El fracaso del siglo: todavía quedan por pagar 16.700 millones de los fondos europeos
No necesitamos más fondos, necesitamos un Gobierno que sepa administrarlos. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo titulares triunfalistas y cifras millonarias sobre el papel, pero muy poca realidad transformadora sobre el terreno
La medida más ambiciosa tomada por la Comisión Europea, posiblemente, fue la creación de los Fondos Next Generation para mitigar los efectos de la pandemia, financiados por primera vez con deuda común. Una deuda que, no lo olvidemos, habrá que devolver, y que obligará a los Estados miembros a apretarse el cinturón en los próximos años para transferir recursos a Bruselas.
Estos fondos debían servir para impulsar la recuperación económica, especialmente en los países más golpeados por la crisis, como Italia y España. Entre ambos absorbemos 355.000 millones de euros, es decir, casi la mitad del total (47 %).
España empezó recibiendo los fondos con rapidez, pero pronto las entregas se ralentizaron por la incapacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos pactados.
El 17 de agosto de 2021 recibimos la primera remesa de 9.036 millones, a la que se sumaron otros 10.000 millones el 27 de diciembre del mismo año. El segundo pago llegó el 29 de julio de 2022, con 12.000 millones adicionales. Así, en los dos primeros años tras la pandemia, España acumuló 31.037 millones de euros.
En 2023, los retrasos en las reformas comprometidas y en la documentación sobre el uso de los fondos redujeron el ritmo: solo se percibieron 6.000 millones, correspondientes al tercer pago, tras la prefinanciación inicial.
Ya en 2024, recibimos dos prefinanciaciones menores, 340 millones en enero y 1.043 millones en febrero, y un cuarto pago de 9.883 millones el 26 de julio. Hasta el 31 de julio de 2024, España había ingresado 48.303 millones en transferencias a fondo perdido, es decir, subvenciones que no deben devolverse, salvo por uso indebido.
Tras un año de sequía, el 8 de agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda anunció un nuevo desembolso: 7.100 millones en subvenciones, incluyendo un pago pendiente del cuarto desembolso, y 16.000 millones en préstamos.
Sin embargo, los datos de la IGAE, publicados el 12 de septiembre, solo reflejan la situación a 31 de julio de 2025. Según ese informe, de los 48.303 millones recibidos, aún quedaban 24.835 millones de créditos presupuestarios disponibles a comienzos de año. Para no perderlos, el Gobierno pidió a Bruselas su reprogramación, lo que ha supuesto recortes ministeriales que suman 6.
Así, todavía hay disponibles 18.774 millones, de los cuales solo se han ejecutado y pagado 2.002 millones. Una cifra ridícula.
Lo más grave es el retrato de la incompetencia ministerial:
- Educación perdió 1.202 millones.
- Industria, 1.340 millones.
- Transición Ecológica, 2.364 millones.
- Transportes, 794 millones.
- Ciencia e Innovación, 1.301 millones.
En total, seis ministerios incapaces de gestionar 10.171 millones de euros.
Mientras tanto, otras carteras como Economía (1.468 millones) o Vivienda (1.334 millones) han recibido parte de esos fondos reprogramados, junto a pequeñas partidas redistribuidas (1.425 millones más).
Pero incluso con estos traslados, la ejecución es un fracaso: de los 18.774 millones aún disponibles, solo se ha transferido un 10,7 %.
La situación roza lo grotesco:
- Ciencia e Innovación apenas ha ejecutado 13.000 euros, un 0,0 %.
- Transición Ecológica, el 0,8 %, cuando España necesita baterías de almacenamiento y refuerzo de la red eléctrica.
- Educación, otro 0,8 %, pese a las carencias evidentes en digitalización.
- Transportes, el ministerio del ministro tuitero, ha ejecutado el 14,3 % de sus 257 millones. En siete meses: apenas 1,3 millones semanales.
La realidad es tozuda: España no tiene un problema de fondos europeos, tiene un problema de gestión política y administrativa. Bruselas ha puesto a disposición del Gobierno de Sánchez decenas de miles de millones, pero nuestros ministerios han demostrado una incapacidad estructural para ejecutarlos con la diligencia y seriedad que se debería exigir a cualquier ministro. No hablamos de tecnicismos burocráticos, hablamos de oportunidades perdidas para modernizar la industria o digitalizar la economía.
Que a julio de 2025 solo se haya ejecutado y pagado poco más del 10 % de los fondos disponibles es algo más que un fracaso: es un escándalo político, una estafa a los ciudadanos que pagan impuestos y a las generaciones futuras que deberán devolver una deuda europea que, paradójicamente, no parece que se esté transformado en progreso real.
El Gobierno ha convertido la mayor oportunidad de inversión de nuestra historia reciente en un lodazal de improvisación, negligencia y pasividad. Lo peor es que el tiempo corre en su contra: lo que no se ejecute, se perderá. Bruselas no va a esperar a que los ministros terminen sus tuits ni a que los altos cargos descubran cómo tramitar un expediente. España se está quedando atrás, no por falta de dinero, sino por falta de capacidad de gestión.
La conclusión es clara: no necesitamos más fondos, necesitamos un Gobierno que sepa administrarlos. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo titulares triunfalistas y cifras millonarias sobre el papel, pero muy poca realidad transformadora sobre el terreno. Y la factura, como siempre, acabará recayendo sobre los españoles.
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