La ministra de Universidades, Ciencia e Innovación, Diana Morant y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Las comunidades, «preocupadas e indignadas» por la financiación de la ley de universidades
La mayoría de las comunidades autónomas han acogido con temor el plan del Gobierno de España para financiar la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reunieron el viernes pasado con la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para trasladarles la decisión de sufragar parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.
Sin embargo, las administraciones autonómicas reciben este anuncio con preocupación e indignación, ya que creen que supondrá un sobrecoste para todas las universidades españolas que tendrá que ser asumido por las diferentes regiones.
Han sido en su mayoría las comunidades gobernadas por el Partido Popular las que han alzado la voz contra los planes de Universidades, además de por el hecho de que estos no han sido comunicados directamente, sino que en su mayoría se han enterado por la prensa.
El Gobierno de Aragón ha reiterado su «indignación» y ha recordado que «siguen existiendo discrepancias», no sólo con las CC.AA., sino también con las universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctores necesarios, así como el modelo para financiar los mismos.
Desde Andalucía, su consejero de Universidad, Investigación e Innovación ha rechazado el plan de financiación estatal y ha reiterado que «el Gobierno debe asumir en su totalidad los costes íntegros derivados de la implementación de esta normativa estatal y no hacerlos recaer en las comunidades». Además, ha subrayado haberse enterado por la prensa y ha «exigido» al Gobierno central que convoque «urgentemente» una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación «justo, proporcional y posible».
En Murcia, su ejecutivo se ha manifestado «preocupado» por la falta de consenso y ha asegurado que Sánchez y Morant han tomado esa decisión «de forma unilateral y totalmente al margen de las comunidades autónomas. »La mayoría de las comunidades rechazamos el anuncio realizado por el Gobierno y mostramos nuestra disconformidad, una vez más, por la forma de actuar debido al compromiso económico que significa para las comunidades autónomas esta aplicación de medidas unilaterales adoptadas sin previo consenso", ha manifestado Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
El Govern balear ha expresado su indignación debido a que la decisión final acerca de la LOSU «se ha sabido por la prensa, sin notificación a las comunidades autónomas, que la propuesta realizada ha sido rechazada y que el Estado solo financiará dos terceras partes de las plazas de profesor ayudante doctor necesaria para cumplir con las exigencias de la ley», ha recalcado la Conselleria de Educación. Al igual que las demás regiones, creen que conllevaría un sobrecoste para las autonomías que «no ha sido calculado».
Desde Cantabria también lo ven desequilibrado ya que creen que el Ministerio «se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los profesores ayudantes doctores, un contrato temporal de seis años y, además, da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas», ha señalado Sergio Silva, consejero cántabro de Educación.
Misma opinión que expresan desde Castilla y León, donde la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha mostrado su rechazo a los planes del Gobierno para financiar la LOSU. «Según la información publicada, pues nada ha comunicado oficialmente el Ministerio, sufragarían el coste durante los seis años que dura el contrato y da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas».
Morant acusa al PP
Mientras tanto, la ministra de Universidades, Diana Morant, se ha dedicado a acusar este martes a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de «seguir maltratando» al sistema universitario al «negarse» a aplicar la última ley universitaria.
En una nota ministerial y en un hilo de X, Morant responde así a las críticas vertidas por comunidades populares tras conocer el plan del Gobierno de contratar a 3.200 profesores universitarios para poder cumplir las disposiciones laborales de la LOSU.
A juicio de la ministra, los gobiernos regionales del PP «se niegan a acabar con los recortes, la precariedad e infrafinanciación del sistema universitario y rechazan aplicar la LOSU. Creen boicotear al Gobierno, pero lo que hacen es seguir maltratando a las universidades públicas».
Recuerda que el sistema universitario ha atravesado una década de recortes que «ha llevado a una temporalidad del profesorado que hoy alcanza el 48 %»; «las CC.AA. son las que tienen las competencias en política universitaria y disponen de recursos para financiar la aplicación de la LOSU».
En la nota ministerial, Morant explica que «las CC.AA. deben cumplir con su responsabilidad y sufragar las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan cada una de sus universidades» y ha indicado que en este esfuerzo «van a contar con el Gobierno de España, ya que para apoyar la transformación del modelo del profesorado establecido en la LOSU, el Gobierno va a financiar 3.400 plazas».
«El Ministerio habla de cubrir las plazas refiriéndose únicamente a costear el contrato, dando por hecho que la estabilización correrá a cargo de las comunidades», ha señalado.
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