencia también incluye una preocupante cifra negra de agresiones físicas sin consecuencias fatales, así como ataques verbales, escritos o en redes sociales que «vituperan, difaman, denigran, descalifican o discriminan» a miembros del clero. El reporte lamenta que los sacerdotes católicos en México «siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría» en comparación con ministros de otros cultos, quienes «gozan de libertad, sin sanción alguna, por manifestar opiniones ciudadanas».

La creciente ola de agresiones a iglesias

Los recintos religiosos también son un objetivo frecuente. Se estima que alrededor de 26 templos, recintos y lugares de culto son atacados, profanados o asaltados cada semana. Esta cifra representa un aumento de alrededor del 600% en casi dos décadas, pasando de 4 recintos profanados por semana entre 1993 y 1999 a 26 semanalmente de 2007 a 2024.

El análisis de ataques a recintos religiosos revela tres tendencias principales: el 21% de los ataques a templos corresponde a delincuentes que irrumpen en busca de objetos religiosos de bajo valor y fácil reventa. Un 42% está vinculado a redes del crimen organizado, con operaciones más sofisticadas dirigidas al robo de arte sacro. El restante 37% se atribuye a agresiones motivadas por actos de intolerancia o discriminación religiosa.

Un «purgatorio legal» para las víctimas

Las extorsiones y fraudes dirigidos a ministros católicos van en aumento: durante el sexenio 2018-2024 se documentaron cerca de 900 casos de extorsión y amenazas de muerte a integrantes de la Iglesia en México. Sin embargo, la cifra negra es superior a las denuncias presentadas, ya que la falta de mecanismos articulados de prevención y denuncia impide tener un panorama claro del número de delitos, pérdidas económicas o los grupos detrás de ellos.

El informe, además de documentar estos hechos, busca mantener viva la memoria de los más de 80 crímenes cometidos contra sacerdotes, religiosos y laicos, ya que, como señala el documento, «si no se nombra, no existe». Muchos de estos casos siguen atrapados en un «purgatorio legal», sin justicia ni reparación del daño.

Enfrentando este complejo panorama, el CCM presenta una serie de recomendaciones para hacer frente a la magnitud de esta alarmante persecución silenciosa en diversas regiones de México. Entre ellas, subraya la urgencia de dar seguimiento a los casos penales, fortalecer la cooperación con organizaciones defensoras de derechos fundamentales para analizar y denunciar estas violaciones, mejorar los protocolos de seguridad eclesial y crear un censo real de ataques al patrimonio.