El gran desmadre de los gastos contabilizados: 42.300 millones en un mes

Julio ha sido apoteósico, a la par que espeluznante. En apenas un mes se han contabilizado únicamente en la Administración General del Estado, nada menos que 42.270 millones de euros más en gastos, o como prefiere llamarlo la Intervención General del Estado: el «Estado».

Aunque si preguntamos en Bruselas, a Eurostat le suena mejor Gobierno Central. Pura semántica, pura nomenclatura que al final solo sirve para distraernos de lo verdaderamente importante: el gasto real de Pedro Sánchez y de su Gobierno.

Hasta el 30 de junio llevábamos registrados 165.173 millones de euros en gastos, cifra que incluye los 27.529 millones correspondientes a las pagas extras de más de 500.000 empleados públicos del Gobierno de la Nación, además de los más de 12 millones de personas que dependen del Estado: desde pensiones contributivas y no contributivas hasta clases pasivas, pasando por prestaciones por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital, que suman otros 4 millones. Estos últimos, eso sí, no perciben pagas extras, pero igualmente engrosan la factura del gasto público.

Lo que ocurre en julio es muy distinto: de repente aparecen y florecen gastos que permanecían escondidos en los cajones, esperando ser contabilizados justo después de haber enviado a Bruselas los datos «oficiales» del déficit.

Una estrategia que ya conocemos, inflar el déficit en julio para maquillar las cifras de junio, aunque en la práctica esto signifique haber cerrado ese mes con un déficit real del 2,4 % del PIB. El problema es que esa realidad no se verá reflejada hasta septiembre, lo que deja al Gobierno un margen de maniobra de dos meses para ir ajustando o reinterpretando cifras a conveniencia.

Por eso, si realmente queremos entender dónde estamos y hacia dónde vamos, no basta con quedarse en los titulares. Es imprescindible analizar al detalle los datos publicados por la IGAE, porque allí está la verdad que el discurso oficial pretende esconder.

En este cuadro de datos podemos ver que el gasto de julio frente al de junio crece un 25 % y que ninguna partida baja del 10 %... para casi todas hay excusas y explicaciones.

En el capítulo de salarios, la IGAE nos explica que la cifra ha crecido por una razón «extraordinaria»: se ha abonado una actualización del 0,5 % que correspondía a una parte, pero no a todo, el personal público desde enero, pero que se ha hecho efectiva a partir de julio. Es decir, seis meses tarde.

En intereses vamos incluso por debajo de la media y todavía lejos de las previsiones enviadas a Bruselas.

Las prestaciones sociales también aportan lo suyo. Según el informe, la culpa del incremento recae en las clases pasivas, cuya factura está aumentando nada menos que un 6 %. Un gasto que, lejos de moderarse, seguirá creciendo con el envejecimiento de la población y el agujero cada vez mayor del sistema de pensiones.

Pero la verdadera bomba de julio está en las transferencias a las Administraciones Públicas: 132.102 millones de euros, con un incremento en un solo mes de 32.243 millones, es decir, un brutal 32,3 % más. Y aquí merece la pena detenerse:

Así tenemos que los Organismos Autónomos que dependen del Estado han percibido 1.501 millones más, con una subida del 20,3 %

En las Comunidades Autónomas, la explicación es que en julio se les ha transferido la liquidación del Impuesto sobre la Renta de 2023. Es decir, en julio de 2025, se les liquida con carácter retroactivo lo que no se les pagó sobre lo recaudado en la renta del 2023, realizada en 2024. Sinceramente es una forma muy burda de retrasar una deuda contraída que se podría ir transfiriendo desde enero de 2025 y ajustar en julio si se ha enviado de más o de menos. Pero no interesa que se vean gastos en el primer semestre, porque subiría el déficit en 10.334 millones en ese período.

Lo mismo pasa con los Ayuntamientos y Diputaciones a los que se han transferido 1.946 millones de más, que sumado a los 10.334 nos dan un total de 12.280 millones de euros, que realmente son déficit y gastos del primer semestre, que hubiese producido un déficit del 2% y saltado las alarmas en la UE.

Y, por último, sorprende la cifra de la Seguridad Social proporcionada por la IGAE en este informe donde nos dice que se le han enviado a la Seguridad Social 36.202 millones con un incremento de 6.946 millones cuando la propia Seguridad Social reportaba entre sus ingresos en junio de este año una recaudación neta por Transferencias Corrientes de 32.179,35 millones.

Así que esta es la situación. Si se continúa retrasando la imputación de gastos llegará un momento en que ni los trucos ni las estadísticas «tezanizadas» podrán tapar la realidad.

España está gastando muy por encima de lo que ingresa, y cada euro de deuda compromete el futuro de varias generaciones. El problema ya no sólo es de cifras, es sobre todo de credibilidad, y esa se pierde una sola vez.