¿Hay una huida generalizada de deuda?

El Tesoro Público, en sus informes mensuales, ofrece información sobre quién tiene la deuda de la Administración General del Estado, distribuida en diez grupos de tenedores. Entre ellos se encuentran la banca española –que históricamente siempre ha mantenido deuda pública en cartera–, el Banco de España –que la gestiona en nombre del BCE–, las entidades aseguradoras, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, otras instituciones no financieras, las empresas, los particulares, las Administraciones Públicas y los no residentes, que, como veremos, son los mayores poseedores de deuda española en la actualidad.

Pues bien, con los datos acumulados hasta agosto de 2025, siete de esos diez grupos se encuentran en negativo, es decir, han reducido su exposición. Solo tres tienen más deuda que a finales de 2024.

La deuda de la Administración General del Estado ha aumentado en los ocho primeros meses del año en 55.814 millones, lo que supone un crecimiento del 4 %. Entre los grupos que aumentan destaca la banca española, con un incremento del 6,4 % equivalente a 12.246 millones, superando por segunda vez en lo que va de siglo los 200.000 millones.

En 2014 –en plena crisis financiera– llegó a acumular 224.455 millones, el 29 % del total, en un contexto de rescates bancarios y ausencia de compras netas por parte del BCE, que apenas tenía 29.397 millones de deuda española en balance. Aquella situación obligó a la banca sana a asumir un mayor peso de deuda pública, en detrimento del crédito a empresas y familias. ¿Está hoy la banca española presionada por Economía para aumentar su riesgo país?

El segundo sector en negro son las Administraciones Públicas, con un incremento del 11 % y 3.261 millones adicionales. Pero el avance más relevante es el de los no residentes, que alcanzan 689.054 millones tras crecer un 13,1 %, es decir, 79.648 millones más. Las mejoras de rating crediticio registradas tras agosto parecen estar influenciadas por esta dinámica y por el relato de fortaleza económica que transmite el Gobierno. Sin embargo, si los inversores internacionales concluyen que las cifras están «tezanizadas», el movimiento podría invertirse con la misma velocidad con la que han llegado.

El resto de tenedores reduce riesgo por valor de 39.341 millones. El Banco de España –en nombre del BCE– ha dejado vencer 30.818 millones y, si mantiene el ritmo, superará los 40.000 millones de retirada en el año. Conviene recordar que esa deuda, mientras permanecía en manos del instituto emisor, no generaba costes financieros; hoy el Estado ya está pagando intereses cercanos al 3,2 %. A pesar de ese ajuste, el Banco de España sigue siendo el mayor poseedor individual con unos 345.000 millones, el 24 % del total, por lo que tardará años en dejar de ser un tenedor predominante.

Las aseguradoras han reducido exposición en 1.126 millones; los fondos de pensiones y los de inversión, en 931 millones; otras instituciones financieras, en 390 millones; las empresas, en 1.018 millones; y los particulares se deshacen de 5.058 millones, lo que representa una caída del 17,9 % en su posición.

Está claro que hay tres factores que influyen en estas bajadas: necesidad de liquidez –caso de empresas y particulares–, la falta de confianza –caso de los fondos de inversión y de pensiones– y posiblemente, dado que también las bolsas siguen en ascenso, se haya derivado a la renta variable una parte de este dinero.

En cualquier caso, está claro es que la deuda española ya no es tan atractiva. Tanto el FMI como JP Morgan ya advirtieron que la renta variable seguiría drenando liquidez del mercado y que los países con mayores niveles de endeudamiento tendrían que pagar crecientes sobrecostes para financiarse. España ya lo nota y hoy paga un 0,3 % más que hace un año.