Estamos ante la mayor fuente de corrupción, o ante la mayor mentira estadística de nuestro país
Es necesario saber dónde está el verdadero problema: si es un caso de malversación de caudales públicos, o se está pagando correctamente pero entonces están falseadas las estadísticas de paro
Los datos que voy a comentar en este artículo solo nos pueden llevar a dos posibles conclusiones:
- Estamos ante una brecha de corrupción institucional en la que hay implicados miles de funcionarios, que aceptan estar pagando prestaciones por desempleo a miles de trabajadores que no están parados, pero que reciben mes a mes su correspondiente ingreso como si estuviesen parados.
- O estamos ante la mayor mentira estadística de nuestro país, porque hay seis provincias completas y una comunidad autónoma en las que la gente que cobra la prestación por desempleo es superior al número de parados oficiales.
Quien facilita los datos del número de parados oficiales que es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige la comunista Yolanda Díaz, y en concreto es el Servicio Público de Empleo Estatal, un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y su propio presupuesto, pero que está adscrito al ministerio de Díaz, quien nombra a los altos cargos de dicho organismo.
Ese mismo organismo, es el que publica la tasa de cobertura de Prestaciones por Desempleo, que es ni más ni menos que el porcentaje de las personas desempleadas están recibiendo algún tipo de prestación. Así, si la tasa es de un 70 %, esto quiere decir que el 70 % de los parados está recibiendo algún tipo de ayuda. Si la tasa supera el 80 % se considera una tasa muy alta, pero si la tasa es del 360 %, como es el caso del mes de enero en todas las Islas Baleares, es que se está pagando ese dinero al 360 % de los parados, lo cual además de ser imposible sería o un inmenso fraude económico o un inmenso fraude estadístico.
La corrupción, sea por prevaricación de caudales o sea por fraude estadístico, se ha instalado en nuestro país
A partir de aquí el director General del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, nombrado para su puesto el 6 de julio de 2018, y el subdirector general de Estadística Ricardo Cuesta García, deberían de dar cumplidas explicaciones de qué es lo que está mal. Es necesario saber dónde está el verdadero problema, si estamos pagando a más trabajadores de los que les corresponde y, por lo tanto, estamos ante un caso de malversación de caudales públicos, o se está pagando correctamente pero entonces están falseadas las estadísticas de paro.
Lo que no puede ser, y además es imposible, es que tengamos seis provincias y una comunidad autónoma en los que hoy los datos acumulados de los nueve primeros meses del año no cuadran, o en tasa de cobertura o en parados con derecho a prestaciones.
Para que lo veamos tan claro como el agua de los manantiales españoles, he preparado esta tabla, en la que he añadido a la Comunidad de Madrid como un referente en el que esto, aparentemente, no pasa.
Así tenemos que en Almería la tasa media es del 98,5 %, pero los cuatro últimos meses del año ha superado el 100 % de cobertura, llegando en julio al 125,3 %.
En Huelva pasa más de lo mismo, la tasa de cobertura de los tres trimestres se va al 110 %, con cinco meses superando el 100 % y el resto superando el 90 % y llegando en agosto al 135,7 % de los parados a los que se les ha pagado las prestaciones por desempleo.
En Jaén, en ocho de los nueve meses se ha superado la cifra del 100 %, la tasa media es del 106,1 %, así que tenemos a un 6 % de «No Parados», cobrando el desempleo.
En Huesca se puede decir que todos los meses han superado el 100 %, ya que un mes se ha quedado al 99,1 %. Cáceres se queda en el 98,3 % con tres meses superando el 100 %.
Y aquí tenemos el caso más llamativo de todos, donde de cada 100 parados que hay en las Islas Baleares cobran el paro 176, pero con meses como enero que los cobran el 360 %, o febrero que lo cobran el 298 % y todos los meses superan el 100 %.
Esto, a la par que intolerable, es la demostración palpable de que la corrupción sea por prevaricación de caudales o sea por fraude estadístico, se ha instalado en nuestro país, propiciado desde las Instituciones del Estado, con el objetivo o de lucrarse o de dar datos falsos sobre una de las variables que demostraría que la economía no va bien, porque el paro sería mucho mayor que el reportado a los mercados, a Eurostat y a la Comisión Europea.
Lo que está pasando es un tema muy serio, a la par que muy preocupante. Estamos posiblemente asistiendo al fin de una época, que va a dejar muy tocada la realidad estadística y económica de nuestro país y que puede hacer saltar por los aires lo poca credibilidad internacional que nos queda y, provocar el día que las agencias y los mercados internacionales lo descubran, un gravísimo problema de financiación. Por desgracia, poner en orden las finanzas públicas lleva su tiempo.